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Los dos gráficos que explican el despilfarro de las CCAA

El CIS certificó que el 18% de los ciudadanos es partidario de suprimir los gobiernos regionales. 

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Meritxell Batet, ministra de Política Territorial | EFE

En los últimos años, especialmente a raíz de la crisis de deuda que atraviesa España, son muchos los españoles que han cuestionado la viabilidad del Estado de las Autonomías. El pasado año 2017, un porcentaje que sube al 33% entre los votantes del PP y al 27% entre quienes apoyan a Ciudadanos. Este discurso coincide también con la línea de VOX, que podría obtener representación en las próximas elecciones y que lleva años abogando por abandonar el actual modelo territorial.

La teoría económica dice que, sobre el papel, un cierto nivel de descentralización es positivo e incluso necesario. Sin embargo, las estructuras de gasto de las comunidades autónomas parecen darle la razón a quienes se desmarcan de esta visión, puesto que en los últimos años hemos conocido todo tipo de duplicidades, ineficiencias y despilfarros financiados por los gobiernos regionales. Entonces, ¿qué está pasando en España para que una descentralización a priori necesaria arroje unos resultados tan cuestionables desde el punto de vista del buen manejo de los recursos?

El asunto ha llegado al Congreso de los Diputados, donde predominan las comisiones de investigación diseñadas para generar polémica pero también se celebran algunas sesiones de alto nivel técnico que contribuyen a mejorar nuestro entendimiento de cuestiones como la que nos ocupa. En este sentido, el comité para la evaluación y modernización del Estado Autonómico es, quizá, el foro más interesante que se ha dedicado a esta materia en mucho tiempo.

Gracias a dichas reuniones, conocemos por ejemplo la evaluación que hace de este tema el máximo responsable de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, José Luis Escrivá. Su paso por las Cortes ha permitido evaluar el problema de la ineficiencia autonómica a partir de dos gráficos que no tienen desperdicio.

Por un lado, Escrivá ha estudiado las economías más fuertes de la Unión Europea con ánimo de conocer qué porcentaje del gasto público total está en manos de los gobiernos regionales y locales. El resultado de este ejercicio es revelador: solo Dinamarca, Suecia y Bélgica tienen una estructura de gasto más descentralizada que España. En nuestro país, cerca del 45% de los recursos están en manos de autonomías y ayuntamientos.

Este porcentaje choca con los niveles inferiores al 40% que se observan en Alemania o Finlandia, que de hecho asignan más peso relativo a los gobiernos locales que a los subnacionales. El porcentaje cae al 30% en Austria y Holanda, que de hecho se sitúan en el promedio de la UE-15, aunque con la salvedad de que las autonomías europeas controlan menos del 10% del gasto frente al 30% que supera España.

Por debajo del promedio aparecen Italia y Reino Unido, que se colocan por encima y por debajo del 25%, respectivamente. Pero los niveles más altos de centralización del gasto público son los que registran Francia, Portugal y Grecia. El país galo ronda el 20%, mientras que el luso no llega al 15% y el heleno se queda por debajo del 10%.

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Sin embargo, este elevado nivel de descentralización del gasto no se corresponde con la parte de ingresos que está delegada en las administraciones subnacionales. En este indicador, España se aleja de la zona alta y se coloca por debajo del promedio europeo. El porcentaje de gasto autonómico cubierto con ingresos regionales no llega al 60%, frente a la cuota superior al 90% de Alemania.

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No hay por tanto, una estructura que fomente la responsabilidad fiscal de las Administraciones descentralizadas. En vez de gastar a partir de lo que recaudan, los gobiernos autonómicos cuentan también con importantes transferencias que se asignan desde Madrid siguiendo distintos criterios políticos. Esa redistribución entre territorios tiene incentivos perversos, puesto que aleja el manejo fiscal de la realidad económica local. He ahí un pecado mortal del actual sistema de financiación, que mantiene unos incentivos perversos y permite que el gasto aprobado por las comunidades camine por una acera muy alejada de la que recorren los ingresos regionales.

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