En el recurrente debate público sobre la necesidad de cuadrar las cuentas, reducir el déficit, aminorar la deuda y garantizar la sostenibilidad de las Administraciones, la mayoría de observadores suele centrar el tiro en partidas de gasto que, por mucho que sean susceptibles de ser recortadas, no son lo suficientemente significativas como para lograr el reequilibrio esperado.
Sí, suena muy bien lo de "reducir los coches oficiales", "bajar el sueldo de los políticos y sus asesores", "suprimir las diputaciones"… pero, a la hora de la verdad, el grueso del gasto público no está consignado a estas partidas. Más relevantes son, por ejemplo, las subvenciones y transferencias que realizan las Administraciones, un cajón desastre que la AIREF se prepara para estudiar a fondo, en el marco de una auditoría que repasará 25.000 millones de gasto público.
Pero, incluso aplicando medidas de ajuste en dicho campo, la realidad presupuestaria es la que es. De modo que, aunque el trabajo de la AIREF permita avanzar en la dirección correcta, el pozo de ineficiencias seguirá siendo demasiado hondo como para ignorar la realidad. Y es que, al fin y al cabo, el 80% del gasto de las comunidades autónomas está consignado a sanidad y educación. Por tanto, aunque resulte impopular decirlo, el ajuste pendiente del que nadie habla es el que pasa necesariamente por retocar las estructuras más pesadas del Estado del Bienestar.
Estudiando la eficiencia sanitaria
En este sentido, tiene especial relevancia un informe que han elaborado María Isabel Ortega-Díaz, Ricardo Ocaña-Riola y José Jesús Martín-Martín, vinculados respectivamente a la Universidad de Jaén, la Escuela Andaluza de Salud Pública y la Universidad de Granada. El documento ha sido presentado en las XXXVII Jornadas de Economía de la Salud organizadas por tres entidades: la Asociación de Economía de la Salud (AES), la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).
Según explican los expertos, tres de cada cuatro hospitales de la red pública se quedan por debajo de los niveles óptimos de eficiencia técnica. Por tanto, solamente el 25% de los centros emplea al máximo sus recursos, un porcentaje claramente decepcionante que resulta en un sobrecoste millonario.
Los investigadores han constatado que los hospitales que funcionan con más autonomía tienen mejores datos de eficiencia. En este epígrafe entran los centros operados por consorcio, los hospitales públicos de gestión privada (el llamado Modelo Alzira) o los hospitales privados. Según el informe, "la personalidad jurídica del hospital y el marco laboral parecen ser factores que promueven el buen uso de los recursos".
María Isabel Ortega-Díaz, Ricardo Ocaña-Riola y José Jesús Martín-Martín han incluido 230 hospitales de las 17 comunidades autónomas y han centrado su análisis en los peores momentos de la crisis (2012-2012). El estudio considera variables como las camas instaladas, el personal a tiempo completo, el gasto en compras y servicios externos… Se trata, en resumen, de un vistazo muy completo que permite constatar las carencias del modelo sanitario español.