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Dos denuncias ciudadanas destaparon el desvío de fondos para financiar la "República de Cataluña"

La investigación sigue su curso en los juzgados de Barcelona. 

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Denuncias ciudadanas airean las trampas del gobierno destituido catalán | EFE

¿Cómo se han financiado las estructuras paralelas con las que la Generalidad pretendía dar validez a su golpe de Estado? Esa es la pregunta que se hacen millones de españoles y que está investigando la Justicia tras lo ocurrido en las últimas semanas. Libre Mercado ya ha arrojado luz sobre esta cuestión en diversas ocasiones.

Así, el pasado 21 de septiembre, este diario certificó que el nivel de gasto del gobierno catalán entre enero y junio de 2017 triplicó lo permitido por la Regla de Gasto, lo que permitió crear un "colchón" de financiación valorado en 755 millones de euros. Algunas semanas después, el 26 de octubre, Libre Mercado apuntó que el control de gastos de la Generalidad ha permitido certificar que el Ejecutivo catalán gasta mensualmente 660 millones por encima de lo estrictamente necesario.

Pues bien, el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ha seguido "tirando del hilo" y ha detectado de dónde han salido los gastos que han permitido financiar algunos de los hitos del "procés" independentista, como fueron el "referéndum" ilegal del 1 de octubre o la creación de la llamada "Hacienda catalana".

El Departamento de Trabajo, vector clave

Al parecer, según ha descubierto la instrucción judicial, parte de los fondos que financiaron dichas actuaciones salieron del presupuesto del Departamento de Trabajo, Familia y Asuntos Sociales. De modo que, en vez de cumplir con los desembolsos anunciados en estos campos, el Ejecutivo de Puigdemont y Junqueras habría empleado estos fondos para pagar su desafío independentista.

De especial valor para la investigación ha sido un correo anónimo enviado a la Policía Nacional a finales del pasado mes de julio. El denunciante precisó entonces que los fondos para las actividades separatistas fueron canalizados a través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), un ente público ligado al gobierno regional. Según la hipótesis que maneja el juzgado, el CTTI estaba intentando levantar la estructura digital de una hipotética "Hacienda catalana".

En la misma línea iba una segunda denuncia remitida a la Policía Nacional. Esta vez, se alertó a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de que la Agencia de Protección Social estaba desarrollando aplicaciones informáticas orientadas a coordinar los datos del "referéndum" ilegal del 1 de octubre.

A raíz de estas dos comunicaciones ciudadanas, la Justicia ha seguido "tirando del hilo" y ha podido detectar numerosos desvíos de fondos presupuestarios que, en vez de consignarse a lo anunciado, han terminado financiando las estructuras del independentismo. En todos los casos, el rol del Departamento de Trabajo, Familia y Asuntos Sociales parece clave. Su número uno hasta la aplicación del artículo 155, Dolors Bassa, está hoy en prisión provisional por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Más noticias sobre el desafío separatista en Cataluña en Flipboard

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