El sistema de la Seguridad Social registra un déficit estructural desde 2012, momento a partir del cual el Gobierno, tal y como establece la ley, comenzó a vaciar de forma recurrente la hucha de las pensiones para poder abonar en tiempo y forma el pago de las citadas prestaciones. Sin ir más lejos, el agujero del actual modelo de reparto rondó los 18.000 millones de euros en 2017 y, muy posiblemente, cerrará el presente ejercicio con otros 15.000 millones a cuenta.
El Ejecutivo del PP se escuda en que la creación de empleo logrará reequilibrar por sí sola las cuentas una vez que se alcancen los 20 millones de ocupados, pero el problema de fondo no radica en el mercado laboral, sino en el progresivo envejecimiento de la población al que está abocada España, junto al resto de países desarrollados, lo cual se traducirá, sí o sí, en unas pensiones futuras mucho más bajas que las actuales. En concreto, si hoy una persona se jubila con el equivalente al 80%-75% de su último sueldo en activo, esta ratio caerá a la mitad en el horizonte de 2050, de modo que su calidad de vida se reducirá de forma drástica.
Esta y no otra es la triste realidad del sistema público de pensiones. No en vano, las dos últimas reformas aprobadas por el PSOE, en 2011, y el PP, en 2013, van encaminadas a retrasar la edad de jubilación y reducir la cuantía de las futuras prestaciones para garantizar que el sistema se mantenga en pie. Las pensiones se seguirán cobrando en las próximas décadas, sin duda, lo que no dicen es cuánto. Así, al actual déficit de la Seguridad Social, cuya problemática se ha visto agravada por la brutal destrucción de empleo sufrida durante la crisis, se le sumará el implacable declive al que están condenadas las pensiones públicas. Los españoles tendremos que trabajar más años y pagar mayores cotizaciones para, al final, acabar ingresando menos.
Lo más grave, sin embargo, es que mientras unos partidos miran hacia otro lado, evitando explicar este funesto panorama a la opinión pública, como es el caso del PP, otros se dedican a lanzar promesas irreales con el único fin de ganar votos, tal y como ha anunciado esta semana Pedro Sánchez. El líder socialista ha optado por copiar algunas de las desastrosas ideas engendradas por Podemos tras plantear una nueva subida de impuestos, por valor de casi 2.750 millones de euros al año, al tiempo que pretende volver a ligar las pensiones al IPC y derogar el factor de sostenibilidad, que vincula la cuantía de la prestación a la esperanza de vida. Lo que propone el PSOE, en esencia, es anular la reforma de 2013, lo cual dispararía el coste del sistema hasta límites infinanciables. España se vería abocada a una situación similar a la sufrida en Grecia, con una economía productiva asfixiada a base de impuestos, con el consiguiente paro y empobrecimiento de la sociedad, y en la que, finalmente, se tendría que imponer un recorte generalizado y lineal de las pensiones del orden del 30% o 40% para evitar la quiebra del país.
El Gobierno de Mariano Rajoy, por su parte, prefiere permanecer impasible a la espera de que las reformas aprobadas vayan haciendo su efecto en forma de menores prestaciones, sin advertir de tal panorama a la población ni, lo que es peor, proponer nuevas reformas con el fin de facilitar y fomentar el ahorro privado, única tabla de salvación de los futuros jubilados. Asimismo, Ciudadanos tampoco propone nada específico en este ámbito.
Así pues, ningún partido está dispuesto a afrontar el problema de las pensiones con la seriedad y responsabilidad que requiere esta importante y urgente materia. Nadie, hasta el momento, se atreve a abrir un debate sobre la necesidad de transitar hacia un sistema mixto o de capitalización, tal y como ya ha sucedido en la mayoría de los países ricos. La factura de semejante despropósito político correrá, como siempre, a cargo de contribuyentes y pensionistas.