El grupo Ciudadanos ha registrado este martes una proposición no de ley en el Congreso para reformar la fiscalidad en la factura de la luz tras las recientes subidas de la electricidad a fin de que se eliminen impuestos y se concentre en lo que es el precio de la energía.
En la iniciativa Ciudadanos insta al Gobierno a hacer, en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), una auditoría para determinar qué conceptos determinan el volumen actual del recibo eléctrico y qué costes deben ser asumidos por los consumidores en él. Asimismo pide al Gobierno que impulse una reforma para modificar la base imponible del IVA y del impuesto eléctrico para que dichas bases estén compuestas sólo por el precio pagado por la electricidad y el coste asociado a las redes de transporte y distribución, excluyendo el resto de costes añadidos.
Según Ciudadanos, aunque la subida de los precios de la luz en el mercado mayorista que está habiendo se debe a circunstancias de mercado (subida del precio de los derechos de CO2 y aumento del de los combustibles fósiles para generar energía), la mayor parte de la factura de la luz no se destina a sufragar el precio que alcanza la electricidad. Recuerda que, junto a los costes fijos del sistema, hay una fuerte imposición fiscal, que "avala la factura como una herramienta recaudatoria en perjuicio de la ciudadanía".
En opinión de Ciudadanos, se puede actuar sobre los costes fijos, en concreto sobre aquellos de "origen político" no relacionados directamente con el suministro eléctrico, que constituyen el 70 % de la factura. Según Ciudadanos, ese elevado porcentaje que tienen en la factura esos costes distorsionan las señales de precio, que deberían concentrarse en el consumo, para que no resulte indiferente consumir más o menos energía.
Entre los costes no relacionados directamente con el suministro que soporta la luz está el IVA del 21 % en la península, el impuesto sobre la electricidad, creado inicialmente para subvencionar el carbón nacional y que ahora se usa en la financiación autonómica, así como una tasa municipal del 1,5 %.
Además está el impuesto a la generación eléctrica, de un 7 % y destinado a sostener los costes del sistema; la tasa hidroeléctrica, de un 25,5 %, para centrales de esa tecnología, y tasas nucleares, que incluyen el impuesto por combustible nuclear gastado y por generación de residuos. También está la tasa que pagan los propietarios de centrales nucleares para financiar la Empresa Nacional de Residuos, Enresa; los costes extrapeninsulares y la financiación de las renovables, que se incluyen en los peajes de la factura.
Ciudadanos considera "hipócrita" que desde la Administración se trabaje en un bono social eléctrico para paliar las dificultades de las personas más vulnerables cuando la mayor parte del recibo son impuestos y costes políticos. En opinión de este grupo político, sería más eficiente trabajar por una factura que refleje los costes reales de producción y no sea una "herramienta de recaudación del Estado".