Los dos partidos nacionalistas canarios -Nueva Canarias y Coalición Canaria- con representación en el Congreso de los Diputados están negociando con el Gobierno un nuevo marco económico para las islas. En estos momentos, tanto el PP como los nacionalistas se encuentran en negociaciones sobre el Proyecto de Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF).
Lo más llamativo del acuerdo, tal y como anunció la consejera de Hacienda en Canarias, Rosa Dávila, es la desvinculación de su REF -los fondos que recibe por ser región ultra-periférica- con los fondos percibidos a través del sistema de financiación autonómica. Es decir, en el reparto de dinero a las comunidades, antes se contabilizaba lo que las islas reciben como región insular, mientras que ahora esos fondos no contarán y Canarias recibirá en torno a 600 millones anuales más.
Por otro lado, los nacionalistas piden incluir en su nuevo REF un descuento del 75% en los billetes para los viajes interinsulares de sus habitantes. En realidad, este descuento ya figuraba en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, pero no entró a formar parte del REF. En las últimas horas, el PP se ha mostrado reacio a aprobar esta medida y Ana Oramas ha respondido tajante que "no vamos a dar un paso hacia atrás y no vamos a renunciar a derechos adquiridos".
"Desde el minuto uno en que se aprobaron los Presupuestos de 2017, dijimos que el aumento del descuento de residentes del 50% al 75% para el transporte entre islas no podía ser un tema coyuntural de un presupuesto de una anualidad, en este caso del 2017. Nuestro objetivo, y lo dijimos, era que se quedase anclado y fijado como un derecho de todos los canarios a través de nuestro REF", declaró Oramas a la agencia Efe.
Estas no son las únicas peticiones de los nacionalistas canarios al Gobierno. También han marcado como "línea roja" en la negociación la aprobación de la financiación a la desalación de las aguas para abastecer a todas las islas y que de esta manera no sea más cara el agua en una isla que en otra. Un punto en el que parece que están de acuerdo los tres partidos es en dejar fuera de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) la compra, construcción y rehabilitación de viviendas vacacionales y excluirlas de las ventajas fiscales para no "aumentar la burbuja del alquiler".
Otras dos medidas que aparecen en el nuevo REF son, por un lado, una nueva partida para paliar la pobreza -en los Presupuestos de 2017 se les concedió 12 millones de euros- y, por otro, la supresión del conocido como impuesto al sol. Esta última medida es la que ha tenido una mayor difusión y repercusión mediática.
El impuesto al sol es el recargo que grava la energía producida y consumida a través de paneles solares. Sin embargo, tal y como explicó Juan Ramón Rallo en este diario, "no es exactamente un impuesto al sol: baste señalar que las instalaciones aisladas (placas solares que no se hallen conectadas a la red eléctrica) no estarán sometidas al mismo. Por tanto, más que de un impuesto al sol se trataría, en todo caso, de un impuesto por acceso a la red eléctrica. Pero tampoco es exactamente eso (o, al menos, no del todo) […] Como la electricidad no es almacenable, el autoconsumo se enfrenta al problema de la intermitencia de la generación eléctrica: cuando no hay sol (o no sopla el viento en las eólicas), no hay electricidad. Por ello, a muy pocos autoconsumidores les interesa desconectarse de la red: su objetivo es autoabastecerse cuando puedan generar la electricidad y demandarla de la red cuando no". Y el hecho de estar conectado a la red implica asumir los costes que afrontan el resto de consumidores.