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La campaña preelectoral de Susana Díaz rebaja de nuevo a 35 las 37,5 horas constitucionales de los funcionarios de la Junta

Comenza una frenética actividad tratando de "amarrar" un frente sindico-laboral-social.

Pedro de Tena (Sevilla)
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Es preciso recordar que la Junta de Andalucía decidió por su cuenta instaurar la jornada de 35 horas para sus funcionarios, decisión recurrida por el gobierno Rajoy y constitucionalmente laminada. Para disimular su derrota, Susana Díaz inventó un calendario laboral que conllevaba 35 horas presenciales y 2,5 horas en casa, reconocidamente incontrolables. Pero eso se acabó. De nuevo, ha impuesto la jornada de 35 horas olvidándose de los cursos que sus funcionarios iban a hacer desde casa. El Mundo subraya el adiós a uno de ellos, el famoso "mindfulness".

Desde ayer, los 270.000 empleados públicos de Andalucía se quedan sin cursos extra de formación en esas 2.5 horas y media de diferencia porque la Junta, desde su consejo de Gobierno, va a hacer efectivas las 35 horas semanales. ¿Y las dos y media que faltan? Habría que preguntar al ex ministro Montoro que quien a principios de este año anunció que las 35 horas –no las 37,5 forzosas según ley orgánica y Tribunal Constitucional– iban a recuperarse.

Y ha sido ayer mismo cuando la Junta, ya abiertamente implicada en una precampaña electoral ahora de marcado signo laboral-sindical, ha decidido aplicar las 35 horas de nuevo por su cuenta y sin esperar negociación alguna derivada de los presupuestos generales del Estado para 2018. Cuando Susana Diaz habla de la igualdad para todos los territorios en España, parece olvidarse que la jornada laboral de los funcionarios es uno de sus elementos.

A pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional vigente, la Junta insiste en que la la decisión sobre la cuantía de la jornada de los funcionarios es una competencia autonómica propia, no estatal. Por si fuera poco decidió la subida salarial del 1,5 por ciento de todas las retribuciones del personal, con efecto retroactivo desde el 1 de enero. Esto es, 211 euros de media para cobrar en la nómina de agosto.

En 2019, precisa ABC, se aplicará una subida fija del 2,25% y en 2020 otra más del 2%, además de incorporar cada 1 de julio un 0,25% más en 2018, un 1% en 2019 y 1,25% en 2020, hasta llegar a un 7,25% más de forma global en estos tres años para los empleados públicos.

También se anuncian cambios en los permisos de maternidad y paternidad, cuya equiparación se hará de forma progresiva. En 2018 será de cinco semanas, en 2019 de diez semanas y en 2020 de 20 semanas. Además, en 2018 se amplía la tasa de reposición del 100% a todos los sectores, pues hasta ahora se limitaba a educación y sanidad, y se suma un 8% adicional en algunos sectores para el refuerzo de las plantillas.

Nada de esto sería posible de no haber inyectado el gobierno amigo de Pedro Sánchez 35 millones de euros en una nueva relajación en el cumplimiento de déficit público autonómico necesario por ser ordenado por Bruselas.

Sin embargo, nada se dice desde la Junta sobre el plan de alivio de la deuda de las Comunidades que parece centrarse, más que nada, en dos de ellas, Cataluña y Valencia, que deben 54.000 millones y 37.000 millones respectivamente. Habría que saber en cuánto serán beneficiadas a pesar de haber incumplido sistemáticamente las reglas de estabilidad que se esforzó en cumplir Andalucía junto a otras muchas comunidades.

La campaña preelectoral laboral-sindical continuó ayer con la constitución del Consejo de la Entidades de Economía Social y hoy siguen las reuniones con sindicatos y empresarios para dar a luz mejoras de las condiciones de empleo de los trabajadores andaluces y evitar la precariedad laboral.

Estas mejoras se suceden sin pausa. Desde cinco líneas de subvenciones dotadas con 4,3 millones de euros dirigidas a las 3.400 empresas del sector de la economía social para el fomento del empleo en cooperativas y sociedades laborales a dotación de 12,45 millones del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía y ampliaciones para 2019.

En salud, donde Susana Díaz sufre el efecto Spiriman el límite de gasto del Servicio Andaluz de Salud sube hasta los 55,11 millones. Es preciso destacar una partida de 5,5 millones de euros que en 2019 se destinará a la contratación de desempleados por entidades sin ánimo de lucro en sectores como la atención a la dependencia, el medio ambiente, las nuevas tecnologías o el voluntariado. Y habrá otros 3.75 millones para actividades industriales de ámbito local con repercusión en autónomos, ONG dedicadas al desarrollo local, etc.

Dadas las subidas acordadas para el sueldo de los empleados públicos cobra especial atención la llamada administración paralela de la Junta que la componen, oficialmente en los presupuestos para 2018, 23.899 personas que cuestan al erario andaluz alrededor de 1.000 millones de euros, concretamente 969,67 millones con un crecimiento de 85,3 millones en un solo año.

La Junta destina a estos entes –fundaciones, empresas, agencias, consorcios y RTVA–, 3.449 millones de euros, alrededor de un 10 por ciento del presupuesto global de un año.

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