A comienzos de los años 90, Estonia era un ejemplo más del desastre socioeconómico provocado por el recetario de medidas comunistas que aplicó la Unión Soviética en sus distintos territorios. Mientras países cercanos como Finlandia alcanzaban un PIB per cápita cercano a los 15.000 euros, la pequeña república báltica registraba cifras siete veces menores.
Desde el año 1991, las élites políticas del país optaron por compaginar la reconquista de la independencia política con el giro a una economía de mercado. Este giro de 180 grados empezó por la política fiscal, donde se introdujo un impuesto de tipo único (flat tax) aplicado a la renta de los trabajadores y a los beneficios empresariales. Además, se privatizaron empresas, se combatió la inflación y se aprobaron planes de austeridad orientados a reducir el gasto público.
El Índice de Libertad Económica en el Mundo, publicado en España por la Fundación Heritage y el Foro Regulación Inteligente, da buena cuenta del compromiso demostrado por los dirigentes estonios con las ideas del laissez faire. A mediados de los 90, la nota recibida por la república báltica era de 65 puntos sobre 100, un notable progreso para un país que venía del comunismo. No obstante, el resultado obtenido en la actualidad ronda los 80 puntos sobre 100, colocando a Estonia entre las economías más liberalizadas del mundo.
Digitalización de raíz liberal
Una de las palancas del cambio ha sido la digitalización de numerosos trámites que venían siendo desarrollados por funcionarios. Esto ha permitido importantes ahorros a los contribuyentes, pero también ha hecho más sencillo el trato del sector privado con la Administración, hasta el punto de que los ciudadanos pueden votar o pagar sus impuestos desde cualquier ordenador o teléfono con conexión a internet.
Pero las élites políticas del país han querido ir un paso más allá y, desde 2014, han desarrollado un proyecto de "ciudadanía digital". El programa fue presentado al gobierno en el marco de un concurso de innovación convocado por el propio Ejecutivo. Lejos de guardar la idea ganadora en un cajón, los políticos estonios se han tomado muy en serio la implantación del e-citizenship.
En sus dos primeros años de aplicación, el programa creció de forma exponencial y recibió 17.000 peticiones de ciudadanía, de las que un 95% se resolvió favorablemente. Los aspirantes provenían mayoritariamente de un grupo de diez países en el que figuran Estados Unidos, Finlandia, Ucrania, Rusia, Gran Bretaña, Alemania, Italia,Letonia, India o Francia.
A priori, cualquier persona puede acogerse a la iniciativa. Tener acceso a la e-citizenship sirve como pasaporte para operar en una economía que destaca por sus facilidades fiscales y regulatorias. Es por eso que, en el último año, Estonia ha recibido otras 10.000 peticiones que, una vez sean resueltas, elevarán a 27.000 el número de ciudadanos digitales.
Una parte importante de las aplicaciones lleva aparejado un proyecto empresarial. De hecho, desde que se puso en marcha la iniciativa, Estonia ha registrado la llegada de más de 4.000 compañías fundadas por emprendedores extranjeros que desean operar virtualmente dentro del marco económico del país báltico.
También hay muchos beneficiarios del programa que entran en la categoría de nómadas digitales. Se llama así a profesionales que desarrollan su actividad profesional en línea, sin necesidad de estar radicados físicamente en una u otra ciudad.