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Hasta el PSOE admite que las pensiones son insostenibles

El déficit de la Seguridad Social, próximo a los 20.000 millones de euros, seguirá creciendo, y, dado que en los próximos años empezará a jubilarse la generación del baby boom, los cimientos del sistema avanzan hacia el derrumbe total.

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La aberrante y peligrosa politización que han llevado a cabo PP y PSOE con algo tan importante como las pensiones públicas, que constituye la mayor partida de gasto de los Presupuestos, no solo supone engañar a la opinión pública con promesas de imposible realización, sino que pone en riesgo la propia supervivencia del sistema.

Desde hace años, Libertad Digital viene advirtiendo de esta deriva suicida, por la cual unos y otros niegan la realidad y posponen, una y otra vez, las reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad del modelo a medio y largo plazo con el único fin de ganar votos. La sociedad en su conjunto y, sobre todo, los nueve millones de pensionistas que existen hoy en España deben saber la verdad, y ésta no es otra que la necesidad ineludible de seguir haciendo reformas y ajustes para evitar el colapso financiero de la Seguridad Social. Los cambios introducidos por el PSOE en 2011 y por el PP en 2013 iban en la buena dirección, a imagen y semejanza de lo que ha sucedido en otros países europeos, donde el progresivo envejecimiento de la población obliga a reducir, de una u otra forma, la cuantía de las prestaciones públicas.

Sin embargo, en los últimos años, las pensiones han sido usadas como un arma arrojadiza por los principales partidos, convirtiéndose así en un campo abonado para la demagogia, el engaño y la hipocresía. Desde estas páginas se ha advertido de forma reiterada sobre las nefastas consecuencias de no tomar medidas e incluso se han avanzado posibles soluciones para transitar hacia un nuevo modelo capaz de generar pensiones mucho más altas y solventes en el futuro, pero los políticos, por desgracia, han optado por hacer oídos sordos, posponiendo con ello la resolución del problema.

Tanto es así que PP y PSOE han terminado derogando la reforma de 2013, agravando, pues, la crítica situación financiera de la Seguridad Social. El Pacto de Toledo, con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios, acaba de recomendar esta semana que la revalorización de las pensiones se ligue de nuevo al IPC "real", y, aunque su definición todavía está pendiente de concretar, lo más seguro es que este acuerdo se acabe traduciendo en más gasto e impuestos.

Como consecuencia, el déficit de la Seguridad Social, próximo a los 20.000 millones de euros, seguirá creciendo, y, dado que en los próximos años empezará a jubilarse la generación del baby boom, los cimientos del sistema avanzan hacia el derrumbe total. Dicha deriva es evidente para los expertos y todos aquellos que estén dispuestos a analizar la situación con un mínimo de objetividad, pero no para los políticos, especialmente para la izquierda, dispuestos a dinamitar la Seguridad Social con tal de poder recabar a muy corto plazo el rédito electoral de sus nefastas promesas.

Esta estrategia no puede ser más errónea e irresponsable. Hasta tal punto ha llegado la demagogia socialista en torno a las pensiones, que un destacado miembro del Gobierno, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, se ha visto obligado a reconocer que el actual sistema apenas podrá durar diez años, a diferencia del discurso oficial que, hasta ahora, mantenía el PSOE de Pedro Sánchez. Según Granado, a partir de 2029, habrá que aprobar nuevos "arreglos", consistentes en retrasar la edad de jubilación y reducir, una vez más, las futuras prestaciones, para poder cubrir los crecientes pagos en tiempo y forma.

Ya era hora de que algún miembro del Gobierno admitiera, al menos, la inevitable insostenibilidad del modelo. El problema es que estas alertas, muy posiblemente, no serán tenidas en cuenta por los máximos responsables socialistas, al tiempo que ningún otro partido se atreverá a abrir el inexcusable debate sobre la necesidad de transitar hacia modelos mixtos o de capitalización, como ya ha sucedido en la mayoría de países ricos. Es decir, los políticos seguirán cerrando los ojos a la realidad y, mientras esto suceda, Libertad Digital seguirá denunciando su gran irresponsabilidad.

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