El número de leyes, regulaciones y normas aprobadas por las Administraciones Españolas aumentó un 19% a lo largo de 2017. La previsión para 2018 no es nada halagüeña. Según los primeros indicadores, este curso podría duplicarse el número de prescripciones legislativas aprobadas a nivel nacional y autonómico.
Para poner coto a esta deriva, la CEOE ha presentado un informe compuesto por diez propuestas que pretenden reordenar el proceso regulatorio, con ánimo de hacerlo más coherente, menos exhaustivo y más favorable al crecimiento. El decálogo de la patronal abarca las siguientes medidas:
1. Eliminar y evitar las duplicidades legislativas y las normativas contrapuestas. Es imprescindible disponer de una normativa eficiente, actualizada y coherente, con objeto de disponer de un marco jurídico adecuado a las necesidades de cada sector empresarial, que garantice la unidad de mercado y evite restricciones desproporcionadas a una actividad económica.
2. Reforzar el papel del Consejo de Estado, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) y el Consejo Económico y Social (CES). Por un lado, el Consejo de Estado debe dictaminar de manera preceptiva los proyectos normativos, limitando el uso del Real Decreto Ley que debe ser la excepción y no la norma a la hora de elaborar normativa. Por otro lado, la CDGAE debe garantizar la eficiencia y la eficacia de cualquier iniciativa gubernamental con impacto económico. Por último, el CES debe ser consultado pero otorgando plazos suficientes y proporcionados para emitir dictámenes sobre materias, en ocasiones, complejas y controvertidas.
3. Reforzar la vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente para preservar la competencia leal de los operadores. Según CEOE, se deben aplicar medidas para una eficaz vigilancia de los mercados de los productos, para lo que es fundamental la puesta en marcha del sistema español de vigilancia del mercado de los productos. La mutua colaboración entre las distintas partes de la Administración se convierte en un aspecto clave.
4. Reforzar y revisar la eficacia de las Conferencias sectoriales. Es fundamental desarrollar el proceso de racionalización y simplificación administrativa y convergencia de las legislaciones autonómicas y municipales, potenciando la participación de las organizaciones empresariales y de las empresas, para que la Administración conozca los impactos de las decisiones que se adoptan en estos órganos.
5. Implementar un sistema efectivo de racionalización, simplificación y reducción de cargas administrativas. CEOE considera que las CCAA y las entidades locales (más de 25.000 habitantes) también habrían de realizar la "Memoria de análisis de impacto normativo", con objeto de analizar el impacto acumulado de todas las normativas que afectan a los operadores y a su competitividad.
6. Habilitar o reforzar las ventanillas electrónicas, en las que los operadores económicos puedan señalar casos de incumplimiento de la legislación por parte de cualquier Administración Pública.Asimismo, la Confederación cree que, en materia de innovación, es necesaria la armonización, simplificación y transparencia de los procedimientos administrativos permitiendo hacer las gestiones a través de una "Ventanilla Única".
7. Ejecutar, con carácter anual, un Plan de Acción de Racionalización Normativa que profundice en la correcta aplicación de la normativa existente y evalúe de manera adecuada la implementación de las medidas normativas (evaluación expost) antes de plantear objetivos o revisiones adicionales.
8. Proceder a una racionalización de las empresas públicas promoviendo una mayor eficiencia y competencia en la gestión, evitando la tendencia a la sustitución del sector privado por parte del sector público.
9. Crear una base de datos legislativa única incluyendo toda la legislación vigente (nacional, autonómica y local) y una descripción de los procedimientos administrativos aplicables a cada actividad.
10. Reforzar la participación del sector empresarial en los procesos de información y consulta.Según CEOE, "es absolutamente necesario", reforzar la transparencia y participación del sector empresarial en las consultas previas al diseño de la regulación, así como en su proceso de implementación articulando mecanismos específicos de participación. El resultado sería avanzar y adecuar la normativa necesaria para respaldar la toma de decisiones empresariales en materia de inversiones, muy especialmente las de gran envergadura.