El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado este martes el acuerdo adoptado junto al Ayuntamiento de Madrid y la promotora privada Distrito Castellana Norte, por el que finalmente se edificarán 10.510 viviendas en el norte de la ciudad, tras una negociación que pone fin a un plan ideado hace 25 años.
La conocida como Operación Chamartín surgió en 1993, cuando se planteó realizar las obras de ampliación de la estación ferroviaria, antes de la construcción de las cuatro torres (rascacielos). Entonces, Renfe adjudicó a un consorcio liderado por el banco Argentaria (posteriormente integrado en BBVA) la concesión sobre los terrenos del Estado ubicados en el recinto ferroviario de Chamartín. Fue ahí cuando se constituyó la entidad Desarrollo Urbanístico de Chamartín (Duch), participada por la entidad financiera Argentaria (72,5%) y la inmobiliaria San José (27,5%).
En 1997, se crea el Consejo Rector de la "Prolongación de la Castellana", denominada popularmente como Operación Chamartín. Dos años después, la Comunidad de Madrid y esta entidad llegan a un acuerdo para modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM). En el año 2000, sin embargo, los antiguos propietarios de los terrenos expropiados para construir la estación de Chamartín a mediados del siglo XX reclamaron judicialmente su reversión al haber cambiado el uso que justificó la expropiación, pero en 2009 la Audiencia Nacional rechazó esta posibilidad.
En 2011, el Ayuntamiento de Madrid, en manos del PP, aprueba el Plan Parcial de Reforma Interior (PPRI) que cierra el último trámite administrativo antes del inicio de las obras. Pero en 2013 surgen nuevos problemas, ya que el Tribunal de Justicia Superior de Madrid (TSJM) anula parcialmente el plan urbanístico por permitir superar las cuatro alturas, decisión que, sin embargo, es anulada posteriormente por el Tribunal Supremo por falta de motivación.
Finalmente, en 2015, el Ayuntamiento aprueba el plan para urbanizar más de tres millones de metros cuadrados en el norte de la capital y las tres administraciones implicadas reforman el proyecto bajo el nombre de Distrito Castellana Norte (DCN), con una inversión prevista de casi 6.000 millones de euros. Pero en mayo de ese año, tras las elecciones municipales, el nuevo gobierno municipal, con Manuela Carmena al frente, paraliza de nuevo las obras.
No es hasta julio de 2017 que el Consistorio, el Ministerio de Fomento y la sociedad Distrito Castellana Norte (formada por BBVA y la constructora San José) alcanzan un preacuerdo y sientan las bases del nuevo proyecto de desarrollo urbanístico Madrid, Nuevo Norte. El acuerdo definitivo se alcanza este mes de abril, con la construcción 10.510 viviendas, frente a las 17.000 previstas inicialmente, una edificabilidad de 2,6 millones de metros cuadrados, frente a los 3,3 millones iniciales, un centro de negocios de un millón de metros cuadrados y la reforma de la estación de trenes de Chamartín.
6.000 viviendas menos
Ahora se prevé que la aprobación inicial del plan, que fue registrado el lunes, se dé en Junta de Gobierno en julio, mientras el Pleno lo debatirá en diciembre. Para su aprobación definitiva es necesario el visto bueno de la Comunidad de Madrid.
La mayoría de las viviendas se construirán en el norte de la M-30, 7.910, y en el sur habrá más uso empresarial, aunque se construirán 2.600 viviendas. El 20% de los inmuebles construidos, unos 2.100, serán de protección oficial. El uso empresarial será de 1.480.000 metros cuadrados, un millón en el centro financiero y 180.000 metros en la propia estación. Además se soterrará el tráfico rodado en el norte de la Castellana, que se peatonalizará entre la intersección con Sinesio Delgado y el nudo norte de la M-30, se construirá una estación de autobuses en Chamartín y se soterrará parte de las vías en la colonia de Begoña.
Durante un desayuno informativo de Europa Press, De la Serna ha destacado la "transcendencia histórica" de este acuerdo. Por su parte, el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible de Madrid, José Manuel Calvo, ha destacado que este plan adapta la edificabilidad a la "capacidad real del territorio" y prioriza el interés general con viviendas sociales.
Desde Málaga, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha celebrado que este proyecto se haya desbloqueado y ha defendido que es más "social" y "sostenible" que el del PP. Para la regidora, la reforma de Chamartín debe ser la "punta de lanza" de este plan, cuya primera piedra se podría poner dentro de cuatro o cinco años, ha indicado el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible. El acuerdo es un paso "bueno" para Madrid, aunque "lo importante es que el Ayuntamiento dé la aprobación inicial lo antes posible", ha asegurado a Efe el presidente de la promotora (DCN), Antonio Béjar.