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El 'malvado capitalismo': la forma económica del dar

Aunque los hechos de la historia de la economía hablan un lenguaje inequívoco, existe una tradición católica de hostilidad frente al libre mercado.

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El cambista y su mujer (1539), Marinus van Reymerswaele. Museo del Prado

El siguiente texto corresponde al capítulo 1 del libro "Libertad económica, capitalismo y ética cristiana. Ensayos para un encuentro entre economía de mercado y pensamiento cristiano" (Unión Editorial). El volumen recoge algunos de los mejores ensayos sobre temas económicos del sacerdote católico suizo y filósofo moral Martin Rhonheimer. Este título es el quinto publicado de la colección "Cristianismo y Economía de Mercado" que Unión Editorial publica en colaboración con el Centro Diego de Covarrubias.

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"El 'malvado capitalismo': la forma económica del dar"

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Es un hecho histórico que el sistema económico capitalista, tal y como se ha desarrollado en Europa desde la industrialización, ha significado para las masas (por primera vez en la historia de la humanidad) la liberación del hambre y de la miseria; es más, la democratización del bienestar. En lo que respecta a las necesidades materiales básicas, como instalaciones sanitarias, electrodomésticos, posibilidades de comunicación y transporte, atención médica, acceso a medios de información, etcétera, hoy en día hay pocas diferencias entre la vida de un obrero industrial y la de un multimillonario. Si dejamos a un lado los yates, el avión privado y la casa de lujo, la diferencia consiste sobre todo en que, por ejemplo, Warren Buffett trabaja más horas a la semana y tiene más que perder que el trabajador manual Pepe López. Es más, que el primero posea un enorme patrimonio privado es beneficioso para el segundo.

En efecto, Buffett (al igual que otros millonarios) ha invertido ese patrimonio, y por ello Pepe López tiene trabajo y un salario seguro, y quizá también sea por eso por lo que el equipo de fútbol favorito de Pepe sigue existiendo. Si por razones de «justicia social» se gravase a Warren Buffet con un elevado impuesto sobre la riqueza nada cambiaría en su nivel de vida, pero es posible que Pepe López y muchos de sus compañeros perdiesen su trabajo. El Estado utilizaría entonces el dinero arrebatado mediante ese impuesto para ayudar al parado Pepe López y a sus compañeros.

Este es, un tanto simplificado, el modo en que funciona el capitalismo y en que se puede obstaculizar su eficiencia con el intento de establecer una mayor "justicia social". Gracias al tan vilipendiado capitalismo, por primera vez en la historia, la riqueza de los ricos ya no se destina al consumo de los ricos, según sucedía en épocas anteriores, sino que se emplea productivamente a fin de crear riqueza y bienestar para todos. Incluso las grandes concentraciones de patrimonio son consecuencia del aumento del bienestar general, y al mismo tiempo causa de su ulterior incremento. Este, y solamente este, es el secreto del capitalismo.

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Martin Rhonheimer

Según muestra George Gilder en su libro Wealth and Poverty, el capitalismo es, en esencia, la forma económica del dar: el capitalista invierte y, para ello, pone su riqueza a disposición de los demás. Los primeros beneficiados son quienes perciben un salario gracias a los puestos de trabajo así creados. Se genera de ese modo demanda de bienes y, mediante el ahorro, se pueden hacer más inversiones, que conducen a innovaciones y al crecimiento duradero del bienestar. Los asalariados pueden perfeccionar su formación, o cuando menos la de sus hijos; de ese modo se incrementa su productividad y con ella también su salario y su nivel de vida. Los capitalistas (empresarios, inversores) son, al final de la cadena, los últimos en obtener un beneficio, si es que efectivamente lo obtienen. Y además son ellos quienes asumen todo el riesgo. Ese beneficio puede resultar muy grande, obviamente, pero en ese caso estará merecido. Aunque se invierta con afán de lucro, todos habrán ganado.

