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La cooficialidad del bable costaría 10 veces más de lo que afirman sus defensores

El coste total de la imposición legal del uso del bable estaría entre los 69,2 y los 73,1 millones de euros.

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Logo de la plataforma | Plataforma Contra la Cooficialidad del Bable

El nacionalismo se extiende como la pólvora en España. Ahora le ha tocado el turno a Asturias, donde la imposición de la cooficialidad del bable podría convertirse en una realidad en la próxima legislatura socialista. Así lo garantizó el secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, a finales de año.

Partidos como IU, Podemos y hasta Foro Asturias apoyan el "Proyectu 2018 de la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana"presentado por organizaciones culturales y ciudadanas cercanas al bable. De hecho, estos tres partidos rechazaron en la Junta General del Principado de Asturias la propuesta de resolución del PP en el Debate de Orientación Política que pedía al Principado oponerse a la cooficialidad. El PSOE decidió abstenerse en esa votación.

Sea como fuere, sus defensores ya han hecho números sobre lo que supondría para los presupuestos de la región asturiana esta imposición lingüística. Hace unas semanas, el nacionalista asturiano y defensor de la cooficialidad del bable, David Rivas, afirmó en varios medios de comunicación que "la oficialidad costaría unos ocho millones anuales", una cantidad ínfima que representaría sólo "el 0,25%" del presupuesto de Asturias.

"Los datos no tienen sustento"

"Para dar mayor apariencia de veracidad y academicidad a dicha cifra, esta se acompañaba de la referencia a un profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, los datos no tienen sustento alguno, ya que no se conoce el documento económico, ni los fundamentos metodológicos que han permitido realizar tal estimación", asegura la Plataforma Contra la Cooficialidad del Bable.

Precisamente esta plataforma, que se define como un "movimiento social contra la cooficialidad del bable y en defensa de la libertad lingüística", ha encargado un estudio a "dos economistas en ejercicio", Jorge Álvarez Riera e Ignacio Blanco. "Su trabajo se sustenta en dos principales pilares: los presupuestos de las comunidades autónomas que tienen una lengua cooficial y el caso Bruselas, ciudad con dos lenguas cooficiales, una de ellas minoritaria en la zona, sustentadas por presupuestos estatales", explican. En este sentido, hay que precisar que en el cálculo de gastos en las otras autonomías con lengua cooficial sólo se ha tenido en cuenta el gasto directo de las partidas de fácil trazabilidad, "ya que hay multitud de partidas ocultas o imputadas en otros programas, pero que en realidad se destinan a la promoción de la lengua privativa local", añaden.

Destacan cuatro puntos clave en el estudio:

  1. El coste medio por habitante por lengua cooficial en España oscila entre los 46 y los 49 euros.Dicho coste sólo se refiere a la Administración autonómica. Teniendo en cuenta que Asturias tiene una población de 1,043 millones de personas, el coste para las arcas del Principado iría de 48 a 51,1 millones de euros anuales.
  2. Dado que la cooficialidad también operaría para la Administración municipal, para los ayuntamientos sería de otros 7,4 millones de euros anuales.
  3. El arranque de un programa de cooficialidad tiene unos costes adicionales. Estudiando el caso Bruselas, esos costes se estiman en un incremento del 25% durante los cinco primeros años. Ello incrementaría la cifra entre 13,8 millones y 14,6 millones de euros, al menos, durante esos 5 primeros años.
  4. El coste total pasa a ser de entre 69,2 y 73,1 millones de euros,diez veces más que lo afirmado por los defensores de la oficialidad. Dicho de otra forma, la cooficialidad del bable le costaría unos 73 euros al año a cada persona residente en Asturias y unos 165 euros por hogar.

Además, el estudio avisa de que no están imputados los denominados costes privados. Esto se refiere a aquellos que deberían soportar las empresas y algún ciudadano particular, por tener que utilizar la lengua cooficial ante determinados actos administrativos. También, hay que sumarle los costes de traducción y de personal, así como una barrera a los profesionales que no dominen esa lengua pretendida como oficial.

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