Unos 12.000 marineros españoles, embarcados en la flota noruega entre 1948 y 1994 (cuando este país entró en el Espacio Económico Europeo), fueron obligados por ley a pagar hasta el 30% de su salario bruto en al país nórdico, aunque al no vivir allí, se les impedía cotizar. Ése es el motivo por el que no reciben una pensión a día de hoy, y por el que ayer domingo algunos de ellos emprendieran en Oslo una serie de manifestaciones.
Los marineros, la mayoría originarios de Galicia, mantienen desde hace año y medio un doble contencioso contra Noruega por la vía civil y social, con el objetivo de agotar las instancias judiciales allí y llevar el caso al Tribunal de Estrasburgo.
"Noruega quiere dilatar todo el tiempo el proceso, porque sabe que el tiempo juega a su favor. Es una agonía, aparte de una sangría económica", dijo a Efe Alberto Paz Viñas, portavoz de la asociación de afectados Long Hope, aludiendo a la decena de recursos presentados por el Estado nórdico y a la edad de los demandantes.
Paz Viñas criticó la actitud del Gobierno español, que los trata como "apátridas" y se limita a decirles que se personará cuando el caso llegue a Estrasburgo, y recordó que la Unión Europea (UE) y una comisión del Parlamento Europeo han reconocido que sufren una injusticia social grave.
"No significamos nada para el Gobierno español. Creo que ambos nos quieren ver muertos y sacarse el problema de encima. Noruega se ríe de nosotros y España nos deja a nuestra suerte", afirmó el portavoz, que agradeció en cambio el apoyo de la Embajada en Oslo.
Los representantes de Long Hope tienen previsto realizar movilizaciones similares a partir de marzo en Londres, Berlín, Dublín, Viena, Ginebra, París, Roma, Atenas y La Haya para explicar a nivel internacional sus reclamaciones.
Long Hope ha impulsado 87 movilizaciones en una década, muchas en Galicia, pero también ante las embajadas noruegas en Madrid y Bruselas, y ha conseguido el respaldo de los principales partidos españoles, el Congreso, el Senado y el Parlamento de Galicia.