Aunque los hechos de la historia de la economía hablan un lenguaje inequívoco, existe una tradición católica de hostilidad frente al capitalismo y el libre mercado. Procede del siglo XIX y se debe, sobre todo, a la falta de comprensión de hechos económicos elementales y de su interrelación, así como a una aversión frecuentemente emocional, por no decir irracional, al mercado y a la competencia. Bien es cierto, sin embargo, que una cosa son el capitalismo y la economía de mercado (que constituyen el único camino que lleva a la riqueza de las naciones) y otra las condiciones históricas concretas y los frecuentes fallos humanos que han acompañado la configuración y la evolución del capitalismo moderno. En la época de la industrialización, el desarrollo económico produjo un dinamismo enteramente nuevo y desconocido hasta entonces, que puso en marcha un proceso de aprendizaje durante el que se hicieron grandes cosas y se cometieron muchos errores. A lo largo del mismo, la brecha entre pobres y ricos no solo llegó a proporciones intolerables, sino que, a causa de la dureza de corazón y la mezquindad humanas, llegó a ser con frecuencia sencillamente escandalosa.

Por esa razón, en el siglo XIX, el desconocimiento de la economía, combinado con una comprensible preocupación por la situación social, a menudo mísera, de los trabajadores industriales, unido a la indignación provocada por la indiferencia y la insensibilidad de muchos ricos, llevó a uno de los precursores más influyentes de la moderna doctrina social católica, el obispo de Maguncia Wilhelm von Ketteler, a considerar acertado el análisis socialista del capitalismo, especialmente la "ley de bronce de los salarios" formulada por Ferdinand Lassalle. Con Lassalle, monseñor Ketteler pronosticaba la creciente pauperización de los trabajadores en su "lucha contra la máquina", en la que llevaban todas las de perder.

Tanto el diagnóstico como el pronóstico eran erróneos. El capitalismo y la industrialización trajeron una creciente innovación técnica. La máquina no dejó sin trabajo a los obreros, sino que hizo que su trabajo fuese más productivo. La consecuencia fue el aumento de los salarios reales. No lo olvidemos: en el siglo XIX existía en las zonas agrícolas una increíble presión demográfica, de forma que la tierra ya no podía alimentar a sus habitantes y las poblaciones rurales se vieron afectadas por el pauperismo, lo que provocó la emigración en masa a las ciudades. Fue el nuevo capitalismo industrial el que salvó de morir de hambre a esas masas de desempleados y permitió un ulterior aumento de la población. Es decir, la industrialización creó posibilidades laborales desconocidas hasta ese momento y elevó el nivel de vida de todos, incluso las capas más bajas.

El conocido teórico de la ética social católica Johannes Messner, que en 1938 había rechazado el espíritu capitalista como típicamente "judío", tuvo la honestidad de escribir en 1964 en la octava edición de su obra La cuestión social, estas palabras referidas a Inglaterra: "Entre 1800 y 1913 la población se multiplicó por cinco, el producto interior bruto por diez, los precios cayeron un 50 por ciento y la renta media real individual se cuadruplicó, a la vez que la duración de la jornada laboral individual se redujo a casi la mitad, se eliminó por completo el trabajo infantil, y en gran medida se limitó el femenino". Messner consideraba que cabía decir algo similar de Alemania, que durante el siglo XIX había incrementado su población hasta cuarenta y cuatro millones de personas, pero con unos salarios reales duplicados y una jornada laboral reducida en una tercera parte. Cabe añadir que ya en 1914 Henry Ford, sin que existiese ninguna ley estatal, consiguió, gracias a la automatización y a la producción en masa, que todos sus trabajadores tuvieran una jornada laboral de ocho horas.

La Primera Guerra Mundial y los años posteriores dieron al traste con muchos de esos logros. La guerra forzó al Estado a convertirse en el principal agente económico. En muchos lugares comenzó así la fatídica coalición del big government y el big business: el Estado se inmiscuyó progresivamente en la vida económica. Ello se tradujo en una alianza de la economía y la política, en la formación de cárteles y, especialmente en Alemania, en un control burocrático del Estado sobre cada vez más sectores productivos. Hoy en día denominamos a eso "crony capitalism", esto es, "capitalismo clientelista", una perversión del capitalismo. En EE UU, la Reserva Federal (el banco central de ese país) infló en los felices años veinte la masa monetaria como nunca antes, lo que condujo a una burbuja crediticia y a las consiguientes malas inversiones, hasta que esa burbuja explotó en octubre de 1929. Las intervenciones estatales sobre el mercado durante la presidencia de Hoover (medidas contra especuladores supuestamente nocivos, grandes obras públicas, la prohibición de recortes salariales, o el establecimiento de elevados aranceles proteccionistas) provocaron una crisis económica mundial y el desempleo masivo.

