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Vivienda, pensiones y empleo: las exigencias de Podemos a Sánchez para aprobar los PGE

Entre las medidas que ha presentado el partido de Iglesias están más impuestos a las tecnológicas, a la banca y a las rentas de más de 120.000 euros. 

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Vivienda, pensiones y empleo: las exigencias de Podemos a Sánchez para aprobar los PGE
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, durante la presentación del documento | EFE

Los han bautizado como los Presupuestos con la gente dentro y son las condiciones que Podemos le ha puesto al PSOE para pactar los Presupuestos Generales del Estado de 2019. El partido de Pablo Iglesias ha oficializado los puntos que le va exigir al Ejecutivo en un documento de 54 páginas que ha presentado este lunes. En materia económica, abunda el intervencionismo, las subidas de impuestos y el gasto público. Estos son los puntos principales:

Vivienda

  1. Poner un techo a las subidas "abusivas" de los precios del alquiler en las "zonas calientes": las Administraciones (con especial competencia las Administraciones locales) deben ser capaces de identificar las zonas calientes para, después, establecer un precio de referencia según la situación y las condiciones del piso. Ese precio actuará como tope.
  2. Obligar a los grandes propietarios de vivienda a poner sus pisos vacíos en el mercado del alquiler a un precio asequible: se debe obligar a las entidades jurídicas (en su inmensa mayoría) que controlan más de diez pisos, a sacarlos al mercado del alquiler a un precio asequible, en función de sus condiciones. Sin ir más lejos, las Islas Baleares aprobaron este verano una ley que recoge esta obligación.
  3. Acabar con los privilegios fiscales de los grandes especuladores inmobiliarios (SOCIMIS): hay que poner freno a esta práctica cobrándoles al menos un 20% de sus beneficios en el Impuesto de Sociedades.
  4. Ampliar la duración mínima de los contratos de alquiler: debe volverse a una duración mínima de cinco años para el contrato de alquiler y de diez años si la propiedad es de una persona jurídica, con la posibilidad de resolver anticipadamente el arrendamiento por parte de la persona inquilina.
  5. Disponer de un parque público de vivienda de alquiler social: una forma justa de aumentar este parque de vivienda pública es precisamente que la Administración recupere las viviendas que Gobiernos anteriores (estatales, autonómicos o municipales) malvendieron a la banca y a los fondos buitre. Obviamente, esta recuperación debería producirse a los mismos precios a los que ellos adquirieron la vivienda pública. Lo contrario supondría aceptar la estafa inicial y regalar, encima, dinero público a los que se beneficiaron de ella. Además de esto, y según las necesidades de cada localidad, levantar un parque público de vivienda puede implicar la construcción de nuevas viviendas, pero también la compra de suelo, el apoyo a la iniciativa privada sin ánimo de lucro o de lucro justo de construcción de vivienda de alquiler o de uso estable con precios asequibles.

Laboral

  1. Subir el salario mínimo: el salario mínimo interprofesional (SMI) debe subir hasta los 1.000 euros en 2019. Una subida del SMI no solo es una cuestión de dignidad y de justicia social. Además, empujará hacia arriba el resto de salarios y, en último término, meterá más dinero en los bolsillos de la gente, impulsando así el consumo, uno de los verdaderos motores de la economía de los Estados avanzados. Esta medida contribuirá también a elevar los ingresos de la Seguridad Social.
  2. Derogar las dos últimas reformas laborales: las reformas laborales que se han sucedido desde 2010 han hecho de la austeridad ley y deben derogarse. En particular, la reforma laboral del PP, que el PSOE ya se ha comprometido públicamente a derogar. Pero también la de la última etapa de Zapatero, con un Gobierno ya entregado a las políticas de la troika. Esto mejorará las condiciones de trabajo de muchos trabajadores y trabajadoras, y les devolverá algo del poder perdido, tanto en sus decisiones individuales, al estar más protegidos, como en sus luchas colectivas, al reforzar los mecanismos de la negociación con las empresas y la patronal.
  3. Recuperar el subsidio por desempleo a los 52 años: resulta especialmente urgente la recuperación del subsidio de desempleo a partir de los 52 años, revirtiendo el recorte de derechos del PP que elevó la edad de acceso a los 55 años.

Pensionistas

  1. Eliminar el copago farmacéutico a los pensionistas: el copago es, en realidad, un repago. No tiene sentido que se pague por segunda vez aquello que está cubierto con sus cotizaciones e impuestos todos los días. Hay que eliminarlo inmediatamente.
  2. Revalorizar las pensiones con el IPC en 2018 y 2019: es imprescindible que cada año sus pensiones suban, al menos, tanto como sube el coste general de la vida, calculado conforme al IPC, y que esta garantía de conservación del poder adquisitivo se eleve a rango de ley. Además, es urgente que el Gobierno se comprometa a eliminar el factor de sostenibilidad, un verdadero "factor de empobrecimiento" que puede reducir el poder adquisitivo de los pensionistas de manera brutal a medio plazo.

