Un debate fundamental para abordar la sostenibilidad de las finanzas públicas es el del tamaño que han alcanzado sus estructuras. Pedro Sánchez ha hablado de elevar su peso hasta niveles cercanos al 45% del PIB, apelando a la necesidad de "converger" con los umbrales de gasto que se observan en algunos de los principales países socios de la Unión Europea.
Pero, ¿cuál es el punto óptimo del gasto público? ¿Acaso podemos aumentarlo sin más, ignorando el impacto que acarrean las subidas de impuestos? Quizá la mayor eminencia que nos podemos encontrar en este campo de análisis es Richard W. Rahn. El economista estadounidense es conocido por haber desarrollado la Curva de Rahn, que cruza el peso del Estado con el ritmo de crecimiento económico. Rahn entiende que las Administraciones Públicas deben mantener el peso del gasto público por debajo del 25% del PIB. De lo contrario, las tasas de crecimiento descienden de manera progresiva conforme aumenta el tamaño del Estado.
Otro economista que ha estudiado esta cuestión es el italiano Vito Tanzi, que fue director del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional entre los años 1981 y 2000. Tras publicar numerosos trabajos sobre la materia, ha concluido que el punto óptimo del gasto público se ubica alrededor del 30% del PIB. A partir de dicho umbral, que es cinco puntos más alto que el identificado por Rahn, nos encontramos con estructuras innecesariamente costosas, que no se traducen en mejores resultados socioeconómicos.
También Livio di Matteo ha concluido que las Administraciones Públicas no consiguen mejorar sus resultados en materia socioeconómica una vez el gasto total se sitúa en niveles superiores al 30% del PIB. Una vez se rebasan esos niveles, los rendimientos serían inferiores en clave de crecimiento, seguridad, sanidad, educación…
Por su parte, James A. Kahn también ha estudiado esta cuestión. En su caso, coincide en que un gasto superior al 30% del PIB resulta especialmente dañino, pero añade, además, que el punto óptimo puede situarse en un intervalo más reducido, comprendido entre el 15% y el 25% del PIB.
Occidente, en la parte negativa
En la mayoría de países de nuestro entorno, los niveles de gasto público se sitúan muy por encima del punto óptimo identificado por Rahn, Tanzi, di Matteo y Kahn. De este modo, cuando Pedro Sánchez sugiere que un gasto público en el entorno del 40% del PIB es insuficiente no solo sugiere importantes subidas impositivas, sino que también plantea un alejamiento aún mayor de los niveles óptimos de gasto.
Los trabajos del Centre for Policy Studies señalan, además, que con niveles más bajos de gasto público se pueden conseguir mejores resultados en materia de crecimiento sin perder calidad en servicios como la salud y la educación.
En España tenemos un buen ejemplo de que esto es así. Entre 1996 y 2004, los gobiernos de José María Aznar redujeron el gasto público del 44,2% al 38,6% del PIB, pero dicho ajuste fue de la mano con numerosos avances socioeconómicos. Así, entre 1996 y 2004, el PIB per cápita aumentó un 64%, la inflación media se redujo del 4,3% al 2,2%, el número de mujeres ocupadas aumentó un 58%, la riqueza neta de las familias se duplicó, el número de ocupados pasó de 12,6 a 17,6 millones de personas, el paro cayó del 22,8% al 11,5%, los asalariados con empleo indefinido aumentaron un 58%...
De modo que la teoría y la evidencia empírica sugieren que el objetivo sanchista de disparar el tamaño del Estado resultará empobrecedor para el crecimiento y ni siquiera se traducirá en mejores resultados socioeconómicos.