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El banco Nordea abandona Suecia y Spotify se plantea seguir sus pasos

El Ejecutivo socialdemócrata quiere evitar la fuga de empresas con menos impuestos, pero viene de aplicar una dura tasa contra las aerolíneas.

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Nordea | Wikimedia Commons

El economista sueco Fredrik Reinfeldt logró una auténtica proeza entre los años 2006 y 2014. Por primera vez desde la última década del siglo XIX, un candidato no vinculado al Partido Socialdemócrata logró encadenar más de una legislatura al frente del gobierno del país escandinavo. Su coalición, la Alianza por Suecia, revitalizó al centro-derecha en virtud de un programa de reformas impregnado de pragmatismo liberal.

Aunque Reinfeldt intentó lograr una tercera reelección en los comicios de 2014, el todopoderoso Partido Socialdemócrata consiguió derrotarle y recuperó el poder de la mano del líder sindical Stefan Löfven. El centro-derecha intentó articular su nuevo proyecto político en torno a la figura de Anna Kinberg Batra, cuyo liderazgo no llegó a coger vuelo, motivando su dimisión el pasado mes de agosto. Ahora, los cuatro partidos agrupados en la Alianza por Suecia enfrentan un preocupante vacío de poder de cara a las Elecciones Generales de 2018.

Quizá el mejor argumento para el regreso del centro-derecha al gobierno es el creciente desencuentro entre el gobierno de Löfven y el sector privado. Hace escasas semanas, uno de los bancos más importantes del país, Nordea, anunció que dejaba su sede en Estocolmo y pasaba a operar en Finlandia, bajo la supervisión del Banco Central Europeo. Según Nordea, seguir lidiando con la sobrerregulación financiera vigente en Suecia habría implicado un sobrecoste de 1.000 millones de euros.

El adiós de Nordea no es un caso aislado. Los co-fundadores de Spotify, Daniel Ek y Martin Lorentzon, también han señalado que el gigante del streaming musical está pensando en salir de Suecia por factores como los excesivos impuestos. "Nos están obligando a pensar en alternativas. Si no podemos seguir creciendo aquí, tendremos que hacerlo en otros países", denuncian.

Medidas descafeinadas del gobierno sueco

El gobierno socialdemócrata de Löfven ha intentado frenar las iras del sector privado anunciado varias medidas de corte liberal. De hecho, el presupuesto para 2018 incluye la eliminación de una tasa del 2,5% que se venía aplicando a los ingresos publicitarios de periódicos y revistas. También se plantea un mejor tratamiento de las stock options, pensado para favorecer el emprendimiento. Pero quizá la medida estrella es el anuncio de una bonificación de las cotizaciones sociales, pensada para beneficiar a las firmas con menos de 50 trabajadores.

Pero las empresas suecas esperaban más. A comienzos de verano, la titular de Finanzas, Magdalena Andersson, propuso reducir el Impuesto de Sociedades del 22% al 20%, argumentando que una menor fiscalidad empresarial "ayudaría a fortalecer la competitividad de la economía sueca, generando un clima más dinámico para los negocios". Pero el presupuesto para 2018 no contiene esta medida.

De hecho, la titular de Finanzas intentó "colar" dos subidas fiscales por la puerta de atrás. Y es que, en su borrador de presupuestos, Andersson proponía subir los impuestos a las pymes y aumentar el peso del IRPF. Al conocer estos planes, la Alianza por Suecia amenazó con una moción de confianza y el gobierno retiró estas medidas de su propuesta presupuestaria.

No obstante, el gobierno también ha anunciado un impuesto que gravará duramente a las aerolíneas. Los vuelos en el seno de la Unión Europea se encarecerán unos 10 euros, mientras que los destinos de largo distancia soportarán un mordisco fiscal de 45 euros. Un durísimo golpe a las empresas del sector que también ha generado el enfado de los consumidores.

También hay lío con la situación del cheque escolar y sanitario. En virtud de este bono, los contribuyentes suecos tienen la oportunidad de elegir entre proveedores públicos y privados. El programa no ha parado de crecer durante las dos últimas legislaturas y ya moviliza 14.000 millones de euros anuales, pero la izquierda radical quiere convencer al gobierno de Löfven para que imponga un tope del 7% a los beneficios que pueden arrojar las empresas que participan en el programa. Un nuevo frente abierto que pone de manifiesto el difícil equilibrio entre las liberalizaciones introducidas en los años 90 y la eterna pulsión intervencionista de la socialdemocracia sueca.

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