Treinta y cinco catedráticos de Derecho Financiero y Tributario se han reunido en Granada para aprobar un durísimo manifiesto en el que se cuestiona el modus operandi de la Agencia Tributaria en la era Montoro. El texto pactado por los académicos denuncia, entre otras cuestiones, que la Hacienda española ha cambiado la "presunción de inocencia" por la "presunción de culpabilidad".
Para ser precisos, el documento considera que "parece haberse dado una cálida acogida en las dependencias administrativas a la presunción de culpabilidad", lo que ha convertido al contribuyente "en una especie de administrador vicario". El texto carga con insistencia contra la indefensión que enfrentan los ciudadanos ante los procesos lanzados por Hacienda.
El documento que se está discutiendo en Granada va más allá y critica que hay una notable desigualdad en las relaciones entre los contribuyentes y la Administración tributaria:"No se contempla al contribuyente como ciudadano, sino como súbdito". En este sentido, cabe recordar que el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) ha recibido 1,6 millones de reclamaciones desde 2008.
Según dicha estancia, casi la mitad de las quejas de los contribuyentes estaban bien fundamentadas, de modo que los propios organismos de supervisión de Hacienda confirman que la Agencia Tributaria está siguiendo una línea muy cuestionable en su trato con los contribuyentes. Al respecto, el manifiesto critica que"el afán recaudatorio parece ser el único objetivo, con olvido de derechos y garantías individuales".
Lazos con el PSOE
Y lo más curioso de todo es que este grupo de académicos es próximo al PSOE, evidenciando así, una vez más, que Montoro adelanta por la izquierda a los socialistas. No en vano, la declaración cuenta con el aval de Rodríguez Bereijo, que fue elegido presidente del Tribunal Constitucional en 1995, bajo gobierno de Felipe González. También suscribe el documento Martín Delgado, profesor en distintas universidades y exconsejero de Cultura de la Junta de Andalucía, cargo en el que le sucedió Carmen Calvo. Otro de los firmantes es Martín Queralt, que en los años 80 fue reclutado por el socialista Joan Lerma como Director General de Tributos de la Comunidad Valenciana.
Además, entre los autores del manifiesto está también Fernando Pérez Royo, que fue diputado por el Partido Comunista entre 1979 y 1985 y eurodiputado por Izquierda Unida entre 1987 y 1992 antes de dar el salto al PSOE, por el que fue representante en Bruselas de 1994 a 2004. De modo que los lazos con el partido del puño y la rosa son más que evidentes entre muchos de los académicos que se han reunido en Granada.
Declaración de Granada
El documento critica los pactos con partidos nacionalistas, que define como una peligrosa fragmentación de la unidad de la Hacienda pública española. En este sentido, el manifiesto pide al Gobierno central que "ejerza de forma activa su competencia exclusiva de armonización y regulación" y critica que las negociaciones con los grupos separatistas trasladan la idea de que "en la vida pública, todo se compra o se vende".
En Granada se critica también el deterioro de la seguridad jurídica,"fruto del abandono de los conceptos sobre los que asentó el nacimiento de nuestro Derecho Tributario", y se critica que las grandes corporaciones "esquiven" el control de Hacienda a base de diseñar complejas estrategias de planificación tributaria.