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Colau obliga a reservar el 30% de los pisos nuevos a vivienda social

La alcaldesa de Barcelona da marcha atrás a la moratoria de obra nueva para aprobar su polémico plan de vivienda social.

La alcaldesa de Barcelona da marcha atrás a la moratoria de obra nueva para aprobar su polémico plan de vivienda social.

La comisión de Urbanismo de Barcelona ha aprobado este lunes inicialmente que promotores de vivienda y de grandes rehabilitaciones destinen un 30% a pisos protegidos, con el apoyo de BComú, ERC, PSC y CUP, la abstención de PDeCAT, Cs y Demòcrates, y el voto en contra del PP.

La medida ha prosperado después de retirar una suspensión de licencias que no incluyeran este nuevo criterio que se iba a aplicar después de esta aprobación inicial, por lo que finalmente se seguirán otorgando licencias sin este 30% hasta que la medida se apruebe definitivamente, algo previsto para después de verano y que deberá abordarse con la Generalidad.

La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, ha insistido en que la medida ayudará a acabar con los incentivos de la especulación: "Queremos regular el mercado inmobiliario para que los promotores privados se corresponsabilicen", y ha dicho que se prevé un crecimiento del parque de vivienda público en 350 pisos al año.

El Gobierno de Ada Colau y las entidades promotoras de la ampliación del parque público de vivienda -PAH, Favb, Sindicat de Llogaters, Desc y Abts- querían que la norma empezara a aplicarse desde su aprobación inicial, tramitando sólo las licencias que cumplieran con este requisito sin necesidad de aprobarlo definitivamente, algo a lo que se oponían ERC y PSC.

Desde el PDeCAT, Jordi Martí ha pedido consenso metropolitano y dicho que la medida es resultado de una "precipitación imperdonable" que no se ha abordado con su grupo, que se ha sentido menospreciado, y Koldo Blanco (Cs) ha criticado al Gobierno de Colau que quiera corresponsabilizar al sector privado sin haber abordado la medida con éste, forma de actuar que no pueden apoyar aunque compartan objetivos.

Alegaciones

Jordi Coronas (ERC) ha celebrado la medida, aunque ha afirmado compartirla con "matices y dudas"; el concejal del PSC Daniel Mòdol ha dicho no estar seguro de la viabilidad jurídica de la norma, y Javier Mulleras (PP) ha sostenido que afectará negativamente a la construcción de viviendas privadas.

La concejal de la CUP Eulàlia Reguant ha asegurado que hacen falta medidas valientes que reviertan la mercantilización de un derecho básico como la vivienda: "El PSC y ERC han hecho que los 'lobbies' inmobiliarios estén contentos", y el concejal no adscrito de Demòcrates, Gerard Ardanuy, también ha mostrado sus dudas sobre la viabilidad de la medida.

Esta modificación del Plan General Metropolitano, que entra en un periodo de alegaciones de un mes, afectará a construcciones desde 600 metros cuadrados, cambios de usos de ampliaciones y grandes rehabilitaciones, con excepciones para edificios con un grado de protección de patrimonio arquitectónico A, B o C y en ámbitos en transformación con reserva de vivienda protegida.

El Gobierno municipal argumentaba que la suspensión de licencias no paralizaría la actividad en la ciudad -como criticaban grupos de la oposición- porque sí se otorgarían las que cumplieran con la normativa vigente y la propuesta mientras se termina de tramitar, y también la defendía la CUP, que ha pedido volver a incluir la suspensión con una proposición de urgencia, pero se ha rechazado.

La medida permitirá que la ciudad gane unas 350 viviendas protegidas distribuidas por toda Barcelona al año, y estos pisos deberán ubicarse en el mismo edificio o, en determinados casos, en otra parcela en el mismo barrio, y serán de alquiler o compra a criterio del promotor, aunque el Ayuntamiento fomentará el alquiler y los adquirirá si es posible y adecuado.

La misma comisión, a la que han acudido representantes de las entidades promotoras de estas medidas, ha aprobado otra modificación del PGM para ampliar el derecho de tanteo y retracto del Ayuntamiento -que da preferencia a la administración para comprar fincas en todas las operaciones de compraventa en la ciudad-, que ha contado con los votos a favor de BComú, ERC, CUP y Ardanuy, el voto contrario del PP, y la abstención de PDeCAT y Cs.

La obligación de destinar el 30% a vivienda protegida tiene en cuenta la viabilidad de la operación, en base a que el valor del suelo ha incrementado un 60% entre 2013 y 2017, por lo que la viabilidad económica está asegurada si el terreno o la finca se adquirió antes de 2016, por lo que en estos casos sí se aplicaría esta obligación para obtener la licencia.

En cambio, si la finca se adquirió a partir del 2016, la viabilidad quedaría en riesgo, por lo que el Gobierno municipal propone excepciones: los que iniciaron procesos entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de junio del mismo año deberán destinar el 20% en lugar del 30% para tener la licencia, y los que lo hicieron entre el 1 de junio de 2016 y la aprobación inicial tendrán dos años para pedir licencia sin tener que reservar el 30% a vivienda protegida.

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