El aumento de los delitos de usurpación en los últimos años, especialmente en Madrid y Barcelona, y los lentos procesos judiciales, que dejan desamparados a los propietarios, han provocado la aparición de empresas encargadas de desokupar las viviendas de forma casi inmediata. A la conocida empresa Desokupa, que ha sufrido varios ataques mediáticos, se ha unido Desokupacionlegal. Ambas compañías buscan terminar con el problema de los okupas, garantizar el derecho a la propiedad privada (reflejado en el Artículo 33 de la Constitución Española) y solucionar los grandes quebraderos de cabeza de los propietarios.
Con casi cuatro años de experiencia, Desokupacionlegal se ha ganado la confianza de sus clientes por recuperar, en un 98% de los casos, las viviendas que han sido usurpadas. Su modus operandi es totalmente legal y se basa en el denominado control de acceso. Según la empresa, es un "método idóneo para aquellos que tengan una necesidad urgente de volver a acceder a su vivienda" y aconsejable en pisos de las grandes urbes por la existencia de una única puerta.
Mediante estos sistemas, primero intentan hablar con los okupas para que entren en razón y sepan la gravedad del delito que cometen y, si esto no funciona, un guardia de seguridad esperará a que salgan de la vivienda para, posteriormente, impedirles el acceso a la misma. En ese momento comienza la negociación.
No utilizan la violencia, su única arma son las palabras. Y aunque sean calificados de "matones" por ciertos sectores, intentan ayudar al okupa poniéndose en contacto con Servicios Sociales para buscar una alternativa con las que todos salgan beneficiados. "A las familias necesitadas se les intenta ayudar, incluso con el alquiler social, pero nunca se les da dinero en mano. Siempre intento ser lo más neutro posible, al fin y al cabo se trata de una mediación". Así lo aclara Jaime Sanz, director de operaciones de Desokupacionlegal.
Otro aspecto clave en este tipo de servicios es la inmediatez. "Depende del tipo de okupas, varía mucho, solemos tardar de 24 a 48 horas. Previamente estudiamos la situación para saber qué operativa hace falta". En una entrevista con Libre Mercado, Sanz asegura la eficacia de sus servicios y afirma que solo se les ha "cruzado un caso" que acabaron resolviendo en 72 horas. "Trabajamos siempre con empresas de seguridad, totalmente legislados con el Ministerio del Interior, no con chicos de gimnasio", añade. Sin embargo, no puede dar un precio fijo porque "cada caso es diferente".
Procedimiento legal
La empresa, que opera en toda España, ofrece otra alternativa ante una okupación: el desahucio exprés que dentro del ordenamiento jurídico se denominaría desahucio por falta de pago. A través de este método, más lento que el control de acceso (en torno a los cinco meses), el propietario solicita al Estado el desalojo por impago del inquilino. Este proceso empieza interponiendo una demanda de desahucio que se tramitará por un juicio oral (más rápido que el ordinario). El arrendador también puede reclamar el ingreso de la deuda impagada. Pese a ello, los procesos se suelen retrasar en el tiempo, generando graves problemas al propietario, motivo por el cual el Congreso está tramitando una reforma para acelerar los desalojos.
Por último, Desokupacionlegal aconseja disponer de diferentes sistemas de seguridad para evitar que este tipo de situaciones sucedan. Desde blindar la puerta principal hasta la instalación de las denominadas puertas antiokupa o los modernos controles de acceso biométricos.