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El disparatado programa económico de la CUP para el 21-D

La CUP exige "compromiso político" a los funcionarios y carga contra las empresas que se han ido de Cataluña.

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La CUP exige "compromiso político" a los funcionarios y carga contra las empresas que se han ido de Cataluña.

Desde su irrupción en el Parlamento de Cataluña, la CUP se ha convertido en una de las fuerzas clave del proceso independentista. Aunque su representatividad es limitada, la elevada fragmentación política de la Cámara regional ha hecho que la Candidatura de Unidad Popular se convierta en la formación clave para el devenir político de Cataluña, como acredita su notable influencia a lo largo de la última legislatura.

De cara a los comicios del 21-D, la CUP tiene claro que debe mantener su apuesta por el radicalismo de raíz anticapitalista.Su manifiesto afirma que "un país privatizado difícilmente puede ser instrumento de construcción de soberanías. Por lo tanto, resulta imprescindible en este proceso de construcción republicana la recuperación de espacios de control público". Esa estrategia también incluye a los funcionarios, ya que la CUP entiende que "los hechos nos han demostrado que es absolutamente necesario su compromiso político con el mandato popular mayoritario, desde los Mossos hasta el personal administrativo".

En este sentido, la CUP pone como ejemplo "la escuela pública catalana o la televisión pública", que define como "estructuras de soberanía, con trabajadoras comprometidas que no aceptan injerencias y que defienden con determinación los consensos establecidos por la comunidad para este modelo público, motivo por el cual son blancos de la derecha posfranquista y del conjunto del ultranacionalismo español".

La fuga de empresas, "un chantaje"

Pero el documento también carga contra "el chantaje de las empresas que han cambiado de sede social, haciendo el juego a España y demostrando que, cuanto menos dependencia tengamos de estas grandes empresas financieras, energéticas y de infraestructuras, más soberanos seremos". En esta línea, la CUP insiste en que "un país privatizado es carne de cañón del chantaje empresarial. A más fortaleza del poder político, menos fuerza para el poder empresarial".

A continuación, el programa expone distintos ejes de actuación. En primer lugar se habla de soberanía económica, un epígrafe que arranca con la defensa de una"banca pública" que está llamada a "jugar un papel estratégico" en la "República Catalana". Entre las funciones de esa "banca pública" está la de "garantizar la financiación de las Administraciones Públicas, desde los Ayuntamientos hasta la Generalidad, con condiciones preferentes". Además, la "banca pública" está llamada a ser "una herramienta para ayudar a nacionalizar aquellos sectores privatizados los últimos cuarenta años, así como aquellos que se considere que deben ser de propiedad colectiva".

Por otro lado, el eje de soberanía económica también carga contra la deuda, definida como "una herramienta más de subordinación de la Generalidad ante España". En este sentido, la CUP defiende la "suspensión inmediata" del pago de la deuda y de sus intereses, que define como "usura legalizada". El partido radical defiende además la realización de "una auditoría popular de la deuda que dirima la ilegitimidad de la misma", así como la creación de una "red de entidades públicas desobedientes con la deuda".

Menos extensos son el segundo y el tercer eje del manifiesto de la CUP. En el número dos se habla de soberanía energética, expresando el anhelo "nacionalizar todas las redes de transporte y distribución de energía". En el número tres se plantea la soberanía alimentaria, con una política de "tierra para todos" que ayude a la "transición agroecológica", poniendo fin a la "mercantilización alimentaria". Este punto también incluye "la limitación de las importaciones alimentarias", así como otras medidas proteccionistas.

En clave económica, el documento también habla de tomar el control de las infraestructuras básicas (telecomunicaciones, agua, aeropuertos, ferrocarriles…) y de someter dichos activos a una gestión 100% pública, acabando con las concesiones o privatizaciones que se hayan realizado en este ámbito.

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