La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con casi 30 millones de euros a 11 empresas tecnológicas, entre las que se encuentran Indra y SAG, por una trama de licitaciones irregulares. Según se señala en el auto, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Seguridad Social permitieron que Indra y SAG redactaran o participaran en la redacción de varios pliegos de concursos públicos.
Los pliegos conforman el documento que recoge la totalidad de las cláusulas por las que se rige un contrato administrativo, así como los derechos y obligaciones que corresponden a cada parte firmante. "Es decir, tanto la Administración contratante como el empresario contratista encuentran en los pliegos la definición de sus derechos y obligaciones. Sabiendo que ese es el contenido de los pliegos es fácil entender que se trata de un documento esencial, clave en la contratación pública, pues su relevancia jurídica es enorme", señalan en el portal especializado Guías Jurídicas.
En el auto se señala que en "en numerosas ocasiones la Administración ha recurrido a las empresas para que le ayuden en el diseño de los pliegos. Lo que pone de manifiesto una clara intención de manipular el procedimiento con único objetivo, mantener las posiciones en los sucesivos contratos". Es decir, el Estado, en lugar de asumir la competencia y elaborar los pliegos de los contratos públicos, decidió dejar la responsabilidad de la redacción de los mismos en manos de las propias empresas que después iban a optar a dicho concurso.
En un correo electrónico intervenido por la CNMC a Indra, que aparece en el documento en el que se ha hecho pública la sanción, se puede leer lo siguiente: "Hemos elaborado los perfiles junto con el cliente y en el pliego han puesto exactamente los modelos que nosotros les enviamos". Este mail tiene relación con el contrato "servicios de desarrollo y mantenimiento de sistema y aplicaciones de administración electrónica en el departamento de informática tributaria de la AEAT". Hasta 2015, Indra era quien prestaba este servicio, y después se adjudicó de nuevo el mismo servicio a través de dos filiales.
Las empresas multadas
En la resolución de la CNMC se destaca que Indra y la alemana SAG fueron las instigadoras de la trama, pero otras nueve empresas participaron en este cártel para repartirse los concursos públicos. Indra ha recibido una sanción de 13,5 millones de euros, mientras que SAG tendrá que abonar 6 millones. El resto de compañías multadas son Atos Spain (5 millones de euros), Connectis ICT Services (1,8 millones), IBM (940.000), Everis Spain (800.000), Babel Sistemas de Comunicación (633.917), Cibernos Consulting (616.038), Gesein (320.669), Accentur (300.000) y Next Computer Services (46.760), para un total de 29,9 millones de euros.
Los hechos acreditados que se muestran en el documento hacen referencia a seis concursos que la AEAT licitó entre el año 2006 y el 2015. En los cinco concursos en los que aparece la cantidad que la empresa recibiría por prestar los servicios se superan los 10 millones de euros en cada uno. En total, sin sumar la cifra del sexto concurso, la cantidad ronda los 57,4 millones de euros.
La Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS) tiene cuatro expedientes que prueban la irregularidad en la concesión de los contratos. El primer concurso al que se hace referencia, "servicios de carácter informático necesarios para la GISS", el presupuesto fue de118,9 millones de euros. El concurso se dividió en catorce lotes y en seis de ellos aparecen Indra y SAG.
El segundo concurso de la GISS superó los 33,4 millones de euros y se adjudicó a la UTE SAG/Indra. El tercero contaba con un presupuesto superior a los 86,7 millones de euros y se dividió en cuatro lotes, en dos de ellos aparecen Indra y SAG.
Otra Administración que aparece el texto es el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En este caso, se muestran como hechos probados cinco contratos, de los cuales los dos primeros contaban con un presupuesto que rondaba entre los 27 y los 28 millones de euros. El tercero, por su parte, superaba los 22 millones. Las administraciones autonómicas, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Cervantes también aparecen en la sentencia de la CNMC.
"Debe subrayarse que los acuerdos y prácticas concertadas analizados en el expediente han tenido efectos restrictivos de la competencia, al reducir de forma artificial e injustificada la competencia entre las empresas en las licitaciones públicas para la contratación de servicios de tecnologías de la información, convocadas por diversas administraciones públicas en España y repartir artificialmente los lotes en interés propio con la intención de mantener la situación preexistente", remarca el auto.
En el voto particular de la consejera María Pilar Canedo se apunta, además, a "una potencial participación de la administración en varios de los contratos repartidos por las empresas […] Se deduce con claridad que la administración contratante podría ser conocedora de la existencia del reparto de mercado y que podría haber jugado un papel activo en el mismo", escribe Canedo.