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Proveedores de empresas catalanas han empezado a exigir cobrar al contado

Estos proveedores ponen en serios problemas de tesorería a empresas acostumbradas a plazos más dilatados y están provocando cambios de sede.

Estos proveedores ponen en serios problemas de tesorería a empresas acostumbradas a plazos más dilatados y están provocando cambios de sede.
Imagen de la nueva sede del Sabadell en Alicante | EFE

La incertidumbre en Cataluña provoca que las empresas catalanas vuelvan a tener problemas financieros. Un ejemplo de elloes que proveedores de empresas catalanas han empezado a exigirles pago al contado de sus servicios o productos para evitar inseguridades de cobro futuras, según informa este martes El Mundo.

Fuentes gubernamentales aseguran al diario de Unidad Editorial que, cuando el presidente Rajoy anunció el sábado que ya ha empezado "un grave problema de contracción de crédito", se refería a que la banca catalana se ha encontrado con la necesidad de acudir más de lo normal al BCE y que los proveedores se niegan a cobrar con la paciencia que sí mantienen con otras autonomías.

Según esta versión, al exigir el pago el contado, estos proveedores ponen en serios problemas de tesorería a empresas acostumbradas a plazos más dilatados y es uno de los incentivos que están provocando cambios de sede social y fiscal. También apuntan que hay indicadores adelantados de que las empresas catalanas están posponiendo decisiones de inversión y que se ha reducido su cartera de pedidos.

El Mundo cuenta que en Moncloa no dan más detalles sobre CaixaBank y Sabadell, que son claves para la financiación de las empresas catalanas, pero, según un informe de Goldman Sachs, tuvieron ellos mismos que recurrir a financiación en los días más duros tras el 1-O, llegando a pedir 17.500 millones que después pudieron devolver.

Mientras, continúa la fuga de empresas de la región: el número de traslados asciende ya a 1.302 desde el 1-O, según datos oficiales correspondientes al pasado viernes. En ese día salieron otras 117 empresas, pese a que el Gobierno ya había anunciado un Consejo de Ministros para activar el artículo 155 de la Constitución.

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