El Consejo de Ministros previsiblemente aprobará este viernes abrir la puerta para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos asuman la gestión y regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), las empresas como Uber y Cabify, en sus territorios. La medida supondrá un nuevo hito en la 'guerra' abierta desde hace años entre este nuevo modo de transporte urbano surgido al calor de las nuevas tecnologías y el tradicional sector del taxi.
La iniciativa ha sido demandada y aplaudida por los taxistas, pero el gremio considera excesivo el plazo de varios años que, según indican a Europa Press en fuentes del sector, el texto dará a las regiones para adecuar su normativa a la regulación de las VTC. Este plazo o moratoria superaría el máximo de tres años que el taxi considera razonable para que sea efectiva. De su lado, las VTC rechazan de plano la medida al considerar que conllevará restricciones a su actividad mediante la obligación de solicitar segundas licencias para operar en determinadas ciudades, como la que Barcelona quiso articular el pasado verano.
Asimismo, tampoco cuenta con el beneplácito de todas las comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el PP, que estiman que sólo supondrá traspasar un problema o "multiplicarlo por 17". De su lado, el Ministerio de Fomento considera razonable que, como transporte urbano, las VTC sean gestionadas por las administraciones autonómicas y locales al igual que el taxi y el resto de los transportes públicos de sus territorios.
También apunta que la medida, anunciada por el titular del Departamento, José Luis Ábalos, en medio de los paros que los taxistas de las principales ciudades secundaron a comienzos de agosto, será de carácter voluntario para los gobiernos autonómicos, además de articular el referido "periodo de adaptación" de varios años. Por contra, y según las mismas fuentes, la norma no contempla expropiaciones de licencias, pero introducirá una nueva tipificación de sanción de carácter muy grave por la que se retirará la autorización a un VTC o un taxi cuando acumulen un determinado número de infracciones graves.
De la apertura a la regulación
La nueva medida que el Gobierno aprueba este viernes mediante Real Decreto Ley se suma a las articuladas por los dos anteriores gobiernos, ambos del PP, en su afán de facilitar la coexistencia del taxi y los VTC.
El conflicto entre los dos sectores surge de la expansión del número de licencias de VTC que se produjo entre 2009, cuando el PSOE liberaliza el sector, y 2015, momento en el que el PP volvió a restringir la concesión de licencias VTC. Según datos de Fomento, a cierre de agosto existían en España 11.200 VTC y 65.539 taxis. Y en los próximos años se espera que los tribunales concedan otras 9.000 licencias VTC.