El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha ratificado el compromiso de la compañía de cerrar sus centrales de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia) durante la reunión que ha mantenido este jueves en Madrid con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, y los presidentes de las comunidades autónomas de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y Asturias, Javier Fernández.
Galán ha destacado su compromiso con el medio ambiente, el desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático y ha defendido la "coherencia" de la iniciativa de Iberdrola de completar el proceso de clausura de todas sus centrales de carbón en el mundo, ya que esta fuente de energía solo representa, actualmente, el 1,8% de la capacidad total del grupo, que asciende a casi 48.100 megavatios (MW).
Asimismo, el presidente de la compañía ha asegurado que el cierre de ambas centrales no afectará ni a la seguridad del suministro eléctrico ni al precio de la energía, al ser su producción inferior al 1% del total nacional de España. Además, ha afirmado que tampoco provocará un impacto en el empleo, ya que Iberdrola recolocará al 100% de la plantilla.
Galán ha defendido que la clausura de esas centrales producirá "claros beneficios medioambientales en núcleos urbanos densamente poblados". En esta línea, ha recordado que Iberdrola ha solicitado recientemente a la Comisión y el Parlamento Europeo que aprueben unos objetivos medioambientales "más ambiciosos" para el año 2030, a través del aumento de la cuota de energías renovables hasta el 35%, frente al 27% actual.
El presidente de la eléctrica ha asegurado que Iberdrola está "plenamente alineada con el objetivo fijado en el Acuerdo de París" y que ha tenido "un papel muy activo en las Cumbres del Clima de París (COP 21), Marraketch (COP 22) y Bonn (COP 23)". La reunión se ha celebrado en la sede del Ministerio para abordar la petición de la compañía de cerrar las centrales térmicas de carbón el pasado 10 de noviembre.
La respuesta de Nadal
Por su parte, el ministro de Energía ha acusado a Iberdrola de "falta de flexibilidad y de alternativas"para dar con una solución que permita la venta de sus centrales térmicas de Lada y Velilla y ha reafirmado su intención de seguir adelante con el real decreto para endurecer los motivos para cerrar centrales.
En rueda de prensa conjunta con los presidentes autonómicos de Castilla y León y Asturias, Nadal subrayó que el único compromiso de la energética ha sido el de que estas dos centrales seguirán operando hasta 2020. "No ha habido ninguna alternativa realista de venta de las centrales a otro operador", dijo.
Asimismo, Nadal defendió que estas dos centrales de carbón sigan abiertas, ya que si no fuera así la factura de la luz de las familias españolas se elevaría en 2,5 euros anuales. "Cerrarlas supone pagar 2,5 euros más de recibo de la electricidad", añadió el ministro basándose en los cálculos de una simulación de Euphemia, el algoritmo común para toda Europa que se encarga de gestionar la formación de precios para la electricidad mayorista. Además, reafirmó que existe "un interés general claro" en mantener estas centrales abiertas, ya que si no fuera así supondría "peores precios, costes mayores para el consumidor, la industria y un efecto sobre la economía local".
Nadal indicó que el presidente de Iberdrola ratificó en la reunión que su decisión es "eliminar de su mix el carbón", decisión que considera que sí que puede ser tomada por la empresa, aunque mostró su extrañeza por el hecho de que no amplíe también esa política al gas, pero aseguró que "otra cosa" es cerrar unas centrales "que tienen rentabilidad y tienen todo el sentido del mundo desde el punto de vista económico".
Así, acusó a la compañía de no haber sido capaz de explicar, si su deseo es eliminar las plantas de carbón de su balance,"por qué no quiere vender"."No ha habido ningún compromiso por parte de la empresa", dijo Nadal, quien aseguró que a Iberdrola no le ha parecido adecuado partir de un precio de venta de la central cerrada, "achatarrada, sin el plan social y los costes medioambientales del cierre", que la empresa ha valorado en 35 millones, añadió.
Por ello, el ministro insistió en que estas centrales "ayudan mucho a sostener el precio de la electricidad y tienen viabilidad", por lo que abogó para que se puedan vender a terceros a través de un proceso que podría ser "muy competitivo". De esta manera, advirtió que se seguirá adelante con la tramitación del real decreto "tal y como está", e incluso añadió que le gustaría poder desarrollar una legislación "más amplia, con rango de Ley".