Del drama de septiembre a la calma de enero. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 ni están ni se les espera. Y según el propio ministro "no pasa nada". No era ese el planteamiento hace unos meses. Pero viendo la realidad parlamentaria, el Gobierno acomoda su discurso. Y pone una fecha límite: primera semana de abril. Si en ese momento no hay un pacto con Ciudadanos y PNV (no hay otra posibilidad a la vista) se prorrogarán de forma definitiva los PGE de 2017.
Cristóbal Montoro acudía este miércoles por la tarde a la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados. Se esperaba esta comparecencia. Estamos ya a 24 de enero y no es que no haya PGE para 2018… que no los hay. Es que no hay ningún indicio de que los vaya a haber. En política es posible cualquier cosa y puede que los que hoy se echan en cara la no aprobación de los Presupuestos, mañana se hacen la foto con un acuerdo cerrado. Pero no lo parece. En estos momentos, todo apunta a que los PGE del pasado año lleguen, prorrogados, hasta 2019.
En cualquier caso, la noticia de hoy no es esa. Porque ya llevamos unas semanas en las que más o menos se asumía este escenario. La novedad radica en la interpretación del ministro al respecto. Porque este miércoles, el mismo Montoro que hace unos meses alertaba sobre los males de la prórroga y pintaba un panorama a la americana, con la administración semi-cerrada, pagos detenidos, obras a medio terminar y funcionarios que no sabían si cobrarían su sueldo; pues bien, ese ministro de Hacienda cambiaba su discurso por completo y defendía un panorama de absoluta normalidad: "¿Qué va a pasar? No va a pasar nada", le decía al portavoz socialista, José Javier Lasarte, "las mismas cosas que se pagaban en diciembre se están pagando en enero". Es más, explicaba al resto de los portavoces de la Comisión, Montoro ha presumido de que está "subiendo el gasto", sobre todo el gasto social, a pesar de tener las cuentas públicas prorrogadas.
Tampoco es una sorpresa total. No es la primera vez que se han prorrogado unas cuentas y siempre que ha ocurrido el Gobierno ha encontrado alguna forma de saltarse las limitaciones teóricas de esta prórroga: como aprobar un decreto a mitad de año para las partidas más urgentes (como la subida de sueldo a los funcionarios). Vamos, que no se van a cerrar las oficinas públicas porque no haya presupuestos ni se van a dejar de pagar pensiones. Y ni siquiera se van a quedar pendientes las promesas electorales más urgentes. Montoro lo ha confirmado en el Congreso. Lo que habría que preguntarse es por qué entonces del lenguaje alarmista de hace unos meses.
El calendario
Dicho esto, el ministro ha dejado claro que sería preferible tener los Presupuestos aprobados. Algo que parece lógico. Pero también ha asegurado que no lo forzará ni lo buscará a cualquier precio. De hecho, ha comenzado su comparecencia poniendo una fecha límite: principios de abril. Si en las primeras semanas de ese mes no consigue un acuerdo con Ciudadanos y PNV, no habrá PGE para 2018. "No tendría ningún sentido", explicaba Montoro, que se estén tramitando los nuevos Presupuestos para 2019, un trámite que comienza en julio, con la aprobación del techo de gasto por parte del Consejo de Ministros, y al mismo tiempo se estén votando en paralelo los de 2018.
Por todo eso la fecha de abril. Si en ese momento (finales de marzo o comienzos de abril) el Consejo de Ministros da su aprobación al proyecto de Presupuestos, daría tiempo para completar su tramitación parlamentaria antes del verano, cuando comiencen los trámites de las cuentas de 2019. Si no hay acuerdo para esa fecha, para la que apenas quedan poco más de dos meses, no habrá PGE: "Lo que el Gobierno no va a hacer es traer un proyecto de ley a esta Cámara sin los apoyos parlamentarios".
En este escenario, todo queda pendiente de la negociación política entre PP, PNV y Ciudadanos. La cuestión no será sencilla. El verano pasado, cuando el Gobierno pactó con estos dos partidos el techo de gasto para 2018 (el primer paso para la tramitación de los PGE y, en realidad, el hito más decisivo), se daba por hecho que aquel acuerdo incluía la aprobación de las cuentas públicas. Montoro se lo ha echado en cara a las dos formaciones: "Carece de sentido que los grupos que respaldaron esos objetivos no sean coherentes a la hora de afrontar la siguiente votación presupuestaria". Pero tres meses en política (al menos en la política española) dan para mucho. Y en este caso han dado para que sus dos socios le retirasen su apoyo.
En el caso del partido vasco, la cuestión catalana ha tenido mucho que ver. El PNV no ha querido aparecer del brazo del Gobierno mientras intervenía la Generalidad. En este sentido, el ministro ha lamentado no contar con estos apoyos, algo que ha atribuido al "independentismo catalán: la auténtica, manifiesta y explícita causa".
Pero los problemas del Ejecutivo van más allá. Porque también su socio de legislatura se aleja de un posible acuerdo. En este caso, las exigencias del partido naranja no son tanto económicas como políticas. Los de Albert Rivera han condicionado su voto favorable a las cuentas del Estado a que el Gobierno cumpla con dos reivindicaciones de las que han hecho bandera: la dimisión de Pilar Barreiro (imputada en la trama Púnica) como senadora y la equiparación salarial de policías y guardias civiles con las policías autonómicas. Mientras no se cumplan las dos exigencias, no habrá PGE.
"Si ustedes cumplen el acuerdo de investidura, nosotros aprobaremos los PGE", aseguraba delante del ministro Francisco de la Torre, portavoz de Ciudadanos en la Comisión. La pregunta es si les interesa a unos y otros. Para Cs, en un momento de despegue en las encuestas, diferenciarse del Gobierno puede tener una cierta lógica electoral. Eso por no hablar de que un adelanto electoral podría beneficiarle más que a nadie.
Pero también para el Gobierno tiene sus ventajas. Porque de esta manera deja de aparecer como rehén de las exigencias de sus socios parlamentarios. E incluso se puede apuntar el tanto de algunas de las medidas más electorales. Por ejemplo, la subida del sueldo de los funcionarios. El mensaje que llegará desde Moncloa es que los empleados públicos cobrarán más incluso sorteando las dificultades de un Presupuesto prorrogado. De esta forma, el fracaso de la aprobación tiene más peso político (es la prueba más clara de la soledad del Gobierno en esta legislatura en minoría) que económico. Ha habido alguna ocasión en que la no aprobación de unos Presupuestos se ha llevado por delante a un Gobierno (por ejemplo, el de Felipe González en 1996, tras perder el apoyo de los nacionalistas catalanes).
Quedan algo más de dos meses. Viendo la distancia que aparentaban Montoro y los partidos de la oposición parece imposible que haya un acuerdo en ese plazo. Y tampoco aparenta ninguno de ellos demasiada preocupación. Ya lo ha dicho el ministro: "¿Qué va a pasar? No va a pasar nada".