Autónomos

  1. Bajar la cuota a los autónomos con menos ingresos: muchos autónomos tienen unos ingresos que no llegan realmente a la base mínima de 932,7 euros mensuales, de modo que cotizan por aquello que nunca han ganado. Nuestra propuesta es que, en este tramo de menores ingresos, se adopte una cuota menor a la actual, que pueda ser proporcional a los verdaderos beneficios o que incluso pueda ser nula para ingresos especialmente bajos.
  2. Reducir la burocracia y facilitar la actividad de los autónomos: proponemos que el pago de las cotizaciones que ahora hay que hacer todos los meses pueda hacerse de manera trimestral.
  3. Atacar el fraude de los falsos autónomos: proponemos dos medidas urgentes contra los falsos autónomos: por un lado, elevar a rango de ley la presunción de que, cuando los ingresos provienen de un único cliente, existen fuertes indicios de que se está en la posición de un trabajador por cuenta ajena; y, por otro, crear un sistema de incentivos y desincentivos que empuje a cumplir la ley a las empresas y que facilite a las personas que se encuentran en esta situación el poder denunciar.

Impuestos

  1. Establecer un impuesto específico a la banca para recuperar el rescate bancario: implementar un recargo de solidaridad a las entidades de crédito para, por un lado, recobrar parte de las ayudas irrecuperables asociadas al rescate bancario (particularmente aquellas de las que se han beneficiado las entidades que vuelven a tener notables beneficios) y, por otro, establecer una contribución fiscal más justa del sector financiero. Se trata de un impuesto extraordinario, con una duración temporal de cinco años, prorrogable por periodos iguales. Consiste en un aumento en 10 puntos porcentuales en el tipo impositivo del Impuesto de Sociedades para las entidades bancarias. Se estima que la recaudación derivada de este recargo empezaría en torno a los 1.000 millones de euros el primer año, y el total acumulado en los primeros cinco años de vigencia del impuesto estaría en torno a 5.800 millones en total.
  2. Implementar un impuesto sobre transacciones financieras (ITF) que afecte también a los derivados: su establecimiento en España podría suponer que se recaudasen unos 1.300 millones de euros al año si se establece con las siguientes condiciones: gravar con un 0,2 % las compra-ventas brutas de acciones, y con un 0,02 % las operaciones con derivados.
  3. Modificar el Impuesto de Sociedades para eliminar los privilegios de las grandes corporaciones y bajar los impuestos a las pymes: que las grandes empresas no puedan pagar menos del 15% de sus beneficios por este impuesto y este tipo debería crecer hasta el 20% en el caso de las entidades financieras y de las empresas de hidrocarburos, que ya cuentan con un tipo nominal más elevado en este impuesto y que, además de tener grandes beneficios, han recibido un constante apoyo del Estado en forma de rescates, infraestructuras y subvenciones. Se debe modificar el coladero que supone ahora la exención por doble imposición: en primer lugar, eximiendo solo el 95% de las rentas positivas obtenidas en el extranjero y en segundo lugar, exigiendo como requisito para esa exención que hayan estado sujetas a un impuesto similar al de sociedades español con un tipo efectivo de, al menos, el 15%. En tercer lugar, revisando el régimen de las Entidades de Tenencia de Valores en el Extranjero (ETVE). Limitar a cuatro años el plazo para compensar bases negativas de ejercicios anteriores (igual que ocurre en el caso de los rendimientos de capital mobiliario negativos). Revisar los requisitos y supuestos en los que las rentas derivadas de plusvalías queden exentas y no se incluyen en la base imponible. Terminar con los privilegios de las sicavs para exigir que estas sociedades sean colectivas de verdad y paguen los impuestos que deben pagar. Para ello, se controlará el número real y efectivo de socios, se establecerá un periodo máximo de permanencia para las plusvalías acumuladas de cuatro años, así como un porcentaje de participación máximo para cada inversor (5%). Igualmente, se establecerá un límite máximo de aportación para cada uno de los inversores. En el caso de las SOCIMIS, proponemos eliminar los privilegios fiscales de los que disfrutan (tipo impositivo del 0% en el Impuesto de Sociedades, y una bonificación del 95% en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados) y que el beneficio no distribuido quede sometido al tipo general del impuesto de sociedades, con un tipo efectivo de, al menos, el 20%. Por último, proponemos bajar 3 puntos porcentuales el tipo nominal a las pymes que tienen una cifra de negocio de menos de un millón de euros anuales. Con este paquete de reformas, el Estado aspiraría a ingresar unos 4.000 millones de euros adicionales cada año, gracias a lo cual nos situaríamos en la media europea sobre el PIB.
  4. Acabar con los privilegios fiscales de la Iglesia: eliminar la exención del IBI de los bienes de la Iglesia permitiría una recaudación adicional en el impuesto de 500 millones de euros.
  5. Bajar el IVA a productos de primera necesidad: proponemos aplicar el tipo superreducido del IVA a los productos de higiene femenina, lo que, además de ser de justicia, apenas tendría un coste apreciable para las arcas públicas de unos 35 millones de euros. Una situación similar se produce con el IVA que soportan los servicios veterinarios. En los últimos años se ha producido un encarecimiento de estos servicios a consecuencia de la subida del IVA al 21%. Proponemos devolver el tipo del IVA al 10% por estos servicios.
  6. Aumentar el tipo del IRPF para rentas superiores a 120.000 euros al año: es posible aumentar la recaudación en más de 1.000 millones de euros modificando la tributación exclusivamente de aquellas personas que declaran ingresos superiores a 120.000 euros, tanto de sus rentas del trabajo como del capital, sin modificar la tributación de los ingresos inferiores a esa cifra. Respecto a las rentas del trabajo, aumentando del 45% actual al 48% el tramo de las rentas comprendidas entre 120.000 y 150.000 euros; hasta el 50% el tramo entre 150.000 y 300.000 euros; y hasta el 52% las rentas por encima de 300.000 euros. Para aquellos contribuyentes cuyas rentas totales superen los 120.000 euros, el tipo máximo aplicable a las rentas del capital superiores a 50.000 se elevará del 23% al 26%; y a partir de una base imponible total superior a 300.000 euros, se elevará hasta el 30%.
  7. Tasa a las grandes empresas digitales: creación de un impuesto del 3% sobre la facturación en España para aquellas empresas que facturen al año más de 750 millones de euros en todo el mundo. Estimamos que, gracias a esta nueva tasa a las grandes empresas tecnológicas, se recaudaría en torno a los 1.200 millones de euros al año.
  8. Impuesto extraordinario a las grandes fortunas: creación de un impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas, con un tipo del 1% calculado sobre el patrimonio para aquellas personas que tengan más de 10 millones de euros de patrimonio. La aplicación de este impuesto conllevaría una recaudación estimada de 1.500 millones de euros.

