La guerra al diésel del Gobierno de Pedro Sánchez empieza a cobrarse sus primeras víctimas. En la Comunidad Foral de Navarra, la alemana Volkswagen acaba de anunciar un paro productivo de ocho jornadas. Se trata del primer fabricante que toma una medida así tras el anuncio de una fuerte subida de los impuestos y las restricciones regulatorias del gasóleo.
Desde el sector automovilístico miran con mucho recelo las medidas que está barajando el Ejecutivo socialista. ANFAC, la patronal que agrupa a los principales fabricantes, se pronunció recientemente sobre los efectos que pueden tener las decisiones de la Administración Sánchez, advirtiendo de su elevado coste en términos de empleo, crecimiento, exportaciones…
En los concesionarios, la guerra al diésel está empujando a la baja las ventas de vehículos de este tipo. Las cifras de ventas publicadas a comienzos de agosto revelan una caída del 13% con respecto a los números de 2017. Así las cosas, no sorprende que empresas como Volkswagen hayan empezado a mover ficha.
La planta afectada es la de Landaben, ubicada al oeste de la región navarra, en un polígono industrial de la localidad de Arazuri. Este centro productivo produce distintas versiones del modelo Volkswagen Polo desde mediados de la década de 1980. El pasado año, Landaben sacó al mercado 244.000 unidades, de las que un 90% fueron exportadas.
Estamos, por tanto, ante un centro productivo de máximo nivel. No solo se trata de la fábrica española que más vehículos vende al extranjero, sino que el Polo made in Spain se sitúa también en el ranking de los veinte modelos de coches más vendidos en todo el mundo. La excelencia productiva de esta fábrica ha sido premiada por escuelas de negocios como IESE o INSEAD, entre otras instituciones.
Ahora, la filial teutona ha comunicado al comité de empresa que va a empezar a tramitar un expediente de suspensión de contratos de trabajo por causas productivas. El cierre de la fábrica suspenderá la actividad en ocho jornadas, coincidiendo con la campaña del gobierno socialista para endurecer el tratamiento fiscal y regulatorio de los vehículos diésel.
Las trabas, de hecho, no solo vienen de Moncloa, sino que también su origen en Bruselas. La Unión Europea acaba de aprobar una nueva reglamentación de homologación de emisiones en los motores de los nuevos vehículos. Conocidos como WLTP, estos nuevos estándares exigen procesos adicionales de burocracia y homologación, de modo que los requisitos políticos de las autoridades comunitarias se han sumado a las decisiones del gobierno de España para crear una "tormenta perfecta" sobre la fábrica de Landaben.