A principios de febrero se cumplen cinco meses desde que el huracán Irma destruyera la paradisíaca isla de Barbuda. El 95% del territorio quedó en ruinas y la mayoría de los habitantes tuvieron que ser evacuados y trasladados a otros lugares cercanos. Por primera vez en 300 años, la isla quedó despoblada y los 1.700 habitantes fueron alojados en la isla Antigua –el Gobierno de Antigua y Barbuda declaró la isla Barbuda como inhabitable–.
El problema de esta isla es que se rige por una ley de tierras comunales que se remonta a la abolición de la esclavitud de 1834. El terreno no se puede comprar ni vender, tan sólo se puede arrendar durante 50 años –siempre y cuando se tenga el consentimiento de la mayoría de los habitantes–. Reconstruir la isla entera tendría un coste de 250 millones de dólares, algo que desde el Gobierno han descartado. "No se puede hacer", declaró el primer ministro Gaston Browne.
A principios de enero, se presentó en el Senado de Antigua y Barbuda una enmienda a la Ley de Tierras para poder vender el terreno a inversores extranjeros y que, de esta manera, sean ellos quienes reconstruyan la isla. Es aquí donde entra en acción el actor Robert De Niro. El ganador de dos Óscar tenía un hotel en la isla, que fue arrasado al paso del huracán Irma. Ahora, junto con otros inversores, quieren crear en Barbuda un gran complejo de lujo llamado Paradise Found Nobu.
De Niro y su socio James Packer comenzaron sus negocios en la isla en 2014 y tenían un proyecto para desarrollar un hotel mucho más grande. Sin embargo, hace cuatro años no pudieron llevar a cabo la gran inversión porque existen límites al uso de la tierra. La isla funciona como una cooperativa y las decisiones sobre el uso del suelo tienen que ser aprobadas por una votación general.
Meses antes del paso del huracán Irma, De Niro firmó un acuerdo con el primer ministro de Antigua y Barbuda para arrendar 198 hectáreas de tierra por 6,2 millones de dólares. Aun así, la Ley de tierras continuaba siendo el gran hándicap para la llegada de inversores, que pretendían generar puestos de trabajo en la isla y la creación de infraestructuras mucho más modernas y lujosas. Desde los sectores de la izquierda reclaman que el cambio de esta normativa es una violación a los derechos de los habitantes de Barbuda. Sin embargo, no hay ningún plan alternativo para reconstruir la isla, ya que el Estado no puede afrontar el gasto.
Antigua y Barbuda son dos islas que conforman el país, pero también son dos modelos muy distintos de gestión. Antigua es una isla abierta a los inversores, donde viven 90.236 personas –en Barbuda solo 1.700–, y el turismo es fundamental, ya que produce el 60% del PIB y atrae el 40% de las inversiones.