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El sector estalla contra la prohibición de alquilar pisos (y no chalets) en Mallorca: "Es radical y populista"

Las patronales claman en tromba contra la prohibición de alquilar viviendas en edificios plurifamiliares en Palma. 

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Las patronales claman en tromba contra la prohibición de alquilar viviendas en edificios plurifamiliares en Palma. 
Vistas de la Catedral de Palma | Pixabay/CC/cocoparisienne

Golpe a los propietarios de pisos turísticos en Palma de Mallora. El Ayuntamiento de Palma, gobernado por la coalición de PSOE, Més y Podemos, ha anunciado una polémica propuesta contra el alquiler de este tipo de viviendas en la isla. Según anunció el pasado lunes el consistorio, los propietarios de inmuebles situados en edificios plurifamiliares no podrán alquilarlas a los visitantes, mientras que sí permitirá el arrendamiento vacacional en todo el municipio de casas unifamiliares. Serán el próximo mes de julio cuando entre en vigor esta distinción sin precedentes en nuestro país.

Con esta medida, las villas y los chalets mallorquines, cuyos propietarios tienen un nivel adquisitivo mayor que los propietarios de una casa situada en un bloque de pisos, quedarían exentos. El teniente de alcalde de Urbanismo, José Hila, ha destacado que el propósito de esta medida es preservar el derecho del acceso a la vivienda para los residentes y los trabajadores frente a la presión de la demanda para uso turístico. Hila olvidó mencionar la enorme contradicción que supone para la coalición de izquierdas perjudicar a las rentas más bajas en favor de los grandes capitales.

"Consecuencias en las rentas de los ciudadanos"

Las reacciones de los representantes de los propietarios no se han hecho esperar. La patronal de alquiler turístico Habtur Baleares ha lamentado que la propuesta de zonificación de Palma "discrimine a los plurifamiliares en todo el término municipal". Según ha expresado la patronal de alquiler turístico en un comunicado, la decisión de prohibir el alquiler en viviendas plurifamiliares "llevará consecuencias en las rentas de los ciudadanos que hasta ahora podían paliar la reducción de la misma en sus hogares mediante esta modalidad de alquiler".

La Federación Española de Viviendas y Apartamentos Turísticos va más allá, y prevé emprender acciones legales contra esta prohibición en la capital balear. La patronal califica la medida de "radical y populista" y asegura que "responde únicamente a motivaciones políticas". Para el presidente de FEVITUR, Tolo Gomila, esta situación "denota la más absoluta animadversión hacia el turismo y hacía la economía", así como la "incapacidad de gestión de una minoría radicalizada que por juegos de equilibrio parlamentario tiene responsabilidad en el gobierno municipal".

"No estamos frente a una regulación, estamos frente a una prohibición que empobrece la ciudad", insiste Gomila, que lamenta las consecuencias que tendrán para la pequeña y mediana empresa y el comercio de la capital balear. En la misma línea ha ido la Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco), quien ha coincidido en que el alquiler vacacional "dinamizaba la economía local y el comercio por las compras de unos turistas que ahora desaparecerán al menos del centro y también por que la entrada de alquileres turísticos estimulaba el consumo".

"Evita que todo el mundo se beneficie del turismo"

"No son buenas noticias" para el director de comunicación de la plataforma de alquiler de pisos turísticos HomeAway, Joseba Cortázar. En declaraciones a Libre Mercado, ha calificado la prohibición como "una barrera que impide a cualquier persona obtener una rentabilidad de su propiedad o complementar sus ingresos". Cortázar cree que "es una medida encubierta que evita que se beneficie todo el mundo de los ingresos que genera el turismo".

Cortázar asegura que "hay un gran porcentaje de propietarios de chalets en Palma con un perfil extranjero con unos ingresos muy superiores a los de los pisos". Además, cree que el efecto que tendrá la prohibición será "la ocultación y la economía sumergida".

La valoración de Cortázar también coincide con la de la patronal de la economía colaborativa Adigital. "Corre el riesgo de abocar a la economía sumergida a cientos de familias que obtienen ingresos adicionales alquilando sus propiedades a otras familias", han asegurado mientras señalan que la medida es "desproporcionada e injustificada". Los propietarios se enfrentan a multas que van de los 20.000 a los 40.000 euros.

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