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Las VTC, de enemigos a aliados del taxi para luchar contra Uber y la CNMC

La patronal de VTC carga contra Uber, una de sus asociadas, porque rechaza la ratio 1/30 que ha implantado el Gobierno para beneficiar al taxi.

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La patronal de VTC carga contra Uber, una de sus asociadas, porque rechaza la ratio 1/30 que ha implantado el Gobierno para beneficiar al taxi.

Taxistas y vehículos de alquiler con conductor (VTC) están pendientes de la sentencia que emitirá el Tribunal Supremo en los próximos días acerca de la liberalización o no de este mercado. Sin embargo, por extraño que parezca, la posibilidad de que el Alto Tribunal elimine las fuertes restricciones que padece este sector desde hace décadas, especialmente en cuanto a los límites existentes a la concesión de licencias, está generando extraños compañeros de cama.

Así, a pesar de que taxis y VTC llevan varios años en guerra, desde que el anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero permitió en 2009 la concesión de licencias VTC sin ningún tipo de límite, han pasado de enemigos a convertirse en aliados contra Uber y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La espita saltó el pasado viernes, cuando el Gobierno se sacó de la manga un nuevo real decreto-ley, que deberá convalidar el Congreso, en el que se recoge la posibilidad de que las comunidades autónomas denieguen la concesión de nuevas licencias cuando la proporción sea superior a una VTC por cada treinta taxis (la polémica ratio 1/30). Ante la inminente sentencia del Supremo, que podría liberalizar por completo el sector mediante la derogación del real decreto de 2015 en el que se restablece dicho límite, el Ejecutivo del PP ha optado por elevar a rango de ley esta norma, cuyo contenido fue recurrido en su día por Competencia y la patronal de VTC (Unauto), donde participan Cabify y Uber.

Hasta ahora, Unauto y Uber compartían una estrategia similar contra los intentos de blindar el monopolio del taxi por parte del poder politico, pero esta última artimaña legislativa del Gobierno, ideada exclusivamente con el fin de sortear la sentencia del Supremo, ha evidenciado que existen intereses muy diferentes dentro del sector VTC.

Tal y como explica un portavoz de Uber, "este decreto supone una oportunidad perdida para la creación de miles de puestos de trabajo en España y para la modernización de la movilidad en nuestras ciudades. La apertura del mercado de las VTC favorecerá la creación de miles de puestos de trabajo y tendrá efectos positivos para los ciudadanos, que verán cómo se reduce el precio y mejora la calidad del servicio. Esperamos ponernos a trabajar con el Gobierno, las plataformas y el sector del taxi en una nueva regulación que haga posible nuestro objetivo común: que cada vez más ciudadanos dejen su coche en casa".

La patronal de las VTC, contra Uber

Sin embargo, la reacción de Unauto ha sido muy diferente. En un comunicado publicado el pasado lunes, la patronal de VTC solicita al Supremo que no se pronuncie sobre, al menos, dos de los aspectos recurridos, como es el caso de la ratio 1/30 o la restricción a la prestación de servicios fuera de la comunidad autónoma que concedió la licencia. Es decir, las VTC apoyan estos límites que introdujo el Gobierno, en línea con lo que, curiosamente, defienden los taxistas, a diferencia de Uber, que se desmarca por completo de esta posición.

Tanto es así que la patronal carga ahora abiertamente contra la postura que mantiene la multinacional norteamericana: "Unauto comunica que lamenta que Uber sea el único miembro de la asociación que continúa oponiéndose a la voluntad legislativa del Gobierno, quien ha manifestado de manera clara e inequívoca a través de este real decreto ley hasta dónde quiere que llegue el alcance de la Ley de Garantía y Unidad de Mercado. Desde el más profundo respeto a la opinión de nuestra asociada, lamentamos que Uber continúe sin asumir la medida del Gobierno".

En la comparecencia que tuvo lugar el pasado martes ante el Supremo, tanto Unauto como Cabify dejaron claro que no apoyan una "desregulación incondicional" del sector porque, según ellos, "acabaría volviéndose en contra del usuario, de los conductores, de las empresas del sector y de las propias plataformas". Uber, por el contrario, defiende la liberalización total del sector, de modo que ninguna Administración pueda fijar límites a la concesión de licencias.

