La Comisión del Pacto de Toledo sigue negociando las posibles medidas a adoptar para reforzar el sistema público de pensiones a corto y medio plazo. Y, por el momento, si bien no existe todavía ningún borrador de acuerdo al respecto, los grandes partidos coinciden en la necesidad de aumentar todavía más los impuestos para pagar las pensiones.
Gerardo Camps, diputado y portavoz del Partido Popular en el Pacto de Toledo, señala a El Mundo que "si las cotizaciones no son suficientes por el aumento de los pensionistas y la estructura demográfica, hay que completar los ingresos y se puede hacer vía impuestos. Se puede, por ejemplo, destinar parte de los ingresos impositivos que tiene el país o también crear un impuesto propio como se hizo en Francia".
Según Camps, el citado impuesto tendría, en principio, carácter temporal, hasta que se solucione la situación de déficit e insuficiencia de ingresos que sufre la Seguridad Social. Sin embargo, el declive demográfico amenaza con prolongar el déficit estructural del sistema, de modo que ese tributo temporal tiene muchas posibilidades de convertirse en indefinido.
La novedad radica en que el PSOE ya propuso algo similar el pasado año. Jordi Sevilla, exministro socialista y exasesor de Pedro Sánchez, avanzó entonces la necesidad de aprobar una subida generalizada de impuestos a todos o casi todos los contribuyentes, a imagen y semejanza del modelo francés. El "recargo solidario" del PSOE funcionaría de forma muy similar a la "Contribución Social Generalizada" del país galo, cuya recaudación asciende a 90.000 millones de euros cada año.
Dicho recargo, de entre el 5% y el 10%, es sufragado por todo tipo de asalariados, incluidos pensionistas y desempleados, afectando tanto a rentas del trabajo como plusvalías, rentas del capital y hasta prestaciones. En caso de trasladarse a España, el palo fiscal podría ascender a 40.000 millones de euros.
Hasta el momento, el PP defendía que las pensiones de viudedad y orfandad pasaran a financiarse mediante impuestos a través de los Presupuestos Generales del Estado en vez de con cotizaciones sociales, como sucede actualmente, convirtiéndose así en prestaciones no contributivas. El coste de estas pensiones ronda los 25.000 millones de euros al año y su financiación, por tanto, también supondría un sablazo fiscal por dicha cuantía.
El hecho de que el Gobierno abra ahora la puerta a aplicar un impuesto extra parecido al de Francia, en línea con lo que defiende el PSOE, avanza la construcción de un amplio consenso político para disparar la fiscalidad al conjunto de los españoles para tratar de mantener el modelo de reparto en pie en lugar de apostar por su reforma. Podemos está en la misma línea e incluso los nacionalistas catalanes del PdeCAT proponen incrementar el IVA para sufragar las pensiones.
Otro parche muy costoso
Pero elevar la tributación no solventará el problema, ya que el sistema sigue siendo insostenible financieramente a largo plazo, de modo que supondría, simplemente, un nuevo y costoso parche para alargar algunos años extra la vigencia del actual sistema de reparto.
No en vano, en los últimos 30 años, se ha pasado de un sistema que exigía 10 años cotizados a 37 para cobrar el 100% de la pensión; que sólo tenía en cuenta los 2 últimos años cotizados para calcular el importe de la pensión a 25; en el que la edad legal de jubilación ha subido de 65 a 67; y en donde una parte creciente de sus gastos (Sanidad, pensiones no contributivas, complementos a mínimos, etc.) se ha ido financiando vía impuestos en lugar de cotizaciones.
Tanto el PP como el resto de partidos siguen apostando por el mismo esquema de fraude piramidal. Todos los políticos coinciden, en mayor o menor medida, en recortar las futuras prestaciones y elevar los impuestos (vía cotizaciones o vía Presupuestos) para mantener un modelo que, por desgracia, condenará a los futuros jubilados a pensiones más bajas en relación con la renta media (o el nivel de vida) que registrará el resto de la sociedad, debido, básicamente, al declive demográfico que sufre España. Y los más perjudicados serán, sin duda, los trabajadores con rentas bajas, con menor capacidad de ahorro para poder complementar sus futuras prestaciones públicas.