El burdo intento del Gobierno de Pedro Sánchez de saltarse el veto del Senado a la senda presupuestaria no solo deja entrever un claro déficit democrático, cuya mera existencia ya es muy preocupante, sino que demuestra, una vez más, que el PSOE no ha aprendido ninguna de las lecciones que ha dejado tras de sí la crisis, posibilitando con ello la repetición de errores pasados.
El acuerdo inicial alcanzado con Podemos para aprobar por decreto la modificación de uno de los puntos clave de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la relativa a la capacidad de veto de la Cámara Alta sobre los objetivos de déficit, sufría un grave defecto de forma, dado que una norma de rango inferior no puede imponerse sobre otra de nivel superior, como es el caso. Y aún menos si se tiene en cuenta que la figura del decreto está reservada exclusivamente para materias de extraordinaria y urgente necesidad, entre las que no se encuentra, como es lógico, la aprobación del techo de gasto para que el presidente del Gobierno pueda salvar la cara y prolongar así su mandato. Aunque lo peor de esta triquiñuela fueron, sin duda, los peregrinos argumentos que orquestaron los socialistas para tratar de justificar su particular tropelía, como, por ejemplo, negar que el Senado es, junto al Congreso, representante del pueblo que ostenta la soberanía nacional.
Pero más allá de las erróneas formas elegidas, el pacto entre PSOE y Podemos para sortear al Senado también constituye un importante problema de fondo. Una de las positivas medidas que aprobó el anterior Ejecutivo del PP fue la Ley de Estabilidad Presupuestaria en 2012, ya que jugó un papel clave en el posterior reequilibrio de las cuentas públicas. La posibilidad de intervenir administraciones incumplidoras, la imposición de la regla de gasto o el citado veto del Senado son tan solo algunas de las medidas que contiene dicha norma. Su puesta en marcha fue, en realidad, una de las múltiples condiciones que exigieron los socios comunitarios para propiciar el ya famoso rescate de las politizadas cajas de ahorro, por un valor próximo a los 40.000 millones de euros.
Al igual que le sucedió a Zapatero en su día, obligado a modificar la Constitución para blindar el pago de la deuda, Rajoy se comprometió a garantizar el equilibrio presupuestario por ley -cosa distinta es que luego cumpliera su promesa en mayor o menor medida-. Este sistema de doble autorización a la senda de déficit es una herramienta necesaria y eficaz para tal propósito, puesto que sirve de contrapeso a los excesos e irresponsabilidades que puedan salir del Congreso, lo cual siempre es positivo. Así, tal y como sucede actualmente, por mucho que Sánchez lograse una mayoría parlamentaria para elevar el déficit público, el control que ejerce el PP en la Cámara Alta podría frenar dicho despropósito.
España todavía no ha salido de la crisis. De hecho, es el país de la zona euro con un mayor agujero fiscal, lo cual, sumado a una deuda pública próxima al 100% del PIB, mina la solvencia del Estado en caso de que vuelvan a surgir turbulencias en el horizonte. El plan que negocian PSOE y Podemos para disparar el gasto, subir los impuestos y elevar el déficit y la deuda va justo en la dirección contraria a la que precisa el país. El veto que ejerce el Senado trabaja, por tanto, en favor del interés de los españoles. Su eliminación no solo dañaría la credibilidad de España ante los socios comunitarios y el conjunto de los inversores, sino que pondría en riesgo la recuperación. La Ley de Estabilidad Presupuestaria, incluida esta novedosa competencia atribuida al Senado, debe mantenerse en vigor, puesto que supone un freno a la irresponsabilidad fiscal del poder político.