El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, firmó la semana pasada una instrucción en la que aclara las directrices que debe seguir la Secretaría de Administración y Función Pública de la Generalidad respecto a los empleados públicos y altos cargos cesados tras la activación del artículo 155 de la Constitución.
Entre otras cuestiones, el Ejecutivo señala que si Carles Puigdemont quiere cobrar el sueldo que le corresponde como expresidente autonómico deberá enviar una solicitud a la Secretaría General de Presidencia de la Generalidad, que, a su vez, deberá comunicarlo con diez días de antelación a Montoro, que, finalmente, será quien autorice o no dicho cobro. Esta cuestión no está exenta de polémica, ya que, tal y como informa El Periódico, si Puigdemont pide oficialmente la citada indemnización supondría que acata de facto su cese y, por tanto, los efectos derivados de la aplicación del 155, aunque se defina como "presidente legítimo" de Cataluña.
De ahí, precisamente, que sea poco probable que lleve a cabo este trámite, al menos hasta que se hayan celebrado las elecciones catalanas del 21-D y se haya formado un nuevo gobierno regional. Por otro lado, Hacienda solicita a la Generalidad el listado detallado de altos cargos, directivos y asesores cesados a raíz del 155. En concreto, ordena que la Dirección General de Presupuestos de la Generalidad remita en el plazo de 10 días hábiles al Ministerio "la relación del personal afectado" por los ceses y su finiquito.
Asimismo, en una segunda instrucción, Hacienda pide que se detallen los servicios a los que tenían acceso los empleados cesados para que sean dados de baja, ordenando así "el cierre de las cuentas oficiales corporativas de Instagram y de Twitter y cualquier otra red social del Presidente de la Generalitat y de los miembros de su Gobierno cesados y del resto de autoridades y órganos afectados por los ceses y supresiones acordadas". Igualmente, se hace referencia a tarjetas de crédito, direcciones de correo electrónico, telefonía móvil, equipos portátiles y tabletas, lineas de voz y de datos domiciliarios, tarjetas de acceso y coche o residencia oficial. También pide a la Generalidad que informe de las medidas adoptadas para evitar ninguna idemnización o dieta a estos empleados tras su cese.
Por último, Hacienda solicita a la Secretaría de Administración y Función Pública que, también en el plazo de diez días hábiles, informe sobre la situación patrimonial y el proceso de supresión y liquidación de algunas de las estructuras independentistas, como el Consejo Asesor para la Transición Nacional y Diplocat, o la Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña que fue creada por la Generalidad el pasado 2 de octubre para investigar la actuación policial durante el referéndum ilegal.