Energía

  1. Plan de rehabilitación de viviendas para mejorar la eficiencia energética, bajar la factura de la luz, mejorar la accesibilidad y crear empleo: emprender obras de rehabilitación en el conjunto del Estado y financiarlas adecuadamente con un presupuesto para 2019 de 1.300 millones de euros, gracias a lo cual se podrían acometer trabajos de rehabilitación sobre el parque inmobiliario, dando acceso prioritario a sectores vulnerables y a las edificaciones más antiguas.
  2. Crear una tarifa asequible para las primeras residencias: introducir un sistema de límites máximos y progresividad en el precio que asegure que el sueldo no se nos va en pagar un servicio básico como es la energía en la primera residencia y que nadie se queda sin suministro por no llegar a atender sus facturas. Al mismo tiempo, y para que todo el mundo que tenga derecho a ello se pueda aprovechar de esta medida, hay que ofrecer a los consumidores y consumidoras que estén en el mercado libre pasarelas para volver al mercado regulado, donde estarán más protegidos.
  3. Mejorar el bono social: este bono se definiría por la diferencia entre la tarifa regulada y un valor base que se adaptaría al tipo de hogar en cuestión, estaría financiado íntegramente por las empresas del sector eléctrico de manera proporcional a su facturación, contaría con un IVA reducido y, al igual que en otros casos, conllevaría la garantía de no poder cortar el suministro sin la autorización de los servicios sociales.
  4. Reducir los privilegios de las eléctricas y hacer que contribuyan: que el Estado pueda recuperar parte de ese regalo de dinero público a las eléctricas mediante un cargo a la sobrerretribución en función de los aumentos que experimente el precio de la luz.
  5. Otras medidas: en primer lugar, debemos reducir la parte regulada de la factura relativa a la potencia contratada. En segundo lugar, la gestora de la red de transporte, Red Eléctrica, que ahora opera de hecho en régimen de monopolio, debe pasar a ser pública. En tercer lugar, es necesario potenciar las comercializadoras municipales, tal como ya ha hecho, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona. En cuarto lugar, nuestro país necesita el levantamiento de todas las trabas que tienen hoy en día la producción de renovables y los sistemas de autoconsumo, tal como proponemos en nuestra Proposición de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En quinto lugar, tiene que plantearse ya una reforma profunda de la parte de la factura que depende del consumo, de manera que sea progresivo (es decir, los primeros kWh consumidos deben ser más baratos al tratarse de un servicio esencial) y adaptado al tamaño y las circunstancias de los hogares. Por último, se estudiará la bajada del IVA de la luz y del gas, pero siempre teniendo en cuenta que esta medida solo será efectiva para reducir la factura, y que no podrá tratarse de un mecanismo para que las empresas energéticas amplíen aún más su margen de beneficios si dicha bajada se implementa en combinación con las medidas descritas en los párrafos anteriores.

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