La llamada Gürtel Roja empezó como una investigación relativamente modesta, referida solamente a la presunta "caja B" del PSOE-PSPV en el Ayuntamiento de Benidorm. Sin embargo, los agentes de la policía tiraron de la manta y encontraron estructuras similares en la agrupación socialista de Valencia capital, así como una red de presuntas facturas falsas que salpicaría también a Bloc-Compromís.
En el centro de la operativa aparece la agencia Crespo Gomar SL, una mercantil dedicada a la comunicación y el marketing que, según la UDEF, habría asumido gastos de campaña que después habrían sido sufragados no por el PSOE-PSPV, sino por los contribuyentes, mediante contratos y adjudicaciones concedidos a terceras empresas que, de acuerdo con la policía se prestaban a esta triangulación a cambio de comisiones.
Pero la cosa no acaba aquí. Como explica el juzgado de investigación número 21 de Valencia en un auto con fecha 19 de enero de 2018, en el transcurso de la investigación se ha podido comprobar que Crespo Gomar SL ha sido adjudicataria de distintos contratos concedidos por el gobierno de Rodríguez Zapatero. Para ser precisos, han sido objeto de pericia dos adjudicaciones: una de 2008, otorgada por el ministerio de Sanidad a cambio de 184.138,40 euros, y otra de 2009, concedida por el ministerio de Vivienda a razón de 126.208,00 euros.
Tras repasar las apreciaciones del perito, el juez instructor distingue en la segunda adjudicación "irregularidades que van más allá de lo meramente administrativo y podrían ser constitutivas de infracción penal". Y es que, como apunta el auto, "del estudio del contenido del expediente resulta muy llamativo que se procediese a la apertura de la oferta económica sin disponer de los informes técnicos. En los procesos de licitación pública siempre se procede a la apertura en primer lugar de la oferta técnica y, posteriormente, una vez puntuada, se hace la apertura de la oferta económica. Hacerlo a la inversa no lleva sino a favorecer la falta de transparencia, ya que conociendo de antemano la puntuación obtenida por cada licitador con su oferta económica, resulta mucho más sencillo intentar favorecer a cualquiera de ellos, dado el carácter subjetivo de la valoración técnica".
Además, "el expediente pone de relieve la falta de motivación en el rechazo de uno de los licitadores por baja temeraria, lo que claramente favorece a Crespo Gomar SL, que no hubiese resultado adjudicatario en caso de no haberse rechazado al otro licitador concurrente".
El juez también apunta que "existen en el expediente una serie de irregularidades de las que indiciariamente parece concluirse que el contrato estaba adjudicado antes de que formalmente se hubiesen seguido los trámites o pasos legales. Con anterioridad al 18/12/2008, fecha en la que todavía no se ha firmado el contrato, se requirió a la Intervención General para que mandase delegado al acto de recepción de los servicios contratados, apareciendo ya el nombre de Crespo Gomar SL. Además, para poder suscribir un contrato administrativo (el del expediente figura firmado el 29 de diciembre) se requiere que, previamente, el Abogado del Estado haya bastanteado los poderes que aporta la persona que comparece a la firma del contrato en representación de la adjudicataria. En el expediente objeto de informe, el bastanteo del Abogado del Estado llevaba la firma del 5 de enero, por lo que resulta imposible que el 29 de diciembre se firmase el contrato".
La red de contratos sobre los que pone el foco el juez también abarca otras licitaciones locales, como una del Ayuntamiento de Benidorm concedida en 2010 por 193.000 euros, así como dos contratos suscritos con la empresa pública Acuamed, por 205.000 y 200.000 euros cada uno.
Este último punto también afecta al gobierno de Rodríguez Zapatero, puesto que Acuamed es la empresa pública que creó el Ejecutivo del ex presidente socialista para poner en marcha su controvertido plan de construcción de plantas desalinizadoras. Tras repasar el informe pericial, el juez entiende que se produjo "un fraccionamiento de la contratación, con el claro objetivo de obviar el cumplimiento de la Ley de Contratos", que por aquel entonces permitía adjudicaciones a dedo cuando las cantidades no superaban los 211.000 euros.
Además, el auto recuerda que, "junto a estos contratos, unos días después se sacaron a licitación otros dos que también estaban relacionados con el sector de la comunicación y la publicidad, pero se cerraron por un importe de 60.000 euros cada uno. Estos servicios debieron ser licitados conjuntamente, al tratarse de acciones comunicativas sobre las bondades de las desalinizadoras".
Peor aún, el juez entiende que "se puede observar que se presentaron al concurso empresas del mismo grupo que omitieron dicha circunstancia pese a estar obligadas a ello". Esto supone "una clara limitación del principio de concurrencia pública. Algo similar ocurrió en los contratos de 60.000 euros: de nuevo, aparecen empresas ligadas a Crespo Gomar y una de ellas, Silvia García SL, se lleva la adjudicación de la discordia.
Los hechos, que habrían prescrito, apuntan a lo que el juez identifica como una "financiación irregular de formaciones políticas", en este caso el PSOE-PSPV. En el auto también se apunta a un presunto delito de prevaricación y/o malversación, ligado a las distintas adjudicaciones comentadas en párrafos anteriores. Al tratarse de contratos concedidos a nivel estatal, el juzgado valenciano ha elevado la investigación al ministerio fiscal, de modo que la trama tiene ya rango nacional.
Toda la cúpula del ministerio de Vivienda, imputada
Pero el auto abarca solamente una parte de la presunta trama. Y es que las informaciones que ya obran en poder de distintos juzgados recogen 2,7 millones de euros ligados a contratos que fueron encargados a Crespo Gomar SL por los ministerios de Medio Ambiente (responsable de Acuamed y ocupado entonces por Cristina Narbona, hoy presidenta del PSOE), Sanidad y Vivienda.
De hecho, el juzgado de instrucción número 24 de Madrid ha citado como investigados a buena parte de los altos cargos del ministerio de Vivienda. Los imputados formaban parte del gabinete de Beatriz Corredor y habrían formado parte del concurso de publicidad del Plan de Vivienda 2009-2010, otorgado a Crespo Gomar SL por importe de 126.000 euros.