Es difícil no entender al gremio del taxi. Su sector estaba completamente blindado a la competencia. Su capacidad de bloquear una ciudad con sus vehículos les permitía dormir tranquilos sabiendo que ningún Gobierno se atrevería a cambiar demasiado las condiciones del sector. Nadie les quitaba sus licencias, por más guarro que tuvieran el taxi, por más maleducados que fueran y por más vueltas que te dieran para hacer subir el precio de la carrera, y nadie iba a dar nuevas licencias para evitarse líos. Y eso les garantizaba una jubilación de oro, porque vender por 150.000 euros tu licencia es lo que tiene. De ahí que no protestaran demasiado cuando en 2009 Zapatero –sí, Zapatero– liberalizó las licencias de VTC, eliminando la limitación que obligaba a dar sólo una licencia de este tipo por cada 30 licencias de taxi. Pero claro, años después llegó Cabify. Y luego Uber. Y la gente empezó a usarlas, ya fuera por malas experiencias con algún taxista o simplemente porque son más cómodas y permiten saber el precio del viaje antes de subirse al coche.
Viendo su forma de vida en peligro, lograron que Rajoy –sí, el muy liberal Rajoy– recuperara el límite para nuevas licencias, lo que en la práctica significaba una prohibición de otorgar nuevas licencias VTC. Y ahora exigen que se retiren las licencias concedidas –algo ilegal a todas luces– y se permita a las Administraciones gobernadas por irresponsables como Ada Colau exigir licencias adicionales para así anularlas en la práctica. No, por mucho que lo griten no están pidiendo "que se cumpla la ley". Lo que piden es precisamente que se incumpla para su beneficio particular.
A esto se suma que sus protestas "pacíficas" incluyen imágenes vergonzosas como las de un padre huyendo con su hija pequeña ante los golpes que recibía el VTC en el que viajaban, la edificante visión de unos taxistas energúmenos volcando otro VTC en un párking, el disparo con un arma del calibre 22 contra otro VTC o incluso el bofetón que se ha llevado nuestra compañera Rocío Regidor por preguntar a un diputado de Podemos, Rafael Mayoral, precisamente por la violencia de las protestas, sin que el dirigente de esa organización política autoproclamada feminista haya puesto ninguna objeción ante la agresión a una mujer delante de sus narices. Todo esto, sumado al bloqueo de importantes arterias de ciudades como Madrid o Barcelona, ha minado, como debe ser, su imagen ante sus propios clientes, que una vez más están aprovechando estas protestas para instalarse en sus móviles las aplicaciones de Uber y Cabify.
Da igual. Cuentan con ello. Como también cuentan con que el Gobierno de Pedro Sánchez acepte sus tesis e imponga un decreto que todos saben que será recurrido ante los tribunales y que los tribunales declararán ilegal, pero que mientras tanto les permitirá vivir unos años con la competencia completamente maniatada por los poderes públicos.
Podríais haber pedido que os quitaran trabas también a vosotros. Que se liberalizaran las licencias pero poco a poco y con indemnizaciones. Había muchas vías respetuosas con la libertad y con vuestra clientela. Pero habéis preferido esto. Luego no os quejéis cuando os tengáis que comer vuestra licencia y nos dé igual.
Porque vuestra alegría no durará mucho. Es precisamente el transporte urbano el problema en el que están enfocando más sus esfuerzos las empresas que están desarrollando vehículos autónomos. Google tiene previsto poner en marcha este año el primer servicio comercial de robotaxis del mundo y cuenta incluso con permiso de las autoridades. Al ritmo al que van, mucho me extrañaría si dentro de cinco años no tenemos una o dos empresas dando ese servicio al menos en Madrid y Barcelona. Y ese será el momento en que las licencias de taxi y VTC valdrán menos que el papel en el que están escritas. Y no, amigos taxistas, eso no lo vais a parar al modo habitual. Un servicio infinitamente más barato, mucho más seguro y que permita por fin librarnos de vuestros chantajes para siempre es algo demasiado gordo como para que nadie pueda frenarlo.
Pero mientras tanto, creo que el Gobierno debería hacer caso de la exigencia de que el límite 1/30 se cumpla de forma estricta. Pero con la ley en la mano. Y como sería contrario a Derecho retirar las licencias VTC legalmente concedidas, la única forma de conseguirlo sería otorgando cientos de miles de nuevas licencias de taxi. Venga, un millón, seamos generosos.