Aunque la actualidad política nacional sigue dominada por los escándalos de corrupción que afectan al Partido Popular, lo cierto es que los tribunales están indagando decenas de casos ligados a otras agrupaciones. Un buen ejemplo lo tenemos en la Comunidad Valenciana, donde la Jefatura Superior de la Policía investiga desde hace varios años la posible financiación irregular del PSOE-PSPV.
¿En qué consiste esta trama? Libre Mercado ha tenido acceso al informe policial remitido el 15 de diciembre al juzgado de instrucción número 21 de la ciudad del Turia. Dicho documento supuso un punto de inflexión en la investigación, puesto que puso el foco en una presunta trama de financiación irregular que habría empezado a operar en Benidorm pero habría terminado extendiendo sus tentáculos hasta llegar a la misma capital autonómica.
El informe de la UDEF involucra a distintas organizaciones, entre las que destaca la empresa Crespo Gomar SL, una agencia de comunicación y marketing que aparece en el centro de la presunta trama de financiación irregular que ya se conoce popularmente como la "Gürtel Roja".
Además, el dossier involucra a otras compañías como Hospimar, Construcciones Blauverd, Quick Meals Ibérica, La Vital Centro Comercial y de ocio, Metrovacesa, Egevasa, Lubasa y la empresa pública Aquamed. Según la UDEF, todas estas mercantiles habrían participado en la trama de facturas falsas mediante la cual los socialistas habrían financiado campañas electorales a base de adjudicaciones públicas.
El documento policial implica directamente en la trama a políticos como Anabel Hallado, ex secretaria de organización del PSOE Benidorm, o Pepe Cataluña, exresponsable de finanzas del PSOE-PSPV.
Contabilidad en "A" y en "B"
El Grupo de Blanqueo de Capitales de la policía ha estudiado la documentación de las distintas empresas implicadas y ha detectado "instrucciones a empleados" que indican "cómo deberían realizarse las facturas y a nombre de quién". Esa contabilidad "A" sería, en realidad, la versión maquillada de una contabilidad "B", que también habría sido detectada por las autoridades a base de comparar las facturas oficiales con los apuntes contables requisados durante la investigación.
Así, la policía cree que "diversas empresas con actividad comercial en Gandía y Benidorm pudieran haber asumido facturación que debiera haber sido realizada a PSOE-PSPV y Bloc-Compromís". La presunta operativa empezaba con la prestación de servicios por parte de CRESPO GOMAR SL a ambas formaciones de izquierda. A continuación, la policía entiende que la firma emitía facturas por dichos servicios a terceras empresas, que a su vez se beneficiaban después de adjudicaciones o comisiones.
Las autoridades destacan que "en otras investigaciones de financiación irregular, se ha acreditado un procedimiento idéntico. La tercera empresa asume el importe de la factura, que en realidad son gastos del partido, y la abona a la compañía que ha realizado esos trabajos, en este caso Crespo Gomar SL. A continuación, esa tercera empresa se beneficia de contrataciones o adjudicaciones concedidas por los Ayuntamientos que gestionan los partidos políticos implicados. De esta forma, se compensan con creces los desembolsos realizados". La documentación que remitió la policía apunta que, "como mínimo, el funcionamiento de la trama se mantuvo entre los años 2005 y 2008, ambos inclusive".
Benidorm solo es el comienzo
Pero, como explicará Libre Mercado en los próximos días, la identificación de la presunta trama corrupta de Benidorm fue solamente el comienzo. Poco a poco, los agentes de la policía fueron tirando de la manta y encontraron operativas muy similares en otras localidades, como por ejemplo Valencia capital. Además, la investigación de la "Gürtel Roja" no solo ha salpicado a PSOE-PSPV, sino que también ha puesto el foco sobre las cuentas de Bloc-Compromís, igualmente discutidas por la UDEF.