El ministro de Hacienda lleva tiempo denunciando que hay empresas tecnológicas "que no están pagando suficientes impuestos". Con este argumento, el departamento que dirige Cristóbal Montoro se ha puesto a trabajar en un gravamen que se aplicaría desde este año a distintas compañías proveedoras de servicios digitales.
El diseño del impuesto se desmarca del Impuesto de Sociedades en la medida en que no está pensado para gravar los beneficios, sino que pretende retener fiscalmente una parte de las ventas de las empresas. Según las primeras informaciones que han salido a la luz, ese "mordisco" sería del 3% de la facturación de las mercantiles del sector tecnológico.
Hay que señalar que, hasta hace apenas unas pocas semanas, el gobierno de España trabajaba para aprobar un impuesto de esta índole a nivel europeo. Sin embargo, una alianza compuesta por países como Irlanda, Luxemburgo, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Lituania, Malta o Reino Unido bloqueó la introducción de la tasa en el último Consejo de Ministros de Economías y Finanzas celebrado en Bruselas.
La muerte de la Tasa Google parecía haber sepultado la idea de crear una tasa tecnológica, pero la reacción del Ejecutivo de Mariano Rajoy ha sido la opuesta y, según lo anunciado por el Ministerio de Hacienda, el objetivo es sacar adelante el tributo lo antes posible, sin importar la falta de consenso entre los socios europeos.
De hecho, la regulación que plantea el gobierno de España es mucho más estricta que la que en su momento se propuso desde las instituciones comunitarias. Así, la Tasa Google debía aplicarse a compañías que facturen 50 millones de euros, mientras que el nuevo gravamen que quiere aprobar el Ejecutivo popular entraría en vigor a partir de los 7 millones de ventas. Además, la tasa se aplicaría también a firmas que cuenten con más de 100.000 usuarios o más de 3.000 contratos en vigor.
Dudas sobre la capacidad recaudatoria
Pero lo más grave de todo es que la instauración de esta tasa se ha justificado "para indexar las pensiones, ajustándolas al IPC". Esto no solo supone una enmienda al discurso que venía manteniendo la Administración Rajoy desde 2012, sino que abre la puerta a la guerra de cifras sobre el saldo fiscal que tendrá la combinación del nuevo impuesto y de la subida de las pensiones.
De momento, el Sindicato de Técnicos de de Hacienda (Gestha) ya ha declarado que el impuesto no será efectivo hasta 2020 y solo generará entonces "algo más de 500 millones, lejos de los 1.600 millones que cuesta indexar las pensiones al IPC". Algo similar defiende Raymond Torres, director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), que considera que "es muy dudoso que se puedan conseguir 600 millones este año" y advierte que las medidas planteadas "son insuficientes para cubrir el coste adicional de la subida de las pensiones".