Aún hoy se repite sin cesar la leyenda de que el capitalismo y el libre mercado fueron los causantes de esos males. También la encíclica Quadragesimo Anno, publicada en 1931, se basaba en la errónea suposición de que la causa de la crisis económica mundial residía en el libre mercado y en el "capitalismo desbocado"; el mercado (venía a decir la encíclica) no basta como principio regulador, sino que se necesita además la intervención controladora y reguladora del Estado. Por primera vez aparece en ese contexto la poco clara expresión "justicia social" como tarea del Estado para corregir las fuerzas del mercado. El mercado fracasa como principio regulador y el Estado debe hacer justicia: así se dijo fatídicamente desde ese momento en adelante.

En realidad, no obstante, la verdad es otra bien diferente: el mercado es la solución y el Estado es el problema (me refiero siempre a un mercado inserto en un ordenamiento jurídico, de la propiedad y de la competencia que funcione bien y cuente con el respaldo de un Estado fuerte). El problema no es el supuesto fracaso del mercado, sino el fracaso del Estado, del cual existen incontables ejemplos. Tampoco la crisis financiera de 2008 fue consecuencia de que el mercado fallase. Fue causada por el Estado y por los políticos: todo ciudadano estadounidense va a ser propietario de su vivienda, prometió el presidente Bush para ser reelegido. La consecuencia fue que el Estado, obedeciendo a una motivación meramente política, fomentó la concesión de hipotecas a compradores poco solventes, ofreció garantías estatales a los bancos hipotecarios y coaccionó judicialmente a las entidades para que concediesen créditos subprime. Los bancos les dieron las gracias a los políticos, ya que al saberse cubiertos por la garantía del Estado hicieron un fantástico negocio supuestamente exento de cualquier riesgo. Se formó así una burbuja inmobiliaria sin precedentes. Los bancos hipotecarios protegidos por el Estado, Freddie Mac y Fannie Mae, titulizaron esos créditos hipotecarios, en realidad carentes de valor, y crearon los derivados tóxicos que después infectaron letalmente el sistema financiero internacional y provocaron una crisis financiera global.

La crisis financiera de 2008 nunca se habría producido si solo hubiesen entrado en juego las fuerzas del mercado y la mentalidad empresarial hubiese determinado la marcha de los acontecimientos. La causa de la crisis no fue la avaricia de los bancos y de otros agentes financieros, sino un efecto de las erróneas intervenciones estatales sobre el libre juego de las fuerzas del mercado, y de una serie de estímulos regulatorios equivocados. La crisis no fue consecuencia del capitalismo, de la economía de mercado y del espíritu emprendedor, sino, al contrario, consecuencia de un gigantesco fracaso de los responsables políticos y del Estado.

Lo mismo sucede con el desempleo que asola España: es el resultado de la burbuja inmobiliaria provocada por los políticos y por el Estado. Fueron los políticos los que (para favorecer su propia carrera) empujaron a las cajas de ahorros españolas a conceder irresponsablemente créditos a proyectos de gran repercusión mediática. Un impulso fatídico para ello fueron los intereses demasiado bajos propiciados por la introducción del euro como moneda única. También el euro fue un proyecto meramente político que no seguía ninguna lógica de mercado. La responsabilidad por el elevado desempleo que sufren muchos países de la Eurozona también recae en parte en los sindicatos que, llevados del egoísmo y poseídos por el afán de conservar su propio poder, impiden la desregulación del mercado de trabajo. Así, junto con la exigencia de salarios mínimos, de programas públicos de estímulo de la coyuntura y de numerosas otras intervenciones del Estado, obstaculizan con una carga tributaria exorbitante el dinamismo creador de riqueza de la libre empresa. Es decir, del capitalismo.

¿Y los pobres?

Ahora bien, ¿qué sucede con el gran número de pobres existente en países capitalistas, como Estados Unidos? ¿Qué pasa con los pobres y hambrientos de todo el mundo? ¿Qué ocurre con la gran desigualdad del reparto de la renta, en los países capitalistas, pero también a escala global? ¿No se necesitaría más solidaridad y redistribución? ¿No se debería dar a los pobres algo de la riqueza de los más ricos?

