En 2016, el Gobierno de España llegó a un acuerdo con la Comisión Europea por el cual el 31 de diciembre de 2018 no deberían quedar explotaciones de carbón abiertas, al menos las de interior. De hecho, el organismo europeo concedió que España destinase 2.130 millones de euros para llevar a cabo el proceso de cierre de este sector. A cambio, el Ejecutivo se comprometió a recuperar cualquier ayuda concedida a las minas que no hayan sido cerradas en esa fecha. Esto supone que cualquier empresa minera que no cese sus actividades antes de final de este año está obligada a devolver las subvenciones concedidas. En total, según lo pactado, 26 minas de carbón deben ser cerradas antes de que concluya el presente ejercicio.
Los sindicatos han comenzado a movilizarse para pedir al Gobierno que no cumpla lo pactado con Bruselas. El Sindicato de Obreros Mineros de Asturias (SOMA) y CCOO reivindican la intervención y el rescate del sector por parte del Estado. Reclaman que el Gobierno ya intervino en otros sectores como el bancario, el naval o el de las autopistas.
Como justificación a la ruptura del plan pactado en 2016, argumentan que el dinero concedido a las empresas carboneras venía de España y no de Europa y que, por ello, no es necesario cumplir lo acordado. Por su parte, Álvaro Nadal, ministro de Energía, ha asegurado que se está estudiando un plan para que las minas puedan seguir abiertas más allá de 2018, aunque no ha explicado los detalles.
El secretario general de CCOO de Industria en Asturias, por su parte, señala que el Gobierno "tiene que buscar escenarios para mantener la actividad de la minería más allá de este año, como la vinculación a la reserva estratégica o el interés general, que están recogidos dentro del marco de actuación".
Cierre centrales térmicas
Por otro lado, el pasado miércoles, los trabajadores de las centrales térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia) se manifestaron ante el Ministerio de Energía para protestar por el cierre de estas dos plantas, que pertenecen a Iberdrola. La nueva estrategia de la compañía se enmarca dentro de un plan mundial en el que ha apostado por cerrar todas sus centrales térmicas.
A pesar del cierre de las dos centrales, Iberdrola aseguró que esto no afectaría al empleo -90 empleados en Lada y 80 en Velilla-, ya que se comprometió a recolocar a los trabajadores en labores de desmantelamiento de las plantas, que se extenderán durante cuatro años, y en otras instalaciones de la empresa.