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Fomento penalizará los pisos vacíos de empresas y particulares

Ábalos quiere "acotar" el concepto de vivienda vacía antes de plantear "cualquier penalización".

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Ábalos quiere "acotar" el concepto de vivienda vacía antes de plantear "cualquier penalización".

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha señalado este martes que su departamento quiere "acotar" el concepto de vivienda vacía antes de plantear "cualquier penalización", por lo que ha reclamado una nueva estrategia en materia de vivienda. Ábalos, en un desayuno informativo en Alicante organizado por la Cadena Ser, indicó que el Gobierno desarrollará una nueva política de vivienda revisando los planes de vivienda con las comunidades autónomos para dar un "enfoque distinto".

El diario El País publica este martes que el Gobierno estudia imponer medidas coercitivas a los propietarios de viviendas vacías, tanto de empresas, como de bancos y promotoras, o de personas físicas. En materia de alquiler, José Luis Ábalos ha admitido que el precio se ha disparado en las "grandes urbes" y ha incidido en practicar una política "orientada a hacer posible el alquiler".

Por otro lado, apuntó que el Gobierno quiere "plantear una ley de garantía de la función social de la vivienda" para garantizar, entre otras cuestiones, que "nadie" pueda hacer "negocio" con la "aportación de los españoles financiando obra social". En este sentido, ha puesto como ejemplo la situación generada en la Comunidad de Madrid, donde un "fondo buitre" se quedó con 3.000 viviendas con "gente dentro", a quien no se le dio la posibilidad del derecho de retracto "ni nada". "Queremos plantear una ley de garantía de la función social de la vivienda", ha argumentado.

"Es un desprecio a la aportación de los españoles financiando obra social; esto no es de nadie, es del conjunto de quienes lo han financiado. Nadie puede hacer negocio con esto", ha sostenido el ministro, que ha defendido que el Gobierno se presente, a través de la Abogacía del Estado, en el recurso de la Comunidad de Madrid ante la anulación judicial de la venta de esas viviendas. "El Estado interviene para que esa sentencia se respete. Es un gesto que expresa la defensa de la función social de la vivienda, y es un Gobierno que actúa en favor de quienes necesitan que los poderes públicos actúen ante el desamparo", ha explicado.

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