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El caso Bitkov o cómo los tentáculos de Putin se extienden hasta Guatemala y la ONU

El caso de la familia Bitkov recuerda a los tiempos de la Guerra Fría. 

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El caso de la familia Bitkov recuerda a los tiempos de la Guerra Fría. 
El matrimonio Bitkov encarcelado en Guatemala | EFE

Como buen empresario, el ruso Igor Bitkov veía oportunidades donde otros solo encontraban problemas. De la mano de su esposa Irina, decidió transformar las ruinas de distintas fábricas soviéticas en nuevos centros de producción papelera. El negocio empezó a coger vuelo y, en poco tiempo, los Bitkov eran todo un referente entre la comunidad empresarial rusa.

Pero la política no tardó en cruzarse en su camino. Según explicó el New York Times, los Bitkov se negaron desde un primer momento a mezclar sus negocios con los intereses del régimen de Vladimir Putin. Fue entonces cuando empezaron a ser acusados de "corrupción", al igual que ha ocurrido con tantos otros empresarios que se han negado a colaborar con el Kremlin.

Sus empresas enfrentaron un súbito cambio de actitud por parte de la banca rusa, ligada directamente al poder. El endurecimiento de la financiación llevó a la empresa a la quiebra, a pesar de que sus ventas no paraban de crecer y de que la valoración que se hacía de la compañía era tres veces mayor que la deuda asumida con las entidades financieras estatales.

Los Bitkov no se llamaron a engaño y pusieron rumbo a Centroamérica en 2008, con Guatemala como nuevo destino. El matrimonio tenía claro que eran víctimas de una persecución y creía que hacer las maletas les permitiría empezar de cero y huir de las zarpas del Kremlin, pero esta expectativa parece desvanecerse diez años después.

De hecho, ambos empresarios están hoy recluidos en distintas prisiones guatemaltecas. Su privación de libertad ha sido justificada porque distintos bancos estatales rusos alegaron que la familia Bitkov les debía dinero. No obstante, el Wall Street Journal ya ha explicado que nunca se han presentado pruebas concluyentes que acrediten la supuesta morosidad de los Bitkov con las entidades financieras controladas por el Kremlin.

¿Vuelta a la Guerra Fría?

Y es que lo que está pasando en Guatemala nos devuelve por momentos a la Guerra Fría. En el centro de la polémica están dos cuerpos judiciales diseñados y financiados por la ONU: la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Estas entidades, constituidas a priori para luchar contra la corrupción, están acusadas de operar bajo la influencia del régimen de Putin.

Tanto la FECI como la CICIG han influido directamente en el proceso de los Bitkov. Distintos jueces guatemaltecos han rechazado la causa contra el matrimonio de empresarios, bien desestimando la acusación de los bancos rusos, bien rebajando el caso a una mera disputa administrativa. Sin embargo, estas entidades han insistido en mantener la acusación, hasta el punto de que los Bitkov podrían pasar entre tres y cuatro lustros en prisión, de acuerdo con la última sentencia emitida.

La sombra de Putin está tan presente que el senador estadounidense Marco Rubio, ex candidato a la presidencia en las primarias del Partido Republicano, ha afirmado que "existen signos de que la FECI y la CIGIG están siendo manipuladas y utilizadas por elementos radicales de la izquierda e incluso del régimen de Putin". Ambas entidades se han defendido apuntando que la Comisión Nacional de Refugiados denegó la solicitud de asilo a los Bitkov y han señalado que no tienen intereses políticos. Sin embargo, el debate está servido y ya ha dado el salto a los principales diarios internacionales.

El cuestionable papel de la CIGIG

Jonatán Lemús, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Francisco Marroquín, se ha convertido en una de las voces más autorizadas del país centroamericano a la hora de cuestionar el papel que está jugando la CIGIG. Creada entre 2006 y 2007, en virtud de un acuerdo con la ONU que fue ratificado por el Congreso, dicho ente está detrás de los procesos judiciales que han tumbado a relevantes figuras políticas, como el ex presidente Otto Pérez Molina.

Inicialmente, los medios de comunicación presentaron el experimento de la CIGIG como un caso de éxito en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, esa mirada optimista está cada vez más cuestionada. Como explica Lemús, "la CIGIG está influenciando los nombramientos judiciales, proponiendo reformas muy controvertidas en la Constitución, espectacularizando los procesos judiciales…". Para Lemús, "por mucho que esta institución fuese creada con la idea de operar de manera puntual, su fecha de caducidad va desapareciendo y la propia burocracia parece centrada en asegurar su continuidad y maximizar sus recursos".

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