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La renta mínima dispararía el déficit y desincentivaría la búsqueda de trabajo

La AIReF calcula que el coste de aplicar una renta mínima de 426 euros rondaría los15.000 millones de euros al año.

LM/Agencias
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La renta mínima podría costar hasta 17.000 millones al año | EP

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que el coste fiscal de aplicar una renta mínima de 426 euros sería "relevante", del entorno de los 13.000 o 15.000 millones de euros, y ha advertido de que haría que el déficit público se situara por encima del 3 % del PIB.

El presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, comparece este martes en la Comisión de Empleo del Congreso para evaluar la proposición de ley que se está elaborando sobre una prestación de ingresos mínimos para personas sin empleo, y que -en su opinión- se trata de una iniciativa "compleja" e "híbrida", ya que combina conceptos de renta básica con otros vinculados a un impuesto negativo.

Escrivá ha señalado que según está diseñada esta prestación, los posibles beneficiarios serían entre 1,9 y 2,2 millones de personas y el coste fiscal rondaría entre los 6.000 millones y los 13.000 millones de euros, aunque ascendería hasta los 15.000 millones cuando se añade el complemento adicional por cargas familiares. Por lo tanto, ha señalado que el déficit se desbordaría entre medio punto y un punto y medio del PIB, lo que "nos llevaría fuera del 3 % y nos sacaría fuera de la senda de consolidación".

Además ha incidido en que la gestión de esta renta debería corresponder a los ayuntamientos, siempre y cuando exista una verdadera transferencia de competencias para su financiación y una "corresponsabilidad fiscal". "Hay determinadas prestaciones que por su naturaleza, cuanto más cerca estén al ciudadano, se gestionan mejor, sobre todo cuando es una renta mínima, que se plantea para mitigar problemas de pobreza grande", ha puntualizado, al tiempo que ha dicho que también debe haber un equilibrio de las competencias con los niveles de cada administración.

Asimismo, Escrivá ha reiterado que para poner en marcha una renta mínima hay que hacer un análisis integral y ver la evidencia internacional, que tiene en cuenta que la tendencia es condicionar estas ayudas, limitar su duración y simplificar su acceso, además de hacer un seguimiento continuo en estos programas.

Desincentiva el trabajo

Por su parte, el subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), José Ignacio Conde-Ruiz, ha considerado que la implantación de una prestación de ingresos mínimos podría llegar a desincentivar el trabajo. En su comparecencia ante la Comisión de Empleo del Congreso, ha asegurado compartir el objetivo de la renta mínima, pero ha dicho que la proposición de ley que la regula tiene fallos de diseño, entre ellos, que supone "un impuesto al trabajo altísimo".

Frente a ello, ha propuesto sanciones para los beneficiarios que no acepten ofertas de empleo o permitir seguir cobrando parte de la prestación durante un tiempo limitado cuando el trabajo no supere un determinado nivel salarial.

La iniciativa legal, impulsada por los sindicatos, regula la puesta en marcha de una prestación de 426 euros mensuales para la población activa de entre 18 y 65 años que no tenga derecho a otra prestación y que lleven más de un año inscritas en el paro. En opinión de Conde-Ruiz, habría que restringir los potenciales beneficiarios a quienes lleven más de dos años en paro o hayan trabajado antes, en aras de limitar una conversión ficticia de inactivos en activos al único objeto de cobrar la prestación.

Según sus cálculos, el diseño actual de la renta mínima podría elevar su coste hasta los 17.000 millones de euros anuales, lo que piensa que es excesivo para un país que todavía no ha solucionado su crisis fiscal y que aún tiene una deuda pública muy elevada, además de otras prioridades de gasto como la educación y la sanidad.

Además, ha planteado un tercer inconveniente de la proposición de ley, que es la descoordinación con las comunidades autónomas, ya que todas ellas tienen rentas mínimas de inserción que con diferentes nombres y cuantías persiguen el mismo fin. Conde-Ruiz ha asegurado que el texto legal no deja claro si las prestaciones del Estado central y las autonómicas son compatibles, y ha propuesto involucrar a las comunidades en el desarrollo de la ley, así como en su gestión y en su coste.

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