El poderío económico de Cataluña está en entredicho. El impacto de la Gran Recesión y el desafío político del "proceso independentista" han dejado como resultado la salida de 8.552 empresas que han optado por trasladar su sede social a otras comunidades autónomas del Reino de España.
En 2008, coincidiendo con el estallido de la Gran Recesión, el Registro Mercantil recogió 816 salidas de empresas. Un año después, en 2009, la cifra de sociedades que salieron de Cataluña llegó a las 957. En 2010, los traslados llegaban a 793, mientras que en 2011 se dieron 718 movimientos de este corte.
A partir de 2012, los empresarios catalanes siguieron lidiando con el difícil contexto macroeconómico que enfrentaba España, pero también se encontraron con el riesgo político generado por el denominado "proceso independentista". La agenda separatista del gobierno catalán, iniciada por Artur Mas y continuada por Carles Puigdemont, ha contribuido a apuntalar los traslados empresariales a otras regiones.
Así, en 2012 hubo 854 salidas a otras comunidades autónomas, mientras que en 2013 se registraron 809 traslados. En 2014, coincidiendo con la consulta ilegal que organizó la Generalidad, el Registro Mercantil reflejó 940 movimientos de compañías que sacaron su sede social de Cataluña, con rumbo a otras regiones.
En 2015, el patrón se mantuvo y hubo 739 empresarios catalanes que abogaron por cambiar su sede y ubicarla en otras comunidades autónomas. Un año después, en 2016, el Registro anotó unos 802 traslados. Y, en lo que va de 2017, los datos provisionales apuntan a un mínimo de 1.124 movimientos entre el 1 de enero y el 15 de octubre.
En concreto, según los últimos datos facilitados por el Colegio de Registradores, desde el 2 de octubre hasta el pasado miércoles, al menos 900 empresas han trasladado su sede social de Cataluña a otros puntos de España. Es decir, en apenas 15 días, han salido tantas empresas como en algunos de los peores años de la crisis.
Si se toma como referencia la media anual, las cifras de la última década arrojan un patrón de 73 traslados por mes. Sin embargo, los números provisionales para enero-octubre de 2017 elevan esta cifra hasta las 112 deslocalizaciones mensuales. Estamos, por tanto, ante un repunte del 54% que confirma el fuerte repunte del riesgo político en la economía catalana.