Ada Colau llegó a la alcaldía de Barcelona anunciando todo tipo de medidas contra la "especulación inmobiliaria". La dirigente podemita insistió una y otra vez en que su elección como regidora de la Ciudad Condal ayudaría a promover el "derecho a la vivienda". Sin embargo, el paso de los años ha dejado claro que el efecto de sus políticas ha sido el contrario.
Hace escasas semanas, la consultora inmobiliaria Forcadell presentó un informe elaborado por la Universidad de Barcelona que estudia la evolución del precio del metro cuadrado en la capital catalana. Desde 2015, año en que Colau llega al gobierno municipal, este indicador ha pasado de 13,2 a 17,6 euros. Por tanto, el mandato de los comunes coincide con una subida del 33% en el precio del metro cuadrado, un fuerte aumento que choca frontalmente con las promesas de la dirigente comunista.
En los tres últimos años, el gabinete de Colau ha aprobado todo tipo de medidas restrictivas que han tenido el devastador efecto de empujar al alza los precios como consecuencia de la reducción de la oferta. La dirigente comunista no ha dudado en sacar pecho y, recientemente, gastó 5.000 euros de dinero público para acudir a una conferencia en Nueva York en la que presumió de gestión en el campo de la vivienda.
En el ámbito hotelero, se ha decretado una moratoria que ha impedido el desarrollo de nuevas promociones, golpeando la economía local con pérdidas que llegan a los 1.400 millones de euros. En el terreno de los pisos turísticos, se ha multado a cientos de propietarios y se han aplicado medidas restrictivas contra plataformas como Airbnb y Homeaway.
Expropia el 30% de las nuevas promociones
Pero Colau ha dado un paso más este 2018. Hace algunos meses creó un registro con el que el Ayuntamiento pretende articular un programa de expropiaciones que golpearía a los propietarios de solares inactivos. Y hace apenas semanas aprobó que el 30% de las nuevas promociones autorizadas en la Ciudad Condal sean entregadas forzosamente a programas de"vivienda social", una medida que necesita el visto bueno de la Generalidad, pero que ya ha superado el plenario municipal con apoyo de los comunes, pero también de PSOE-PSC, ERC, PDECAT y CUP.
Desde la consultora Forcadell recuerdan que "al introducir la obligación de entregar el 30% de las nuevas unidades a vivienda social, se crea un impuesto adicional que pagará el resto del mercado inmobiliario. Como una medida así golpea a propietarios y promotores, los compradores o arrendatarios soportarán un precio más alto".
En la misma línea se ha pronunciado la Asociación de Promotores y Constructores de España. Su presidente Juan Antonio Gómez-Pintado ha afirmado que esta medida no es más que una decisión "populista" que obedece "al fracaso de las políticas públicas". En este sentido, conviene recordar que Colau prometió 4.000 viviendas "sociales" durante la legislatura, si bien todo apunta a que el Consistorio no llegará siquiera al 25% de dicho objetivo.