¿Por qué se teme tanto a la competencia? ¿Y por qué ese temor se disfraza mediante referencias confusas, en vez de apostar, abiertamente, por una economía intervenida? ¿Son las ideas y los principios los que están ensombrecidos, o es la falta de valentía y los intereses inconfesables lo que predomina?
Los políticos todos, pero más los gobernantes, deberían ser cautos a la hora de mostrar sus preferencias, pues, quiérase o no, la sociedad, esa que les tiene que elegir, asociará lo dicho a lo pensado. Como el pez, también el político muere por la boca.
Cuando un gobernante pretende, mediante un marco regulatorio, conseguir eficacia y justicia por encima de lo que el mercado competitivo es capaz de ofrecer, puede estar seguro de que no conseguirá tales objetivos y, por el contrario, creará espacios económicos privilegiados que perdurarán por días sin término.
El presidente del Gobierno se ha sumado –en el curso del World Congress Retail– a la petición de los grandes almacenes para romper la competencia del comercio presencial con el comercio on line. El argumento no puede ser más falaz: que compitan en iguales condiciones.
Pretender que todos los concurrentes a un mercado sean igual de listos, tengan la misma tecnología, incorporen igualmente las innovaciones y asuman por igual los riesgos es estar pensando en pajaritos preñados. Así lo pretendió la Unión Soviética, hasta su total hecatombe.
Las condiciones no se crean artificialmente; aparecen en cada mercado y en cada momento histórico. Son consecuencia del encuentro –presencial u on line– de pretensiones diversas –nunca uniformes– de demandantes y oferentes, manifestadas libremente según sus objetivos: unos están dispuestos a pagar un precio por un bien o servicio del que esperan satisfacción; otros lo están a entregar un bien o servicio por un precio del que esperan un beneficio.
¿Estamos, acaso, prohibiendo el comercio on line a los establecimientos que operan en el presencial? ¿Por qué no prohibimos también, en el sector manufacturero –vía marco regulatorio–, los procesos digitalizados alegando igualdad de condiciones? ¿Por qué no prohibir la tecnología de vanguardia en los procesos económicos? El hombre, aun dormido, es mucho más inteligente que el mejor programa informático.
Cualquier innovación es, cuando menos, merecedora de consideración por los agentes del mercado. Éstos la incorporarán o la rechazarán a sus procedimientos productivos/consuntivos, en función de su eficiencia/utilidad, nunca por discursos políticos o promesas gubernamentales. Los resultados intervencionistas en períodos autárquicos son sobradamente elocuentes. No olvidemos que toda innovación es una oportunidad para la mejor gestión empresarial.
¿Qué se esperaría de una política que frenase la innovación tecnológica en la producción de bienes y servicios con la a pretensión de que hay empresas que mantienen sus prácticas obsoletas o poco eficientes? Nuestro Gobierno trató de que la Unión Europea y la OCDE asumieran, en la era digital, este discurso mediante la creación de un impuesto/tasa tecnológico –Google…– , pero el intento, por el momento, parece fallido.