La economía no es un juego de suma cero: la prosperidad de los ricos no tiene su causa en que se les haya quitado algo a los pobres. Allí donde reinan condiciones capitalistas y no, como sucede en diversos países de Iberoamérica, postcoloniales y feudales, la riqueza de los ricos ha sido creada, y no a costa de los pobres. Si no la hubiese, todos, también los paupérrimos, serían más pobres. El capitalismo no quita nada a nadie (según afirma el marxismo), sino que crea nueva riqueza.

Contrariamente a los tópicos que se repiten una y otra vez acerca de la distancia que separa a los países ricos de los pobres, en realidad la pobreza global ha descendido muy rápidamente en las últimas décadas. El "Objetivo del milenio" propuesto por la ONU para 2015 de reducir a la mitad la pobreza extrema en el mundo se consiguió ya en 2010. Ello fue posible, según constató el Banco Mundial, gracias a los países que habían fomentado la libre empresa, el libre comercio y la economía de mercado. Esto no es aplicable solamente, aunque sí en gran parte, a países como China y la India, sino también a naciones africanas e iberoamericanas, muy especialmente a Chile, y ahora también a Perú y en menor medida a Brasil.

Es cierto que las diferencias de ingresos y patrimonio han aumentado en diversos lugares. Existe, obviamente, desigualdad injusta, basada en la exclusión sistemática de grupos sociales y étnicos de las posibilidades de acceder a la educación y al trabajo. Pero la desigualdad no es eo ipso injusta, sino que precisamente en una economía dinámica y en auge resulta inevitable y, según explicamos al principio, para el crecimiento es incluso necesaria. Lo decisivo no es que reine la igualdad, sino que aumente el efectivo y palpable bienestar de todos, también el de las capas más humildes de la sociedad. Así pues, lo decisivo no es la magnitud del bienestar relativo (en comparación con los más ricos) sino la del bienestar absoluto de las personas pertenecientes a los estratos inferiores de la sociedad. Pues bien: este último ha aumentado gracias al enorme retroceso de la pobreza extrema producido en todo el mundo durante las pasadas décadas, lo cual ha sucedido justo allí donde ha habido más capitalismo y economía de libre mercado.

En una economía nacional dinámica, el bienestar de las clases bajas aumenta, pero al principio (a causa de la acumulación de capital necesaria para el desarrollo económico) también lo hace la desigualdad. De lo contrario, no se crearían puestos de trabajo y no habría innovación. Y es que tampoco existirían los correspondientes estímulos: ¿quién va a invertir y asumir riesgos sin la perspectiva de, al hacerlo, obtener una ganancia y enriquecerse? Precisamente así es como el pastel se hace más grande y todos obtienen una porción mayor del mismo. En ese proceso también los más pobres ven aumentar su riqueza, pero no porque reciban dinero del Estado, sino debido a que tienen trabajo y perciben un salario.

En cambio, los partidarios del establecimiento de la justicia social mediante la redistribución por el Estado consideran que los países ricos deberían dar a los pobres más de su riqueza, que los Estados deberían colaborar más en ese sentido y otras cosas por el estilo. Los países ricos ya llevan décadas proporcionando a los Gobiernos de países pobres dinero y transferencias de tecnología. Lo que han conseguido con eso no es desarrollo económico, sino (en lugar de una cultura de libre empresa) gobiernos corruptos y sociedades subvencionadas.

¿Qué sucede, sin embargo, con las enormes desigualdades existentes en países como los EEUU y con la pobreza de las minorías, especialmente la afroamericana? ¡Constituyen un auténtico escándalo!, se dice. Y se añade: el capitalismo, la ideología del libre mercado, la falta de solidaridad y la carencia de programas públicos de beneficencia son los culpables de ello.

Esto, por supuesto, también es erróneo. De entrada, la riqueza estadística de la población con más recursos, formada por un pequeño porcentaje social, es expresión, en gran parte, de la colosal cantidad de dinero que la Reserva Federal ha impreso en los últimos años (¡cincuenta mil millones de dólares al mes!) y que ahora dormita en los balances de los bancos o anda dando vueltas por el mundo en busca de inversiones rentables y produciendo nuevas burbujas. En el sector inmobiliario y en los mercados accionariales de muchos países se puede observar una enorme inflación de precios que, además de ser un considerable riesgo, aparentemente hace más ricos a los ricos. Pero ese dinero, que ahora distorsiona las estadísticas de riqueza, no es riqueza real o capital real, sino más bien aire que mañana puede desaparecer..

