Dejar la gestión de la sanidad en manos de empresas especializadas permite obtener mejores resultados con un menor coste. Esa es la principal conclusión a la que llega una investigación conjunta elaborada por las universidades de Granada y Jaén, así como por la Escuela Andaluza de Salud Pública y el Instituto de Investigación Biosanitaria.
El informe recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que entre el 20% y el 40% del gasto sanitario de los países se pierde debido a carencias de eficiencia en la gestión del gasto y los procesos. España no se libra de la quema y, según los autores del estudio, es preciso adoptar reformas estructurales que apuntalen el funcionamiento del sistema sanitario, sobre todo ahora que nuestra población está cada vez más envejecida.
La investigación ha tomado en consideración 230 hospitales españoles, analizando centros con distintos modelos de propiedad y gestión. En los hospitales públicos que se han construido y financiado mediante concesiones a empresas privadas que luego coordinan el manejo del edificio y de los servicios no sanitarios, el 67% de los centros consigue un aprobado en términos de eficiencia.
Después de este sistema, conocido como PFI o Private Finance Initiative, nos topamos con aquellos hospitales que son 100% privados. Para este capítulo, los académicos detectan escenarios de suficiente eficiencia en seis de cada diez casos. A continuación, la investigación otorga un 50% de aprobados a los centros públicos de gestión privada (el llamado Modelo Alzira).
La nota es mucho peor en el caso de los hospitales manejados por consorcios público-privados (apenas el 18% consigue un aprobado) o de los centros controlados por empresas públicas (solo el 20% logra el visto bueno de los investigadores). Pero el peor de los escenarios es el de los hospitales públicos en que la gestión está enteramente en manos del Estado, puesto que apenas el 2% pasa la prueba del algodón de los expertos encargados del informe.
Pese a la evidencia empírica, las decisiones en materia de gasto sanitario siguen guiándose, en gran medida, por prejuicios ideológicos. Un buen ejemplo es el de la ex ministra Carmen Montón, que en su periplo como consejera de Salud de la Comunidad Valenciana no dudó en retirar la concesión de gestión del hospital de La Ribera a pesar de que un informe del Tribunal de Cuentas certificó que el manejo privado del centro resultó en menores costes y mejor servicio.