El pasado fin de semana, Islandia celebró elecciones generales anticipadas. Los ciudadanos de la antigua provincia danesa ya acudieron a las urnas en 2016, pero la fragmentación parlamentaria impidió la formación de una coalición estable de gobierno.
Hasta este verano, el Ejecutivo dependía de un acuerdo entre tres formaciones de centro-derecha: los liberal-conservadores del Partido de la Independencia, los liberales del Partido Reformista y los liberal-progresistas de la agrupación Futuro Brillante. La alianza saltó por los aires en septiembre, dando pie a las elecciones celebradas el sábado 28 de octubre.
El Partido de la Independencia ha logrado el 25,2% de los votos, lo que se ha traducido en un retroceso de cinco escaños. Sus antiguos socios del Partido Reformista han alcanzado un 6,7% de los sufragios, tres representantes menos que en 2016. Pero el principal golpe se lo lleva Futuro Brillante, que se queda fuera del Parlamento tras recibir apenas el 1,2% de las papeletas y no renovó ninguno de sus cuatro diputados. De modo que los socios de coalición salen golpeados, pero el castigo es especialmente duro con los liberal-progresistas, que precisamente son quienes optaron por dinamitar el pacto de gobierno.
Mientras tanto, por el flanco de la izquierda, los comicios se saldan con un claro avance de las principales formaciones socialistas y socialdemócratas. También irrumpe con fuerza el Partido Centrista, una agrupación euroescéptica, mientras que el Partido Pirata sigue perdiendo fuelle y encadena ya varias decepciones electorales.
El mito del "no rescate"
La crisis financiera golpeó duramente a la economía insular: los tres principales bancos del país quebraron a finales de 2008, con un volumen de pasivos nueve veces más grande que el PIB nacional. Desde entonces, la izquierda radical europea ha popularizado el mito de que Islandia "no rescató los bancos". Sin embargo, la realidad es más compleja.
De entrada, el Ejecutivo optó por nacionalizar los bancos quebrados, de modo que los activos pasaron a manos del Estado islandés. A continuación, se crearon tres nuevos bancos, a los que se transfirieron los activos y pasivos locales de Islandia. En paralelo, los antiguos bancos retenían en su balance los activos ligados a los acreedores extranjeros.
Como es lógico, la nueva operativa de unas y otras sociedades financieras arrancaba sin fondos propios, de modo que el gobierno islandés procedió a inyectarles capital por un monto cercano al 20% del PIB. Por comparación, el Banco de España estima que los "rescates" aprobados en nuestro país tuvieron un coste de 56.865 millones de euros, cifra cercana al 6% del PIB. De modo que por cada 1 euro inyectado a la banca española se aportaron 3,3 euros a la banca islandesa.
Notable libertad económica, pese a impuestos y "rescates"
Está por ver qué escenario de gobierno arrojarán las elecciones del pasado 28 de octubre. En clave económica, Islandia ocupa el puesto 22 en el Índice de Libertad Económica que difunden en España la Fundación Heritage y Foro Regulación Inteligente. El informe destaca negativamente el elevado peso del gasto y los impuestos, así como el precario escenario financiero que sigue enfrentando el país.
A cambio, el estudio aplaude la solidez de los derechos de propiedad, la ausencia de corrupción, la eficiencia judicial, la facilidad para hacer negocios, la flexibilidad laboral, la estabilidad monetaria, la apertura comercial y la libertad para invertir. Factores positivos en los que la coalición de gobierno pretendía ahondar, hasta las elecciones anticipadas celebradas este fin de semana.