Por otra parte, en las últimas décadas, la inflación (una consecuencia de la política monetaria del Estado, no del libre mercado) ha provocado una redistribución de abajo hacia arriba (en lo que se ha dado en llamar "efecto Cantillon") y ha empobrecido a las capas bajas de la población y a la clase media. No obstante, esto se ha visto más que compensado por impresionantes avances tecnológicos, de manera que también los situados en el 20% inferior de los estadounidenses son hoy mucho más ricos (tienen un nivel de vida más alto) que hace treinta años.

A ello se añade una gran movilidad: el 1% de los norteamericanos más pudientes es un grupo volátil que se ha enriquecido rápidamente y que, de un día para otro, puede descender en la escala social. Pero la mayor parte de los integrantes del 20% inferior ascienden a lo largo de su vida a la clase media, o aún más arriba. Los cuartiles de las estadísticas no representan a personas concretas y a lo largo del tiempo no representan siempre a las mismas personas. En el mundo real todo está en movimiento y la distribución de la riqueza también tiene mucho que ver con las edades. Así, en la zona más baja de la estadística encontramos a los jóvenes que acaban de incorporarse a la vida laboral y a los inmigrantes recién llegados: por regla general cuentan con exiguas rentas y con ningún patrimonio. Más arriba están las personas de cierta edad, es decir, aquellas que a lo largo de su vida han ido ascendiendo, ya perciben salarios relativamente altos, han ahorrado hasta formar algún patrimonio y en muchos casos incluso se han hecho ricas. En cambio, el número de quienes han llegado a la riqueza meramente por herencia es estadísticamente insignificante.

La base de la pirámide se halla ocupada por otro grupo social relativamente estable: las víctimas de la política estatal de beneficencia. En el caso de muchas personas, sobre todo de raza negra, los programas sociales de redistribución, por bienintencionados que fuesen, han surtido el efecto de reducir los alicientes para trabajar y perfeccionar la propia formación, han fomentado demostrablemente la criminalidad, han destruido la estructura de la familia, han hecho que se incrementen las tasas de divorcio y el número de hijos nacidos fuera del matrimonio y de madres solteras. Causas, todas ellas, de una pobreza difícilmente superable, dado que debilitan la voluntad de trabajar y la confianza en el futuro. La política estatal de subsidios, aplicada con la finalidad de implantar la justicia social, se ha revelado en realidad como una trampa de pobreza y ha llevado a millones de ciudadanos estadounidenses a caer en una situación de dependencia del Estado.

Se encuentran en ella, sin embargo, no porque sean latinos o negros. Es cierto que en los EEUU la mayoría de los pobres son de raza negra. Pero también lo es que la mayoría de los negros pertenecen a la clase media o incluso cabe clasificarlos por encima de ella. Los negros son pobres en mayor número no porque sean negros, sino porque, al serlo, tienen una probabilidad mayor de convertirse en víctimas de la política estatal de beneficencia y así (por regla general, no sin culpa propia) en dependientes de ella. De esa forma la pobreza se perpetúa, con lo cual se alimenta a su vez también la burocracia de los organismos públicos de beneficencia, en los que cientos de miles de personas se ganan la vida a costa del contribuyente. El sistema, visto de cerca, es inmoral y, además, económicamente ineficiente.

El intento de hacer justicia social con medidas estatales ha causado más males que bienes, tanto en la política de ayuda al desarrollo como en la política social de los distintos países. Ha sido el malvado capitalismo el que, en realidad, ha creado la riqueza que el Estado redistribuye después en nombre de la justicia social.

El Estado del bienestar consume riqueza y además es improductivo, obstaculiza la economía a la hora de crear más riqueza, es decir, a la hora de hacer que aumente el pastel de tal modo que a todos les toque una parte mayor. Si no fuese por la desaforada redistribución y por el endeudamiento estatal resultante de ella, todos seríamos más ricos, también los más pobres. Sin la burocracia estatal dedicada a la beneficencia y a la redistribución, la sociedad también sería más solidaria: habría menos pobres, pero quienes lo fuesen necesitarían realmente la ayuda de sus conciudadanos. Ya no podríamos escudarnos en que al pagar nuestros impuestos ya hemos cumplido nuestra obligación. El principio de subsidiariedad desplegaría todo su potencial, la familia saldría reforzada, tener hijos compensaría de nuevo y volveríamos a sentirnos responsables de nuestro propio futuro y del futuro de nuestros semejantes. La sociedad civil entraría en actividad, y lo haría de un modo más humano y eficaz que el Estado y sus burocracias.

