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El rescate autonómico en cifras: 190.000 millones prestados y otros 52.000 ahorrados en intereses

Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía concentran casi el 70% de la financiación extraordinaria concedida por el Gobierno desde 2012.

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Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía concentran casi el 70% de la financiación extraordinaria concedida por el Gobierno desde 2012.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció el martes durante la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 que este proyecto recoge nuevas facilidades para que las comunidades autónomas y ayuntamientos que hayan sido "cumplidoras" puedan reestructurar la abultada deuda que acumulan con el Gobierno central tras la asistencia financiera facilitada en los últimos años, aunque, en todo caso, el mecanismo de condonación deberá negociarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de la Administración Local.

Los propios Presupuestos recogen, entre otras muchos datos y partidas, un resumen sobre el coste que, hasta el momento, acumula el rescate financiero de las comunidades autónomas.

En 2012, el Estado puso en marcha una serie de mecanismos de asistencia con el fin de evitar que varios gobiernos regionales y locales entraran en quiebra, después de que los mercados les cerraran el grifo del crédito como consecuencia de su más que dudosa situación de solvencia. En lo que respecta a las autonomías, el primero de los mecanismos que se introdujo fue el de pagos a proveedores, al cual se adhirieron 14 regiones, pagándose por dicho Fondo casi 6 millones de facturas, por más de 30.000 millones de euros.

Asimismo, el Gobierno también puso en marcha el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que prestó un total de 138.000 millones de euros entre 2012 y 2017 a las CCAA para atender tanto el pago de su deuda comercial (facturas) como sus vencimientos de deuda financiera. Posteriormente, este mecanismo fue sustituido en 2015 por el llamado Fondo de Financiación a CCAA, que añadió a los fondos existentes dos nuevos compartimentos: la Facilidad Financiera y el Fondo Social.

  • La Facilidad Financiera está destinada a las regiones que cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, y cuyo período medio de pago a proveedores no supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad. A diferencia del FLA, no conlleva condicionalidad fiscal. Desde 2015 ha otorgado financiación por cerca de 21.000 millones de euros.
  • El Fondo Social, en vigor sólo en 2015, fue destinado a financiar deudas de CCAA derivadas de convenios suscritos en materia social con las entidades locales, así como otras transferencias en materia de gasto social. En ese año concedió financiación por importe de 683 millones de euros

Así pues, en total, el Estado ha prestado a través de estos mecanismos -sin contar los anticipos a cuenta propios del sistema de financiación autonómica- unos 189.800 millones de euros entre 2012 y 2017 a los gobiernos regionales. Cataluña, con más de 61.000 millones, Comunidad Valenciana, con casi 48.000, y Andalucía, con 29.000, son las regiones que han recibido un mayor volumen de liquidez, hasta el punto de concentrar casi el 70% de todos los fondos repartidos.

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Pero a ello se suma, además, el dinero que se han ahorrado las autonomías gracias a estos créditos blandos, cuyas condiciones (plazos y tipos de interés) son mucho más ventajosas que la financiación ofrecida por los inversores en el mercado de deuda. Así, las regiones se habrían ahorrado cerca de 28.500 millones de euros en el pago de intereses entre 2012 y 2017.

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Y si se tiene en cuenta toda la vida de los préstamos ya formalizados con estos mecanismos, el ahorro total ascendería a 51.900 millones de euros en 2027.

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Casi 19.000 millones para los Ayuntamientos

En cuanto a las entidades locales (EELL), desde el año 2012 también se han aprobado diversas medidas para inyectar liquidez, aunque una de los principales fue el Fondo de pagos a proveedores, con tres fases entre 2012 y 2013, para financiar su deuda comercial. Previa aprobación de un plan de ajuste, la Administración Local pudo concertar préstamos con dicho Fondo por un importe total de 11.563 millones de euros para pagar un total de 2.097.357 facturas de 123.733 proveedores, beneficiando con ello a 3.964 entes municipales y provinciales.

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También se creó el Fondo de Financiación a EELL con dos compartimentos, Fondo de Ordenación (para entidades en situación de riesgo financiero o que no pueden refinanciarse en prudencia financiera) y el Fondo de Impulso Económico (para entidades saneadas) con una dotación anual desde 2015 de 1.000 millones de euros, que, entre otras partidas, sirven para financian ejecuciones de sentencias firmes y vencimientos de préstamos con entidades de crédito, así como vencimientos de préstamos y liquidaciones con el propio Estado. En los tres años íntegros de vigencia, 2015, 2016 y 2017, las entidades han formalizado préstamos por 729, 514 y 816 millones de euros, respectivamente. Para 2018 han comunicado necesidades financieras por 577 millones de euros.

Del anterior conjunto de medidas de apoyo financiero y agregando los datos de las EELL por comunidades autónomas, el rescate municipal arroja una factura de 18.778 millones de euros para el período 2012-2018. En total, sumando las ayudas recibidas por CCAA y Ayuntamientos, el rescate de ambas administraciones rondaría los 210.000 millones de euros, sin contar anticipos a cuenta en el caso de las CCAA ni el ahorro en el pago de intereses a precios de mercado.

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