Desde hace quince años, el Banco Mundial publica el informe Doing Business, un trabajo que mide la facilidad para hacer negocios en las distintas economías del mundo. La edición de 2018 acaba de salir a la luz y, de acuerdo con los autores del estudio, España ha entrado en el selecto grupo de los treinta países del que más facilidades da a los emprendedores.
Las posiciones de cabeza son para Nueva Zelanda, Singapur, Dinamarca, Corea del Sur, Hong Kong, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Georgia y Suecia. A continuación, nos topamos como Macedonia, Estonia, Finlandia, Australia, Taiwán, Lituania, Irlanda, Canadá, Letonia y Alemania. Son los veinte primeros clasificados del índice.
¿Y qué hay de nuestro país? España ha logrado una calificación de 77,02 puntos sobre 100, suficiente para colarse en el puesto 28 de la tabla. Estamos por detrás de Polonia, que ocupa el puesto 27 y recibe una calificación de 77,30, y por delante de Portugal, que aparece en el número 29 y obtiene una nota de 76,84 puntos.
Relativamente cerca de nuestro país aparecen economías como Francia (puesto 31, nota 76,13), Países Bajos (puesto 32, nota 76,03), Suiza (puesto 33, nota 75,92), Japón (puesto 34, nota 75,68) o Rusia (puesto 35, nota 75,50). Más bajo es el resultado cosechado por Italia (puesto 46, nota 72,70), Bélgica (puesto 52, nota 71,69), Luxemburgo (puesto 63, nota 69,01) o Grecia (puesto 67, nota 68,02).
La nota de España, punto por punto
La primera categoría que mide el informe no nos deja muy bien parados. España ocupa el puesto 86 en el subíndice dedicado a las facilidades para abrir un negocio. Para completar el papeleo requerido, son necesarios 7 procedimientos y 13 días de espera. Además, hace falta desembolsar un coste equivalente al 4,8% del ingreso per cápita, así como un capital mínimo que asciende al 12,5% de dicho indicador.
El segundo pilar nos deja aún peor. España está en el puesto 123 en lo referido a la facilidad para obtener licencias de obra. Son necesarios 15 permisos y 208 días de espera para completar todos los requisitos. Además, España solo recibe 11 puntos sobre 15 en el indicador que mide la calidad de los procesos de construcción. Si todo lo anterior ya debería resultar preocupante en cualquier país, más aún en el caso de España, donde el sector de la construcción viene de sufrir un enorme ajuste. Algo mejor es el resultado cosechado en el tercer ámbito evaluado: el acceso a la electricidad. Se requieren cinco procedimientos, pero la espera se demora durante 95 días y el coste de una instalación nueva pueda llegar al 100% de la renta per cápita.
En cuarto lugar, nos topamos con el registro de la propiedad. España ocupa el puesto 53 de este subíndice. Requerimos 5 procedimientos, 12,5 días de espera y un coste equivalente al 6,1% del valor de la propiedad. La calidad de la protección de la propiedad no es óptima: apenas recibe 22,5 puntos sobre 30. A continuación, hay un quinto factor considerado: el acceso a crédito. El marco legal vigente apenas recibe 5 puntos de 12 y, considerando otras métricas, España queda relegada al número 68 de la tabla.
El sexto aspecto considerado por los técnicos del Banco Mundial es la facilidad para pagar impuestos. España aún requiere nueve pagos distintos a las empresas, lo que resta el equivalente a 152 horas de trabajo y, sumando impuestos, retenciones y cotizaciones, supone el 46,9% del beneficio empresarial.
Donde España brilla con luz propia es en el indicador referido a la facilidad para el comercio internacional. El boom de los últimos años ha ayudado a simplificar procesos y normativas. Hoy, España es el país en el que resulta más sencillo completar los trámites necesarios para importar o exportar. Recibimos 100 puntos sobre 100, la mejor nota de todo el trabajo.
El estudio también considera la facilidad para cumplir los contratos. España aparece en el puesto 26, con una nota de apenas 69,97 sobre 100, que se traduce en que el tiempo medio de espera para resolver litigios mercantiles asciende a 510 días. El coste de tramitar el juicio asciende al 17,2% del monto total reclamado. Además, la calidad de los procedimientos judiciales deja mucho que desear: solo 11 puntos sobre 18.
Finalmente, el Banco Mundial estudia las leyes de insolvencia, vitales para dejar atrás aquellos proyectos empresariales que no tengan futuro y evitar que las quiebras se alarguen demasiado, tanto para el empresario como para sus acreedores. En España, la insolvencia promedio requiere 1,5 años de trámites y supone un desembolso en gastos judiciales equivalente al 11% del monto reclamado. La tasa de recuperación es del 76,6% y la fortaleza de los mecanismos legales en vigor recibe una nota de 12 sobre 16.