Incluso a un Gobierno deslegitimado y en minoría como el de Pedro Sánchez hay que verle algo positivo: la necesidad de lanzar globos sonda para testar a sus socios desmonta la "emergencia social", elimina la capa de maquillaje mediático y permite conocer el impacto real sobre los bolsillos de los ciudadanos antes de ser aprobadas.
Hace solamente unos meses asistimos a una de las mayores campañas de manipulación mediática de los últimos años. Imágenes de pensionistas en la calle, manifestándose y llenando platós de televisión, airados y frustrados, pidiendo al Gobierno unas "pensiones dignas". Como consecuencia, el Partido Popular dio marcha atrás en su estrategia de sostenibilidad del sistema de pensiones e incluyó un incremento del 1,6% en los presupuestos del 2018.
Un presupuesto al que el PSOE se oponía y que, una vez en el poder, aprobaron, poniéndose las medallas de la "justicia social" y demás pamplinas con intereses meramente electoralistas. El mismo PSOE que, unos meses después, pretende desplumar a todos esos jubilados a los que han intentado vender una "vida más digna". Una estrategia de manual de cualquier sistema intervencionista capaz de generar juegos de suma negativa en el que todos pierden. La única diferencia es que unos lo saben y otros no. Lo que los socialistas denominan los "ricos" en realidad somos todos. También los jubilados que aún están celebrando el incremento de la pensión, ajenos a un hachazo fiscal como el que está preparando el Gobierno, que se comerá íntegramente la subida.
En julio de 2018, había 8,2 millones de personas recibiendo pensiones de jubilación y de viudedad, según los datos de la Seguridad Social. De ellos, el 89% tiene vivienda en propiedad, según el INE, y un promedio de 1,4 viviendas por hogar. O, lo que es lo mismo, 7,5 millones de viviendas con sus miembros mayores de 65 años.
El destope de las cotizaciones sociales no les afecta por cobrar menos de 45.000 euros anuales. La tasa Google y el impuesto a la banca mantienen un grado de incertidumbre elevado, tanto en la forma del impuesto como en la capacidad recaudatoria, para conocer con detalle el impacto sobre la población. Los jubilados tendrán que pagarlos, aunque es muy complicado estimar la cuantía.
Lo que sí que sabemos es que pagarán un incremento en el recargo en el IRPF por viviendas vacías del 1,1% al 5%, el impuesto de 15 céntimos al diésel y la batería de impuestos verdes que está empeñado en sacar adelante el Gobierno. El que más impacto tiene es el incremento del recargo en el IRPF por vivienda vacía, que afecta a las 1,8 millones de viviendas vacías en manos de pensionistas. El incremento del 355% de la contribución media planteada por el Gobierno supone más de 500€ al año que saldrán de sus bolsillos.
Si, además, al jubilado se le ocurre circular con un coche diésel, tendrá que abonar al Estado otros 30€ adicionales al año por el impuesto al carburante. Por último, las famosas tasas verdes -otros 14€/año- se las cobrarán solamente por el hecho de ser ciudadano español y vivir en un infierno fiscal plagado de intervencionismo.
Resumiendo. La subida de 133€ celebrada a bombo y platillo se quedará en una horquilla que oscilará entre los 85€ y una pérdida de 436€ anuales, en función de la agresividad en la política recaudatoria del "Gobierno del cambio", de los "impuestos que no afectan a la actividad económica" y de la "preocupación por los más necesitados" como los pensionistas.
La única forma de evitar el coste político de asumir que tenemos sistema de pensiones claramente insostenible es engañar vilmente a los principales afectados. Frente a un modelo basado en la creación de empleo y en la generación de valor añadido para poder abordar el cambio hacia un sistema de capitalización para las próximas generaciones, preferimos dejarnos llevar por la cinta transportadora que nos acerca al abismo sin abordar uno de nuestros principales problemas económicos en el largo plazo.
Cada vez que hablo con una persona mayor sobre este asunto no puedo dejar de empatizar con ellos. El sentimiento mayoritario es el de frustración con un Estado que les prometió una seguridad durante la vejez que ahora no puede cumplir, a cambio de su libertad a la hora de hacer con sus recursos lo que les pareciera en cada momento.
Sin embargo, deben saber que yerran en su objetivo. Su lucha por unas pensiones más dignas va en contra no sólo de ellos mismos, como hemos visto, sino también de sus hijos y de sus nietos. El incremento de las pensiones ligadas al IPC se paga con mayores impuestos a toda la población y con mayor desempleo estructural. Ellos ya han sido engañados. Ahora debemos luchar para que los pensionistas futuros no cometamos el mismo error y planteemos un modelo de migración progresiva hacia sistema de pensiones universales mixto como el sueco.
Nuestros pensionistas conocen a la perfección la necesidad del ahorro a la hora de luchar por un futuro mejor para ellos y para sus hijos. Permitir que la clase política siga poniendo en la diana todo eso por lo que han luchado en su vida es ser cómplice del linchamiento fiscal al que podrían ser sometidos. Seguir masacrando a un segmento de la población que ha sido un bote salvavidas para muchas familias necesitadas durante los peores años de la crisis es garantizar mayor dependencia del Estado cuando vuelvan a venir las vacas flacas, que vendrán.
Cada vez que oiga que las pensiones deben subir, como mínimo, el IPC, piense de dónde van a venir los recursos para pagarlas. La clase política ha demostrado una profunda incapacidad para quitar puestos a amiguetes y mejorar la eficiencia del sector público, por lo que solamente quedan los impuestos como vía de financiación. Si le arrebatan la pensión que le han puesto en una mano antes de poder meterla en el bolsillo podrá tachar al Estado de ladrón. Si, por el contrario, lo consiente con su voto, estará dándole impunidad para repartir los recursos que usted genera.
Daniel Rodríguez es consultor estratégico de multinacionales, autor del blogeconomistadecabecera.es y miembro del Comité de Dirección del Club de los Viernes.