El Ejecutivo ha puesto en su diana a la gestación subrogada. "Este Gobierno no acepta la gestación subrogada porque es una compraventa de niños", ha aseverado este viernes la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá.
La portavoz ha dado esta respuesta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras ser preguntada por las declaraciones de Carcedo sobre la necesidad de "un acuerdo a nivel internacional" en esta materia, como sí existe en el tráfico de órganos o en adopciones de niños.
Carcedo arremetió ayer jueves duramente contra la gestación subrogada. La asturiana aboga por una regulación internacional que considere "ilegal" esta práctica prohibida en España, pero a la que se puede acceder a través de convenios con terceros países. "Hay que tomar decisiones internacionales y declarar ilegales" estas prácticas, que, gestionadas por las agencias de maternidad subrogada, permiten a ciudadanos españoles recurrir a esta técnica de reproducción en otros países.
La ministra ha recordado que esta práctica está prohibida en España, "pero los bebés llegan" y "no pueden ser apátridas", recordó. Por tanto, y en base a estas declaraciones, los españoles que deseen ser padres a través de la maternidad subrogada o que participen en este tipo de prácticas deberían ser juzgados por un delito con penas de cárcel similar al del tráfico de órganos o menores.