La patronal de VTC dice respetar la posición de Uber, pero no la comparte. "No sólo nos desmarcamos de la posición de esta plataforma, sino que no la entendemos, toda vez que desde hace unas semanas, es la propia Uber la que restringe el acceso a nuevos vehículos a su plataforma en Madrid. Nos es difícil comprender que Uber, por un lado, continúe diciendo que no aprueba las restricciones del Gobierno y, por otro lado, sea ella misma la que tiene totalmente restringida la admisión de nuevos vehículos en su plataforma en Madrid". El comunicado concluye señalando que"esperamos que Uber vuelva a unirse al resto del sector y poder así continuar trabajando juntos con las autoridades y el resto de asociados en una movilidad de calidad en un entorno de competencia equilibrada".

A priori, el nuevo real decreto aprobado por el Gobierno restaría importancia a la sentencia del Supremo, ya que al elevar a rango de ley la ratio 1/30, las CCAA no podrían conceder nuevas licencias de VTC. Las que ya fueron autorizadas en los últimos años gracias a la liberalización temporal de este sector (entre 2009 y 2015) podrían acceder al mercado, pero ya no se concederían nuevos permisos, puesto que, en la actualidad, hay 64.217 licencias de taxi por 7.058 licencias de VTC, lo que supone una proporción 1/9, según los datos de Fomento. Aún así, en función de lo que dictamine finalmente el Supremo, no se descarta que la decisión del Gobierno sea recurrida de nuevo ante la Justicia, cuya sentencia tardaría algunos años en llegar, otorgando con ello un nuevo balón de oxigeno a quienes rechazan la liberalización total de esta actividad.

Las posiciones de unos y otros, por tanto, están muy claras:

  • Los taxistas aplauden todas las restricciones que ha aprobado el Gobierno en los últimos años para evitar la entrada de nuevos competidores en el mercado e incluso piden nuevas medidas en esta misma dirección.
  • La mayoría de VTC, con Unauto a la cabeza, tan solo rechazan algunas restricciones, pero no todas: apoyan la ratio 1/30 y la restricción para operar en varias CCAA, mientras se quejan de que el Gobierno les obligue a disponer de 7 autorizaciones VTC para poder operar, limitando el acceso de los autónomos, o que exija una potencia fiscal y un tamaño mínimo del vehículo de 4,60 metros, lo que obliga a hacer una inversión mayor.
  • Uber, por el contrario, al igual que la CNMC, carga contra todas las restricciones, incluida la ratio 1/30, y reclama una liberalización completa de este tipo de transporte, eliminando así la posibilidad de que la Administración de turno pueda denegar la concesión de nuevas licencias VTC.

El origen del conflicto

La guerra entre taxistas y VTC estalla en 2009, cuando el PSOE liberalizó la concesión de licencias sin ningún tipo de límite mediante la aprobación de la ley ómnibus sobre el libre acceso a las actividades de servicios.

Hasta entonces, regía el criterio 1/30 que reclaman ahora los taxistas y algunas VTC. En concreto, la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) de 1987 y su posterior reglamento fijaron esa arbitraria limitación tras al presión ejercida por el lobby del taxi para mantener a raya a la competencia. ¿Y por qué 1/30? Porque, posiblemente, por entonces ésa era la ratio que existía entre ambos sectores.

Gracias a la liberalización, la concesión de licencias VTC se dispara entre 2009 y finales de 2015 porque así lo permite la ley, tal y como están reconociendo los propios tribunales. Pero, posteriormente, el Gobierno de Mariano Rajoy empieza a implantar de nuevo las antiguas restricciones favorables al taxi. Así, los populares reforman la LOTT en 2013 para volver a establecer límites a la concesión de licencias VTC (artículo 48.2), pero no es hasta la aprobación del desarrollo reglamentario de dicha ley, a finales de 2015 -justo antes de las elecciones generales-, cuando vuelve a entrar en vigor la ratio 1/30. Y ahora, ante el riesgo de que Supremo tumbe esta limitación, el Ejecutivo la eleva a rango de ley para sortear a la Justicia.

El penúltimo capítulo de esta guerra radica en el curioso juego de alianzas que se está generando con el paso del tiempo. Hoy, las VTC, a excepción de Uber, se posicionan con los taxistas: no quieren que se liberalice por completo el sector, a pesar de que la eliminación de la ratio 1/30 en 2009 fue lo que les permitió entrar en un mercado que, hasta entonces, era coto privado del taxi. Ahora que están dentro, sin embargo, y, a la vista de que el precio de las licencias VTC está subiendo, no quieren nuevos competidores, según apuntan fuentes del sector. Aplauden algunas de las restricciones políticas que defienden los taxistas porque, ahora sí, les benefician.

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