La actual crisis moral y el galopante consumismo no son consecuencia del capitalismo individualista, sino de un Estado del bienestar repartidor de dinero y de estímulos equivocados, cuando no perversos. Bastaría, para solucionarlo, que el Estado impulsara leyes que protegieran la propiedad privada. Solo así el capitalismo, la libre empresa y la competencia reforzarían entonces la responsabilidad propia, el espíritu de iniciativa y la solidaridad. Una sociedad como esa también sería, sin duda alguna, más cristiana, o tendría mejores oportunidades de serlo.

La justicia social (¡cuántas veces ha servido este concepto para justificar políticas que atacan el bien común!) no consiste en disminuir la desigualdad haciendo más pobres a los ricos. Este es el argumento, basado en teorías falaces, del economista francés Thomas Piketty en su reciente y exitoso ensayo El capital en el siglo XXI. Por el contrario, la verdadera justicia social consiste en hacer más ricos a los pobres, pero no mediante una redistribución de la riqueza, sino con el aumento de las oportunidades de trabajo, que cada vez será más productivo y mejor remunerado. Hasta hoy, solamente el capitalismo ha logrado elevar los niveles de vida. Y volverá a conseguirlo en el futuro si no se paraliza su dinamismo con políticas estatalistas falsamente promovidas en nombre de una supuesta justicia social que nos empobrece a todos.

El modelo de Estado social que conocemos hasta ahora ha quedado obsoleto. Y no solo no podemos pagarlo, sino que todos sufrimos las consecuencias de sus erróneos estímulos económicos y morales. Ese modelo solo puede funcionar porque el Estado cuenta con la posibilidad, gracias a su monopolio del dinero, de sufragar el cada vez mayor endeudamiento mediante la constante inflación de la masa monetaria y las bajadas de los tipos de interés, lo cual, por otra parte, equivale a expropiar a los ahorradores. De ese modo también permite a los políticos hacer constantemente nuevas y caras promesas.

Al mismo tiempo ese Estado le quita cada vez más dinero al ciudadano mediante elevados impuestos, incurriendo así en una palmaria violación del Derecho a la propiedad: no en vano el Estado únicamente puede distribuir lo que previamente les ha quitado a los ciudadanos. En un sistema como ese ya no compensa ahorrar, sino solo consumir. La previsión de las necesidades futuras en ejercicio de la propia responsabilidad no es necesaria ni posible y, despreciando el principio de subsidiariedad, se mina la posición central de la familia.

Ahora bien, una sociedad que solo consume y no ahorra (es decir, que no invierte en el futuro) se empobrece cada vez más, ya que agota su capital. El Estado social engulle cada vez más dinero, pero su política monetaria expansiva no nos deja ver el peligro. Al mismo tiempo, el Estado del bienestar, con su hambre de dinero y las numerosas regulaciones de los mercados establecidas en nombre de la "justicia social", impide que el capitalismo y la libre empresa desplieguen su auténtico dinamismo.

En efecto, ¿quién va a pedir un préstamo de dinero para invertirlo si el Estado obstaculiza tanto la libertad y la creatividad empresariales? ¿Y si no se sabe qué decidirán mañana los políticos y los bancos centrales, de los que ahora depende casi todo? También en ese campo nos hallamos ante un claro fracaso del Estado: la crisis financiera y económica se combate exactamente con los mismos medios que la produjeron, es decir, con dinero barato que tan solo seduce a endeudarse aún más. Si más adelante la cosa vuelve a salir mal, la culpa se echará de nuevo al capitalismo y al (supuestamente) demasiado libre mercado.

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Dr. Martin Rhonheimer (1950) es sacerdote católico, profesor extraordinario de Ética y Filosofía Política de la Pontificia Università della Santa Croce (Roma), miembro de laFriedrich A. von Hayek-Gesellschaft y delLord Acton Kreis, y cofundador y actual presidente del "Austrian Institute of Economics and Social Philosophy", Viena, fundado en 2014.

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